Filipinas cerró este jueves la famosa isla de Boracay, uno de sus principales atractivos turísticos, que quedará vedada a los visitantes por un periodo de seis meses para poder limpiar las aguas, con un impresionante despliegue de seguridad que incluyó a policías armados con rifles.

El comandante de la policía regional, Cesar Binag, dijo a la AFP que el cierre comenzó pasada la medianoche, con la prohibición de que los turistas abordaran el ferry que es la principal forma para llegar a la isla. 

"Boracay está oficialmente cerrada a los turistas. No estamos cerrando establecimientos pero los turistas no pueden entrar. Estamos implementando las instrucciones del presidente", dijo Binag.

Unos 600 agentes fueron desplegados, incluyendo a policías antidisturbios, para evitar cualquier incidente. 

"Parece que estuviéramos en guerra", dijo a la AFP el miércoles por la noche Jessica Gabay vendedora de una tienda. "Parece que las autoridades están haciendo esto para instigar el miedo para que la gente siga las reglas", indicó. 

El jueves el gobierno admitió que no había una amenaza real y el subsecretaria del ministerio del Interior, Epimaco Densing, dijo a la AFP que la presencia policial era "simplemente una forma de prepararse para lo peor". 

El presidente Rodrigo Duterte, que calificó las aguas como "una cloaca", ordenó el cierre de este destino vacacional para construir una planta de tratamiento de aguas servidas, puesto que los hoteles y la comunidad que vive allí habrían contaminado indiscriminadamente el mar, según denunció. 

Durante el periodo de cierre sólo los residentes con una carta de identificación podrán abordar el ferry a la isla, que alberga a unas 40.000 personas. 

El jueves por la mañana la policía comenzó a patrullar la playa para vigilar el cumplimiento de la prohibición de nadar, a excepción de un área delimitada. 

Los botes tienen prohibido navegar en un radio de tres kilómetros alrededor de la isla y sólo los habitantes de Boracay podrán pescar en las aguas. 

La comunidad de Boracay acudió ante la Corte Suprema en un último intento por evitar este cierre temporal a su única fuente laboral.

El sector turístico advirtió que el cierre de la isla pone en peligro 17.000 empleos. La isla recibió en 2017 casi dos millones de turistas que generaron 1.000 millones de dólares para la economía filipina.

Duterte acusa a los hoteles y bares de la isla de haber estado vertiendo aguas residuales directamente al mar. Según el ministerio de Medio Ambiente, 195 comercios y 4.000 particulares de la isla no están conectados a los sistemas de alcantarillado de este paraje a unos 300 kilómetros al sur de Manila.

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