Luego de una extensa reunión la comisión mixta del Congreso aprobó la glosa de gratuidad rechazada el pasado lunes por la Cámara de Diputados en el marco de la discusión del Presupuesto 2017.
El Gobierno logró llegar a un acuerdo con los parlamentarios de la Nueva Mayoría y Chile Vamos tras una serie de conversaciones.
Uno de los puntos clave fue que la oposición obtuvo la extensión de los beneficios de becas hacia las universidades privadas. Con esto, el oficialismo evitó que la glosa pase al Tribunal Constitucional.
Así las cosas, en 2017 se incorporarán 3.500 cupos para alumnos que se matriculen en instituciones privadas no pertenecientes al Cruch. En 2018 se dispondrá nuevamente de estos cupos, los que se asignarán tomando en cuenta -en igual proporción- los puntajes P.S.U de la prueba de lenguaje y matemáticas, puntaje de notas de enseñanza media y ranking de nota.
En 2019 -cuando la gratuidad se haya extendido al sexto decil- las becas se distribuirán "indistintamente a estudiantes de universidades dentro o fuera del Cruch".
Eso sí, se fija como obligación general que las instituciones tengan cuatro o más años de acreditación y que cuenten con el 80% de sus alumnos con un puntaje ponderado superior a 450 puntos.
En el caso de las estatales que no cumplan con el requisito de acreditación deberán obtenerlo de la misma forma que en la gratuidad. Y se mantiene la exigencia de puntaje PSU igual o superior a 500 puntos para los estudiantes.
Andrés Zaldívar, senador DC y presidente de la mixta, sostuvo que hay un equilibrio entre universidades privadas y públicas. Sobre el acuerdo con la derecha, reconoció: "Algún precio se paga, nadie gana del todo".
Por otro lado, sostuvo que "todo el financimiento se decidirá en la ley larga".
Previo a la discusión de la Comisión Mixta, el gobierno distribuyó una minuta a los parlamentarios del oficialismo, donde se hacía un crítico diagnóstico del escenario de la glosa en caso de no lograr un acuerdo con la oposición.
“De no encontrar un camino de entendimiento y prosperar la acción ante el Tribunal Constitucional, éste podría cuestionar por arbitrarias las siguientes diferenciaciones”, advertía el documento al que accedió T13.
Así, se mencionaba como puntos en riesgo:
- 1) “La diferencias entre las exigencias de acreditación de las universidades estatales respecto de los restantes planteles para adscribir a gratuidad”.
- 2) “La prohibición de que no puedan existir controladores con fines de lucro en las universidades no estatales que adscriban a gratuidad”.
- 3) “La exigencia de no lucro para que los alumnos de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales puedan acceder a becas o gratuidad”.
- 4) “La diferenciación institucional que existe para el otorgamiento de becas”.
Incluso, en la minuta se reconocía que “habida cuenta que los cuatros aspectos cuestionados no se ajustan en la actual formulación de las glosas del proyecto de presupuestos a los términos del fallo del año 2015 es plausible considerar que el Tribunal Constitucional podría suprimir estas diferenciaciones sin espacio para que posteriormente pudiéramos revertir esto mediante una ley corta”.