El family office del PS

El family office del PS

A la larga lista de noticias sobre la extraña relación entre el dinero y la política que floreció durante las décadas de la democracia, Mega sumó un reportaje sobre algo que a primera vista parece estrambótico y contradictorio: el Partido Socialista es un inversionista importante que mantiene en su cartera acciones de empresas con polémicas fuertes como SQM o  Pampa Calichera, o fuertemente reguladas por el Estado como autopistas y empresas eléctricas. Más aún, el reportaje denuncia, apoyado por una excelente gráfica diseñada para magnificar el escándalo, que el PS habría hecho inversiones cuantiosas en empresas de Brasil involucradas en el escándalo conocido como Lava Jato que tiene sumido -como dice un integrante del comando de Carolina Goic- "al país brasileño que queda cerca" en una grave crisis.

"Más allá que pueda parecer contradictorio con una cierta línea ideológica, es responsabilidad de las instituciones cuidar su patrimonio con un criterio técnico y no político"

Pero hay que ir a los hechos. El PS recibió del Estado un monto superior a los 7 mil millones de pesos en el año 2002 como indemnización parcial por todos los bienes que fueron expropiados durante la dictadura de manera arbitraria. Hay que recordar que el PS en varias décadas había logrado tener sedes en prácticamente todo el país. Muchas de las propiedades arrebatadas fueron ocupadas como centros de tortura, donde una y otra vez se trató de arrancar confesiones sobre inversiones secretas que pudieran tener los socialistas.

Cuando recibió los recursos, la directiva del PS, en vez de optar la tradicional repartición del botín entre las distintas tendencias y sub tendencias en que se ha convertido la lucha por el poder en ese partido, tomó una decisión más fría y sabia. Creó una comisión de patrimonio, conformada por militantes con curriculum en Finanzas, para administrar dichos recursos. Le puso como condición que el 75% de los recursos debían ser en renta fija y un 15% en bienes inmuebles. Solo podía invertir en activos de mayor riesgo el 10% restante. O sea, un criterio de inversión comparable al fondo D de las AFP y por tanto conservador. Los portfolios de las family office, las empresas que se dedican a administrar recursos de personas o instituciones de alto patrimonio, en Chile son mucho más arriesgados.

"(Alberto Arenas) para despejar dudas sobre el acceso a información privilegiada y si todavía le interesa defender a su partido, debiera informar sobre las fechas de cada decisión de inversión"

Cualquier persona u organización que recibe 7 mil millones de pesos por un acto de justicia, si actúa con racionalidad hace exactamente lo mismo. Más allá que pueda parecer contradictorio con una cierta línea ideológica, es también responsabilidad de las instituciones cuidar su patrimonio con un criterio técnico y no político.

Si se hubiesen repartido estos recursos entre la infinidad de operadores políticos, hoy el PS habría tenido que salir a mendigar apoyos para sus campañas y por tanto tendría hoy mucho mayor compromiso con intereses privados.

Una buena estrategia de inversión requiere de todas maneras diversificar el riesgo. Esto implica invertir en distintos tipos de acciones para compensar las contingencias que pueda tener una empresa en una situación determinada. Eso lo sabe cualquier analista financiero, y por cierto es también lo que hacen las AFP con los recursos de todos los chilenos. ¿O acaso debiera pedírsele a dichas instituciones que vendan las acciones de empresas que tienen litigios con el Estado o problemas ambientales? El impacto financiero y por tanto en las pensiones de las personas de tal acto de exceso de corrección sería incalculable.

"¿Cómo puede el presidente del PS actual lanzar un apasionado discurso sobre el destino de los recursos personales de Piñera si el propio partido (...) puede estar sometido a potenciales conflictos de interés?"

La verdadera composición del portfolio del PS contrasta con la tesis que es un gran inversionista en la bolsa. Para los volúmenes de inversión que se manejan en Chile, la capacidad del PS en influir en las decisiones de las empresas donde invirtió, es bastante menor, pues son montos muy limitados. Aunque es muy probable que el banco que manejó el fondo fiduciario de ese partido no tuviera acceso a información distinta al resto de los inversionistas, el hecho que en mucho tiempo estuviera dirigida dicha comisión por un ex director de Presupuesto genera preguntas incómodas. Dicho funcionario, para despejar dudas sobre el acceso a información privilegiada y si todavía le interesa defender a su partido, debiera informar sobre las fechas de cada decisión de inversión.

Independiente que el camino que tomaron los socialistas para administrar su patrimonio es legítimo, se le ha producido un problema de doble discurso que fue resaltado por el reportaje y las redes sociales. ¿Cómo puede el presidente del PS actual lanzar un apasionado discurso sobre el destino de los recursos personales de Piñera si el propio partido también invierte su patrimonio y por tanto puede estar sometido a potenciales conflictos de interés?

Para los personeros socialistas se vuelve cuesta arriba criticar al ex Presidente por no transparentar la totalidad de las inversiones de Bancard, su empresa familiar. Si bien los montos en discusión tienen varios órdenes de magnitud, pues el patrimonio del PS, según Mega es de alrededor de 30 millones de dólares, 20 veces menor que el que presenta el ex Presidente en su declaración de patrimonio, para efectos de la opinión pública es lo mismo y un asunto de consistencia moral.

El candidato Piñera, en un acto emocional y apresurado para sacarse los focos de encima, ha dicho que el PS viola la ley 20.880 respecto a probidad y conflictos de intereses. La verdad que no es así. En primer lugar, porque dicha ley se dictó en el año 2015 y por otro lado, dicha ley obliga a hacer correctamente las declaraciones de intereses y patrimonio con el efecto de detectar y manejar conflictos de intereses. A ningún partido le corresponde fiscalizar las acciones de privados, sino a funcionarios públicos. Y en el mundo real de la administración del Estado, en un régimen presidencialista como Chile, no existen las llamadas “órdenes de partido”. ¿Alguien racionalmente puede pensar que el Presidente del PS tiene capacidad de influir en las decisiones que toma la jefa de Gabinete de la Presidenta, debido a la militancia de ésta?


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