Crédito: Agencia Uno
Avanzar sin pausa por la Infancia vulnerada

Avanzar sin pausa por la Infancia vulnerada

Luego de despejarse la incertidumbre de la elección presidencial es conveniente poner el acento en que el proceso de cierre o traspaso desde el actual gobierno no entorpezca urgencias que requieren de un monitoreo preciso y actualizado, que conduzcan a la ejecución inmediata de acciones que garanticen la salud física y mental de los niños bajo el cuidado del sistema de protección del Estado. 

En efecto y sin perjuicio del conjunto de medidas propuestas en el programa de Gobierno del Presidente electo, Sebastián Piñera, que por cierto apuntan en gran parte a responder prioritariamente a este grupo de la población, los poco más de tres meses que faltan para el cambio de conducción política no pueden ser una pausa,  sino por el contrario debieran ser un impulso que reivindique el rol garante de los derechos fundamentales que le cabe al conjunto de la institucionalidad. 

"Los poco más de tres meses que faltan para el cambio de conducción política no pueden ser una pausa, sino por el contrario debieran ser un impulso que reivindique el rol garante de los derechos fundamentales de los niños bajo el cuidado del sistema de protección del Estado"

En estos tres meses restantes debiéramos, en primer término, observar los informes que den cuenta de la realidad del sistema residencial, entre los que se cuenta el Informe del INDH postergado desde hace algunos meses, en que se dio a conocer un avance preocupante. Asimismo,  preocupa el cumplimiento de los procesos de diagnóstico y derivación al sistema de salud, en particular de los niños en más alto riesgo. 

Otra de las medidas a observar es la cantidad de niños que hoy cuentan con defensa jurídica y la calidad de la misma, cómo han funcionado los equipos de la primera etapa piloto del programa de la subsecretaría de justicia y DD.HH,  que contempla una cobertura mínima de 1.030 niños vulnerados menores de 6 años, correspondientes a las regiones de Tarapacá, Valparaíso, Biobío y Metropolitana.

Esto, sin obviar el tema de fondo, que es la forma en que el Estado garantiza autonomía cuando el ente vulnerador es el mismo Estado. 

También en este ejercicio es adecuado evaluar el uso de los recursos adicionales en materia de operación e infraestructura para los CREAD de Sename y el impacto que ha tenido dicha inversión en el bienestar de los niños. Quisiéramos conocer también los resultados del rediseño e implementación de los programas de Familias de acogida, que en otras partes del mundo son la forma alternativa a los programas residenciales y que sin embargo en Chile encuentra importantes déficits en cobertura y calidad. 

Por último, es oportuno evidenciar cómo se han realizado los procesos de desinternación de niños desde las residencias: ¿Son egresos planificados y mediados por programas de reunificación familiar que interrumpan los espacios vulneradores en la familia? o contrario a eso, ¿sólo son egresos sin intervención familiar o con un nivel precario de acompañamiento terapéutico?

Es importante que en el período que queda, el gobierno saliente sea capaz de dar respuesta a este mínimo conjunto de preguntas muy relevantes para que a partir de ellas se pueda impulsar la agenda del próximo gobierno en la materia, dando una continuidad entendida en el espacio temporal, pero que esperamos se materialice desde una dimensión más profunda y urgente, dando la prioridad a  quienes hasta hoy no la han tenido y cuya realidad hace insostenible más postergaciones u omisiones.

 


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