Crédito: Agencia Uno
Exclusión: el abandono que mata

Exclusión: el abandono que mata

Hace algunos días hemos conocido el caso de Daniela, quien falleció en 2015 en espera de un trasplante mientras se encontraba al cuidado del Servicio Nacional de Menores. Ella compartió el destino de las 1.313 vidas que parecieran morir nuevamente, esta vez en nuestras prioridades, una y otra vez por ser pobres y excluidos. 

En torno al caso se suceden explicaciones y se anteponen posturas. A la hora de excusar o culpar no pareciera dimensionarse lo que sucedió y sigue pasando día a día, sin que se resuelva el fondo de lo que ha significado el más profundo abandono a nuestros niños más vulnerables. Más de 1 millón viven excluidos, cerca de 90 mil abandonan año a año el colegio, 200 mil trabajan poniendo en riesgo sus vidas. Otros son explotados sexualmente, otros se inician en carreras delictivas sin ningún tipo de apoyo, sin que nadie se haga cargo. Abandonados por quien debiera garantizarles protección y cuidados. 

La crisis del sistema de protección de Sename es consecuencia, entre otras cosas, de la falta de articulación y priorización de otros ministerios y servicios del Estado que debieran dar respuesta en aspectos claves como la salud física y mental. Los niños no son priorizados en el sistema, simplemente están en igualdad de condiciones con el resto de las interminables listas de espera. Igualdad que es ficticia pues sobre ellos pesa de manera brutal la exclusión que los margina de los predictores de éxito, de los indicadores de impacto que justifican su derecho a permanecer con esperanza. 

La historia de Daniela es la de cientos que mueren sin tratamientos por no existir garantías de cumplimiento de un protocolo clínico, pues habiendo privado al niño por parte del  Estado de parte o del total de  sus cuidados parentales, éste no ha resuelto de manera adecuada dicha ausencia, de la cual no le cabe sino hacerse plenamente responsable. 

Niños con distintos tipos de patologías, sean mentales o físicas, no acceden a coberturas porque quien está a su cargo  manifiesta que no existen las condiciones que hacen viable su recuperación basado en la precariedad de sus redes y recursos, siendo que justamente están a su cargo para resolver dichas circunstancias y garantizar la igualdad de oportunidad ante  quien sí tiene las redes y recursos para sobrevivir.

Hace algunos meses, al conocerse las terribles cifras y circunstancias de la muerte de miles de niños, el Ministerio de Salud comprometió un diagnóstico de todos los niños en residencia. Hemos sostenido que no basta, la evidencia es el caso de Daniela. De nada sirve diagnosticar si no somos capaces de resolver.

No contemos más muertes, sino niños que hemos sido capaces de sacar adelante con todos nuestros esfuerzos, con la prioridad que hemos negado hasta ahora, con el rigor profesional y el compromiso ético tan ausente ante la vulnerabilidad de nuestros hijos más necesitados. 


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