Crédito: Agencia Uno
Constitución y derechos sociales

Constitución y derechos sociales

Es un hecho bastante visible que lo que tenemos hoy en Chile en materia constitucional es una buena cantidad de desacuerdos. Desacuerdo acerca de si lo que corresponde hacer es continuar con la reforma de la actual Constitución o apuntar a una nueva Constitución. Desacuerdo, en el primero de esos casos, acerca de si para continuar con la reforma de la actual Constitución vamos a seguir o no con un quórum supramayoritario tan alto como 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, y desacuerdo, asimismo sobre cuáles serían  las reformas más urgentes que deberían ser introducidas. Y en cuanto al segundo de los casos -una nueva Constitución-, hay desacuerdos sobre sus contenidos y, asimismo, acerca del procedimiento a seguir para llegar a tener esa nueva carta fundamental.

Nada de eso es particularmente grave, salvo que se creyera, erróneamente, que los desacuerdos son anomalías, en circunstancias de que son perfectamente normales, habituales, el pan de cada día en cualquier sociedad democrática y abierta, y que, por lo mismo, no es del caso avergonzarnos de nuestros desacuerdos en esta y otras muchas materias. Lo que hay que evitar es que los desacuerdos se transformen en conflictos, aunque estos tampoco son una patología social. Una de las funciones del derecho es contar con que siempre habrá conflictos y establecer las instancias, reglas y procedimientos para que, acaecido uno de ellos, encuentre un curso pacífico y una solución pronta, eficaz y justa.

"No es del caso avergonzarnos de nuestros desacuerdos (...) Lo que hay que evitar es que los desacuerdos se transformen en conflictos, aunque estos tampoco son una patología social"

Sin perjuicio de nuestros desacuerdos constitucionales, lo cierto es que hay en marcha un proceso que lo más probable es que tenga por desenlace una nueva Constitución, y es por eso que se discute ya sobre posibles contenidos de ella. Considero que el gobierno hizo bien en poner en marcha un proceso constituyente sin predeterminar contenidos de una nueva Constitución, dejando entregada la propuesta de ellos a la participación ciudadana. Esa participación que se va a expresar pronto en un documento de Bases para una nueva Constitución, que será público, y que el gobierno deberá tener a la vista al momento de elaborar el proyecto de nueva Constitución que deberá someter al Congreso Nacional. Un Congreso Nacional que resolverá también acerca de la manera de aprobar el nuevo texto constitucional, pudiendo dejar esta determinación, a través de un plebiscito, en manos de la propia ciudadanía.

Cuál deberá ser la presencia de los derechos sociales en una nueva Constitución es también un asunto que divide las opiniones. Algunos no los quieren allí y otros consideran que constituiría una grave falla no incluirlos. Me refiero a derechos tales como la atención sanitaria, la educación, la vivienda digna, y una previsión oportuna y justa.

"Cuál deberá ser la presencia de los derechos sociales en una nueva Constitución es también un asunto que divide las opiniones. Algunos no los quieren allí y otros consideran que constituiría una grave falla no incluirlos"

Los llamados derechos fundamentales de la persona humana han pasado por un proceso de expansión desde que bajo ese nombre empezó a hablarse de ellos en los albores de la modernidad. Aparecieron primero los derechos personales, basados en el valor de la libertad, que constituyen límites al poder; así, por ejemplo, el derecho a no ser preso ni detenido sino por orden de una autoridad competente, el derecho a la libre circulación por el territorio nacional, el derecho a tener y expresar libremente nuestras opiniones, etc. Vinieron luego los derechos políticos, inspirados en la doctrina democrática, y que, mucho más que limitar al poder, permiten participar en este postulando a cargos de representación popular e interviniendo en elecciones donde puede votar toda la población  adulta y en las que el voto de cada cual cuenta por uno. A continuación surgieron los derechos sociales, como los antes señalados, y que están basados en valores como la igualdad y la solidaridad, tratándose de derechos que van más allá de limitar el poder y de participar en este: representan exigencias a las que debe atender cualquiera que ejerza el poder.

Antes de debatir sobre la presencia que los derechos sociales deberían o no tener en una nueva Constitución sería provechoso repasar la historia de los derechos fundamentales y el proceso de expansión de éstos que acabamos de resumir. Hay una extendida ignorancia a ese respecto y son muchos los que creen que solo hay derechos fundamentales de las dos primeras clases antes apuntadas -personales y políticos- y otros que, ya con abierta mala fe, proclaman que los derechos sociales son solo una invención de la Nueva Mayoría o ensoñaciones de unos izquierdistas interesados en inflar el catálogo de nuestros derechos.

A esas personas habría que partir recordándoles que hace justo medio siglo -en 1966- Chile suscribió en el marco de la ONU el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y habría que recordarles también lo que cierta vez escuché decir a un colega español: un Estado de Derecho sin derechos sociales es un Estado de Derecha.


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