Crédito: Agencia Uno
Deliberar y decidir

Deliberar y decidir

Una de las características de la democracia como forma de gobierno es que permite que todos los puntos de vista concurran al espacio público, se encuentren allí, entren  en diálogo unos con otros, disputen entre sí , y traten de conseguir mayor adhesión  ciudadana de la que puedan  haber tenido inicialmente.  Lo mismo pasa al interior de un parlamento, o de cada una de las cámaras de un Congreso Nacional como el nuestro: allí, lo mismo que en el seno de la sociedad, hay diversidad de  apreciaciones y puntos de vista acerca de los asuntos que los legisladores deben decidir, aunque antes de tomar una decisión se encuentran también unos con otros, dialogan, debaten, y acaban formándose un parecer acerca de lo que han de resolver. En tal sentido -al menos en tal sentido-, la democracia es deliberativa: siempre existe la posibilidad de que a raíz del encuentro de ideas y puntos de vista diferentes se llegue a un acuerdo. Pero si no se llega a un acuerdo, o si este se vuelve imposible, la democracia, tanto a la hora de elegir representantes como en la que estos deben decidir, echa mano de su regla de oro, que no es otra que la regla de la mayoría. Una regla puramente cuantitativa –denuncian los enemigos de la democracia- , pero ya sabemos que es mejor contar cabezas que cortarlas.

Vivir en sociedad es, entre otras cosas, hacerlo en medio de desacuerdos, incluso de conflictos, de manera que ni aquellos ni estos son patologías sociales de las que haya que curarse. Se trata de fenómenos inseparables de la vida en común, y de lo que se trata es que los desacuerdos, en la medida de lo posible, no se transformen en conflictos, y que cada vez que den lugar a estos existan las instancias, reglas y procedimientos que otorguen al conflicto un curso pronto, pacífico y eficaz. Esta última, sin ir más lejos, es una de la de las funciones que cumple el derecho.

Entonces, no hay que avergonzarse de tener desacuerdos, como los hay, por ejemplo, a propósito del proyecto de ley que despenaliza el aborto en las tres causales que todos conocemos, tres hipótesis que son mucho más que embarazos complejos, como a veces se las califica para restarles excepcionalidad: cuando la vida de la madre está en peligro como efecto de un embarazo, cuando este ha sido producto de una violación, y cada vez que médicamente existe la seguridad de que la criatura en gestación  no sobrevivirá sino pocos horas al parto, lo que hay es mucho más que un embarazo complejo –de esos que obligan a la futura madre a guardar cama y a recibir cuidados especiales-, sino un embarazo dramático. Muy dramático. Y lo más respetuoso de la autonomía moral de la mujer que está en alguna de esas circunstancias no es obligarla a abortar ni a continuar con el proceso de gestación, sino dejar la decisión en sus propias manos, es decir, en su propia conciencia, formada esta en diálogo con las personas más próximas y disponiendo de toda la información y asistencia que requiera.

Nuestros legisladores se han dado bastante tiempo para discutir este proyecto de ley, y eso está muy bien. Eso es lo que hay que hacer en presencia de cualquier iniciativa legal que comprometa creencias morales fuertes de los individuos. Pero a la hora de decidir sobre el particular, es decir, de votar,  lo hará cada uno de ellos en conciencia, sin seguir órdenes de partido, como habrá también la posibilidad de la objeción de conciencia en el caso de los médicos que mañana sean solicitados para practicar un aborto en  alguna de las tres causales. Entonces, ¿por qué no respetar también la conciencia de las mujeres que puedan estar en alguna de esas situaciones? ¿Por qué imponerles, y con el brazo armado del derecho, una sola de las opciones posibles? ¿Es que la conciencia de las mujeres vale menos que la de los legisladores y los médicos?

En algún momento nuestros legisladores tendrán que votar el proyecto y resolver como se zanjan en democracia los desacuerdos que tienen respecto de esta iniciativa. Lo que no pueden hacer es prolongar indefinidamente la discusión y, menos aún, archivar el proyecto porque no han conseguido ponerse de acuerdo.

A diferencia de lo que pasa con los académicos –que en esto la tenemos más fácil-, los legisladores deliberan y debaten para decidir y no pueden levantarse de la sala de sesiones diciendo van a reanudar la discusión en un nuevo seminario que tendrá lugar el año siguiente.

 


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