Crédito: Agencia UNO/Archivo
Responsabilidad y favores políticos

Responsabilidad y favores políticos

En “Del gobierno representativo”, su autor, John Stuart Mill, un brillante intelectual  del siglo XIX, advirtió acerca de que no hay acto que más imperiosamente exija ser cumplido bajo el peso de una gran responsabilidad personal que la provisión de los cargos públicos,  e ironizó con que a veces en un gobierno se necesita un matemático y se nombra un bailarín, mientras  la autoridad que lo nombró, lejos de creer que es por ello merecedora de un reproche, proclama a los cuatro vientos que  en realidad el bailarín danza muy bien.

No es ese el caso de la recientemente nombrada nueva consejera del Consejo de Defensa del Estado, una  abogada con trayectoria profesional y académica más que suficiente  para llegar a un importante organismo público al que otros de sus integrantes arribaron en el pasado reciente solo como favor político de los Presidentes de la República que los designaron. Pero en este nuevo nombramiento  hay un contexto político y  social delicado que no fue  tenido en cuenta por la Presidenta de la República y que se refiere a los graves problemas que hace muy poco causaron  la salida de la nueva consejera del Ministerio de Justicia. Problemas que tuvieron que ver con el Sename, con Gendarmería, con el Registro Civil, y que hacen de este nombramiento una determinación  nada prudente. Nadie pone en duda la facultad  presidencial  para proceder a este nombramiento, aunque el ejercicio de esa facultad, como en cualquier otro caso, está  naturalmente  expuesto  a examen crítico. En consecuencia, ya va siendo hora de que quienes realizan  designaciones susceptibles de ser debatidas públicamente hagan algo más que recordarnos las normas constitucionales o legales que les dan la facultad para cursarlas. 

"En este nuevo nombramiento  hay un contexto político y  social delicado que no fue  tenido en cuenta por la Presidenta de la República y que se refiere a los graves problemas que hace muy poco causaron  la salida de la nueva consejera del Ministerio de Justicia"

El entrenador de un equipo de fútbol tiene ciertamente la facultad de determinar qué 11 jugadores van a la cancha y cuáles en cambio a la banca, pero reconocer esa facultad no priva a los hinchas ni a los cronistas deportivos del derecho a criticar las decisiones del  técnico. Y, al igual que en el caso de nombramientos públicos, una decisión inapropiada del entrenador en un caso dado transforma a éste en objeto de crítica y no al jugador que puso o no en la cancha.

Si las cosas se ponen en un contexto más amplio, lo peor que nos ha ocurrido en materia de nombramientos durante el último cuarto de siglo ha sido la binominalización de muchos de ellos. Por fortuna ya  reemplazado  como sistema  para elegir senadores y diputados, el binominal hizo metástasis hace  bastante tiempo y se continúa aplicando  para llenar cargos tan  importantes como ministros del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema e integrantes de directorios  como el Banco Central,  Televisión Nacional de Chile y  otros organismos públicos  relevantes. Uno de la Alianza por Chile y otro de la Concertación o, en lenguaje más actualizado, uno de la confianza de Chile Vamos y otro de la Nueva Mayoría, con el agravante de que si el nombramiento exige acuerdo del  Senado, las dos grandes coaliciones tienen ya decidido de antemano cuando le toca a la UDI y cuando a RN, en un caso,  y cuando a uno u otro de los partidos que apoyan al actual gobierno, en el otro. Una repartija insolente de la que son responsables  los mismos gobiernos y parlamentarios que salen todos los días a decirnos por los canales de televisión que es imprescindible mejorar la transparencia y calidad de la política, como si esto último dependiera  no de ellos sino de los telespectadores que los ven y escuchan al otro lado de la pantalla.

"Hay muchos abogados bien calificados, profesional y académicamente, y que estarían dispuestos a defender con exclusividad, talento e independencia los intereses del Estado. ¿Por qué no recurrir a ellos en vez de continuar con la práctica de llevar allí a personas de confianza política y partidaria"

Volviendo al Consejo de Defensa del Estado, tampoco se entiende que sus integrantes, con el cargo asegurado hasta  los 75 años y una excelente remuneración, puedan ejercer  su profesión de abogados en forma privada o formar parte de directorios de empresas y compañías. Optar por el servicio público no tiene por qué ser una decisión heroica que se tome al precio de vivir en permanente estado de pobreza, pero no es ese precisamente el caso cuando la remuneración  mensual  alcanza los 8 millones de pesos. Hay muchos abogados bien calificados, profesional y académicamente, y que estarían dispuestos a defender con exclusividad,  talento e independencia los intereses del Estado. ¿Por qué no recurrir a ellos en vez de continuar con la práctica de llevar allí a personas de confianza  política y partidaria que pasan a ocupar una posición pública que los vuelve muy atractivos para ser fichados  por estudios de abogados  y empresas privadas que andan  a la caza de  figuras que les faciliten contactos y redes con la administración del Estado?

En tal sentido, el Consejo de Defensa del Estado debería entrar también en la lista de organismos públicos cuyo estatuto jurídico tendría que ser revisado. Así lo exige la necesidad de acabar con la promiscuidad  público-privada que está dañando la confianza  en las instituciones.


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