Crédito: Agencia Uno
Una transición cívico militar

Una transición cívico militar

Lo que tuvimos en Chile entre 1973 y 1990 fue una dictadura. Una dictadura militar y, y más bien, cívico militar, un régimen armado que fue apoyado por parte importante del país, especialmente de la derecha, que en el plebiscito de 1988 concurrió a aprobar la permanencia de Pinochet en La Moneda por 8 años más. A ese sector político y civil fue al que Sebastián Piñera se refirió como “cómplices pasivos”, sin importarle que algunos de ellos trabajaran en su propio gobierno y en cargos incluso de ministros de Estado. El sector aludido aguantó el golpe, si bien maldiciendo entre dientes a quien los había calificado de esa manera, y se apresta a votar nuevamente por él dentro de algunos meses, movido no por la admiración y el respeto, sino por el mal menor que representa el ex mandatario frente a una centro izquierda a la que ha llegado a detestar con toda su alma. A varios ex uniformados les he oído decir que jamás votarán por Piñera, lo mismo que a un par de civiles que se sintieron aludidos por el mote de “cómplices pasivos”, pero la mayoría del pinochetismo se resignará a votar por él  como una manera de evitar la continuidad de la Nueva Mayoría, o de lo que queda de esta.

Por otra parte, nuestra transición a la democracia, pactada con la derecha luego del plebiscito antes mencionado, fue también, en alguna medida, una transición cívico militar. En tal sentido, no hubo propiamente un acuerdo explícito con el mundo militar, pero sí implícito, y eso es lo que explica que Pinochet haya permanecido hasta 1997 como Comandante en Jefe del Ejército, pasado luego a integrar la Cámara Alta del Congreso Nacional como senador designado, y rescatado de su detención en Londres por acciones que con gran diligencia llevó a cabo el gobierno de Frei-Ruiz Tagle. Al margen incluso de tales hechos, todos los gobiernos que hemos tenido a partir de 1990 mostraron una cierta condescendencia con las instituciones armadas, evitando inmiscuirse en ellas. Hicieron razonables esfuerzos por alejarlas de la influencia de Pinochet y su doctrina y eso fue positivo para llegar a las reformas constitucionales de 2005 que, entre otras cosas, subordinaron finalmente el poder militar al poder político. Con todo, la impresión de este columnista es que pervivió en el ambiente político nacional, y eso hasta hoy, una cierta condescendencia con las fuerzas armadas y una estrategia consistente en no llegar demasiado lejos con ellas. Una condescendencia que por momentos ha tenido cara de complejo.

Síntoma de lo anterior ha sido la actitud que ante las fuerzas armadas han mostrado prácticamente todos los ministros de Defensa que hemos tenido a partir de 1990. Un síntoma menor, si se quiere, aunque muy repetido y visible, amén de desconcertante, y que ha consistido en un cierto mimetismo que tales ministros, una vez llegados al cargo, desarrollaron rápidamente con los uniformados bajo su conducción. Algunos de ellos recordaron entonces que habían  estado un par de semestres en la Escuela Militar cuando tenían apenas 16 años, y volvieron allí vestidos con traje de campaña, montaron en jeep  descubierto y se entregaron con espíritu algo adolescente a desfiles y maniobras militares. Nadie pedía que nuestros ministros de Defensa mostraran los dientes a los institutos armados –aunque Patricio Rojas estuvo cerca de hacerlo, y eso en el momento más frágil de la transición-, pero hasta hoy llama la atención su fácil y alegre adaptación a un mundo tan ajeno a sus trayectorias y convicciones civiles. El lector podría pensar que exagero en este punto, pero no deja de llamar la atención que el mundo militar pueda cobrar tanto atractivo para personas que habían sido fuertes críticos de él antes de llegar al Ministerio de Defensa.

Es en ese contexto que entiendo la falta de iniciativa de todos nuestros gobiernos  para propiciar la derogación de la ley del cobre, su descuido en el control del gasto de los cuantiosos recursos que esa ley permite derivar a las fuerzas armadas, la negativa a hacer efectivas responsabilidades de mando superior en situaciones tan grotescas como el enorme y prolongado fraude en Carabineros, y, desde luego, la renuncia a modificar el régimen previsional de excepción que ellas tienen y venir a darse cuenta recién ahora de que, además de discriminatorio con el resto de la población, ese régimen estaba siendo aprovechado de manera maliciosa por los responsables del mismo. Pensiones prematuras y de montos muchas veces desmedidos; recontrataciones de pensionados para que vuelvan a desempeñar las mismas funciones, incluidos casos de personas que habían jubilado por algún tipo de incapacidad; incapacidades nunca más evaluadas y que es posible invocar hasta 10 años después de la jubilación para mejorar esta; vista gorda de las Comisiones de Salud al interior de las distintas ramas de las fuerzas armadas, y así.

No se trata de que las pensiones de los ex uniformados sean tan bajas como la de la mayoría del país, sino de que este sea capaz de cuidar el principio de igualdad ante la ley y de impedir fraudes y abusos con volúmenes considerables de dineros fiscales que podrían estar destinándose a la solución de algunos de los problemas sociales que hoy nos escandalizan.


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