Crédito: A. Uno
Universidades

Universidades de papel

"Lucro" se ha vuelto una fea palabra, injustamente por cierto, porque ella tiene un significado perfectamente legítimo.

Se llama "lucro" al beneficio de tipo económico que un individuo o conjunto de ellos producen a partir de una actividad cualquiera que realizan y, consiguientemente, al hecho de que quien o quienes lo producen se apropien de ese  beneficio. Lucrar con una actividad, por lo mismo, no es tener número azules, no es solo producir utilidades, sino adueñarse de estas.

Nada malo hay entonces en el lucro, puesto que todo el que emprende una actividad lícita cualquiera aspira a producir ingresos o utilidades y a beneficiarse con ellos. Vistas las cosas de esta manera, un médico, un abogado, un profesor,  los propietarios de una cadena de supermercados, el dueño de la panadería de nuestro barrio, el verdulero, los empresarios de pompas fúnebres, todos ellos lucran con sus actividades, viven y progresan gracias a ellas, y nada puede reprochárseles si al hacerlo se ajustan a las leyes vigentes (incluidas las tributarias y laborales) y a las buenas prácticas de orden ético que son exigibles en la actividad de que se trate.

Uno de nuestros actuales debates públicos se refiere a si las universidades pueden o no lucrar, y la respuesta es claramente negativa. Desde la legislación sobre educación superior de 1981, pasando luego por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que entró en vigencia el 10 de marzo de 1990 –último día del régimen militar-, existe una norma que exige expresamente que las universidades privadas deban constituirse como corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, lo cual quiere decir que pueden producir utilidades como resultado de su actividad, pero que estas no pueden ser apropiadas ni directa ni indirectamente por los controladores de la respectiva universidad. ¿Qué hacer entonces con esas utilidades? Reinvertirlas en la propia institución universitaria de que se trate, para bien de esta, de sus estudiantes, de sus académicos, y de su personal administrativo y de servicios.

A un libremercadista extremo –digamos a un neoliberal o libertarista de aquellos para quienes la vida en sociedad se reduce a hacer negocios y a meras relaciones de intercambio entre los individuos- podría molestarle la prohibición del lucro en el caso de las universidades, aunque habría que recordarle que fueron economistas de su sector –los llamados Chicago Boys- los que asesoraron a Pinochet y a la Junta de Gobierno cuando adoptaron tal decisión en el ejercicio de los poderes ejecutivo y legislativo que tenían concentrados en sus manos. La prohibición del lucro en las universidades no fue un invento de unos peligrosos izquierdistas o socialcristianos que observaran con desconfianza cada vez que alguien pone dinero en sus bolsillos.

Bien sabemos, sin embargo, que ese mandato legal no se ha cumplido en el caso de muchas universidades privadas. Sus dueños han  retirado mucho dinero de ellas, ya sea directamente, o bien por medio de sociedades relacionadas, casi siempre de fachada, a las que transfieren los recursos que van luego a parar a las cuentas corrientes de los controladores. Algunas universidades han sacado también mucho dinero fuera del país, a fin de enriquecer a sus dueños que están fuera de este, simulando celebrar con ellos contratos de servicios que se les prestarían desde el extranjero. No solo lucro, en consecuencia, sino fraude para obtenerlo, y sin que durante más o menos un cuarto de siglo los gobiernos y parlamentos democráticos hayan  ejercido el control ni aplicado las sanciones que correspondían.

No nos engañemos: ningún país de 18 millones de habitantes tiene tantas vocaciones ni proyectos educativos como para explicar  la existencia de 61 universidades. Muchas de estas fueron creadas como simples oportunidades de negocios, y si concentran ahora una alta matrícula es debido a que  carecen de sistemas de admisión exigentes, esos que sí existen en las universidades serias. Admiten estudiantes sin PSU, o con bajísimos puntajes, y reciben a todos los que han sido eliminados por motivos de orden académico de universidades de verdad. La única condición es que sus familias paguen o que tomen el lucrativo crédito con aval del Estado (lucrativo para las universidades y especialmente para los bancos).

Tal situación no debería continuar por más tiempo. La hipocresía y el fraude no son buenos para la salud de los países. Durante más de un siglo los sectores conservadores de nuestro país presumieron de no haber aquí ley de divorcio, pero teníamos algo peor: las nulidades matrimoniales, tan hipócritas y fraudulentas como nuestra ausencia de lucro en un mundo universitario en el que muchas instituciones se las siguen arreglando para hacer de estas un negocio que se maquilla de proyecto educativo. Universidades de papel, en suma, pero de papel moneda.


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