Crédito: AGENCIA UNO
Drogas y libertad

Drogas y libertad

Francisco Covarrubias y Álvaro Fischer han propuesto como solución a los problemas asociados al narcotráfico la legalización a escala global de todas las drogas, y la creación de un mercado regulado para éstas, tal como el del tabaco o el alcohol. Plantean que el dinero recaudado a través de impuestos vinculados al mercado de la droga, serviría para financiar campañas para desincentivar su consumo, prevenirlo y tratarlo. Junto con ello, han señalado que la fundamentación filosófica de esta propuesta se sostendría en que el consumo de drogas cae dentro de una esfera de libertad individual que el Estado no tiene derecho a violar, ni siquiera alegando que esa violación busca resguardar al consumidor de esa droga.

En mi opinión, las partes de este argumento no calzan bien entre sí. Me parece razonable plantear que la legalización de las drogas puede ser un mal menor. Es decir, que su legalización podría aminorar el daño que actualmente produce la política de “guerra contra las drogas”, y que dejar un mercado tan extenso en manos de delincuentes y mafias es sin duda un peligro cuyo costo no debe dejar de ser tomado en consideración.

"Me parece muy difícil defender la idea de que la suspensión de la capacidad de juicio y de autocontrol, o la adicción, puedan ser compatibles con una defensa integral de la autonomía de la voluntad individual."

Lo que no me parece que calza con esta política de “disminución de daños” es la idea de que el uso de drogas es un asunto que cae exclusivamente dentro de la esfera de la libertad individual, defendida por el libertario Thomas Szasz y luego por Antonio Escohotado. Creo que esta perspectiva no se toma suficientemente en serio la interacción problemática entre la autonomía de la voluntad y la alteración de la conciencia o la adicción. En ciertos casos, por la naturaleza de la droga o dependiendo de la dosis administrada, la alteración de la conciencia, y junto con ella de la voluntad, es parcial. Ejemplos de esto son el café, el azúcar, el tabaco, la marihuana y el alcohol, entre otras drogas. En otros casos, en cambio, la alteración de la percepción y de la conciencia es tal que la capacidad de autocontrol se ve suspendida o seriamente dañada. La heroína, la mayoría de los alucinógenos y otras “drogas duras” son ejemplos de ello. La adicción, por último, implica por definición una pérdida de la capacidad de decisión respecto al consumo de la sustancia. Sin embargo, hay drogas altamente adictivas que no alteran significativamente la percepción y el autocontrol de los individuos, como el tabaco, y otras que, en cambio, terminan suspendiendo casi por completo dichas facultades, como la pasta base.

Me parece muy difícil defender la idea de que la suspensión de la capacidad de juicio y de autocontrol, o la adicción, puedan ser compatibles con una defensa integral de la autonomía de la voluntad individual. Si la mayoría de las tradiciones liberales rechazan la legitimidad de la “esclavitud consentida” o de la renuncia por parte del individuo a derechos fundamentales, es justamente porque destruyen aquello que se supone que las libertades buscan resguardar. Si la libertad individual es lo más valioso, su suicidio es un disvalor, aunque sea consentido.

"ay muchas cosas que podrían ser más eficientes que otras pero que, sin embargo, nos negamos a hacer, porque no sólo la eficiencia nos importa, y porque hay bienes que resultan inconmensurables entre sí, por lo que no pueden someterse a una especie de contabilidad universal."

Dada la pluralidad de sustancias, con muy distintos efectos, que caen bajo la categoría de “droga”, lo lógico, incluso desde la perspectiva de la libertad individual, sería tener un régimen de regulación abierto a esa pluralidad, capaz de distinguir y ponderar los distintos casos, y fijar límites. Por otro lado, bien podría distinguirse entre legalización y despenalización del consumo, aumentando más todavía la pluralidad de los instrumentos regulatorios.

Sin embargo, esta no es la propuesta de Covarrubias y Fischer. ¿Por qué? Probablemente porque lo que les importa más, en realidad, no es el resguardo de la libertad individual, sino la utilidad general de la regulación para disminuir los problemas asociados con el narcotráfico. Así, la matriz de esta perspectiva sería más bien utilitarista que individualista: el bienestar general aumentaría si todas las drogas fueran legales, el resultado final sería socialmente más óptimo.

Una propuesta tal merece ser discutida en su propio mérito técnico (¿mejoraría efectivamente, ceteris paribus, la situación general?) y, por supuesto, ser también evaluada desde el punto de vista de su justificación moral, filosófica y sociológica. Hay muchas cosas que podrían ser más eficientes que otras pero que, sin embargo, nos negamos a hacer, porque no sólo la eficiencia nos importa, y porque hay bienes que resultan inconmensurables entre sí, por lo que no pueden someterse a una especie de contabilidad universal. Por eso, por ejemplo, no le hemos hecho caso a  Posner y subastado públicamente a los niños en adopción, logrando un óptimo de asignación. O no hemos cerrado los inútiles cementerios y usado a los muertos como abono.

"En suma, creo que es valioso que Fischer y Covarrubias nos recuerden que la “guerra contra las drogas” no es la única opción disponible para hacer frente a esta realidad, ni tampoco, quizás, la más eficiente."

Por otro lado, también sería valioso preguntarse qué hay detrás del consumo de drogas, las distintas realidades que abarca y las distintas drogas que se adecúan a esas realidades. Después de todo, quizás en muchos casos el uso de drogas es un síntoma de ciertas realidades sociales que deberían ser transformadas, en vez de ser simplemente normalizadas a través de la legalización de las sustancias utilizadas para evadirse de ellas. Normalizar los medios de evasión respecto a una realidad intolerable,  en vez de tratar de transformar esa realidad, es algo que suena bastante difícil de justificar desde una perspectiva liberal (pensemos, aunque escapa un poco de nuestra discusión, en el caso del abuso del ritalín dentro del sistema educativo). Esta evaluación de la realidad social tras las drogas es importante, también, porque cualquier régimen regulatorio afectaría, muy probablemente, de manera distinta a las personas en distintos contextos familiares, sociales y vitales. En este caso la desigualdad sí es importante: lo que puede ser simplemente la legalización de cierto gozo ocasional para alguien que cuenta con ciertas ventajas, puede ser la normalización de la perdición para otra persona. Y, por último por respeto al “principio de diferencia”, esto debería ser tomado en cuenta.

En suma, creo que es valioso que Fischer y Covarrubias nos recuerden que la “guerra contra las drogas” no es la única opción disponible para hacer frente a esta realidad, ni tampoco, quizás, la más eficiente. También que nos recuerden que existen algunas drogas legales, con ciertas características específicas, que consumimos regularmente, y que la lista de ellas bien podría ser revisada. Pero creo que pasar de eso a defender la legalización general es saltarse demasiados pasos y demasiadas consideraciones que son de una enorme importancia, y en los que la libertad humana, especialmente la de los más vulnerables, entre otros muchos bienes, se encuentra inevitablemente comprometida. 


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