Crédito: Agencia Uno
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Sobre marchas, democracia y la clase política

Cuando en el año 2011 se empezaron a observar marchas estudiantiles masivas y regulares, hubo quienes vieron en ellas un cuestionamiento a nuestra democracia, un problema para nuestro sistema político. Sin embargo, las manifestaciones pueden evidenciar  todo lo contrario: un robustecimiento democrático y una demostración de cómo ésta ha madurado.

Según Pippa Norris, académica de la Universidad de Harvard, los ciudadanos con mayores aspiraciones democráticas y mayor satisfacción con la democracia son quienes están más interesados en los asuntos políticos. Mientras más adhiera una persona a los valores democráticos, más probable es que participe en marchas y en actividades de acción política. Su descontento no es con la democracia como sistema político, sino en cómo está funcionando en ciertos ámbitos. Incluso más, muchas veces se observan fuertes protestas y marchas en países con extensa experiencia democrática porque es ahí donde existen derechos de asociación y reunión establecidos (Norris 2011).

Podríamos decir entonces que en Chile se han ido afianzando las libertades políticas y que ello se traduce precisamente en las protestas masivas que observamos esporádicamente. Más que un desafío a la democracia per se, las manifestaciones parecen ser una forma alternativa de participación, a pesar de su contenido crítico contra el sistema. Más aún, las marchas tienen efectos positivos para una democracia, como la identificación de nuevos temas en la agenda pública, como hemos visto con los temas estudiantiles y últimamente con las AFP y el matrimonio igualitario.

Además, pareciera ser que los líderes de estos movimientos sociales no cuestionan la democracia representativa como sistema político. Varios de ellos se han incorporado al Congreso como parlamentarios y fundadores de nuevos partidos políticos, buscando avanzar sus objetivos desde dentro del sistema político y no desde fuera.

De acuerdo a la última encuesta CEP, en general, los chilenos apoyan mayoritariamente las marchas y protestas. Alrededor del 60% señala estar de acuerdo con que se organicen reuniones públicas, marchas y manifestaciones de protestas, apoyo que se ha mantenido en niveles más o menos similares durante los últimos diez años.

Hay muchas formas en las que las personas o grupos pueden protestar contra alguna medida del gobierno que ellos rechacen.  Por favor dígame, para cada una de ellas, si Ud. cree que deberían estar permitidas o si Ud. cree que no deberían estar permitidas. ¿Debería estar permitido…?

Respecto del movimiento estudiantil en particular, aun cuando ha bajado el porcentaje de quienes están de acuerdo con el, la mayoría sigue estando de acuerdo con que los estudiantes organicen marchas para protestar. Sin embargo, según la última encuesta CEP, algo muy distinto es el apoyo a manifestaciones asociadas a la violencia. Existe un rechazo mayoritario, y que ha aumentado en los últimos cinco años, a las tomas de colegios y universidades. Por otra parte, un 64% de las personas estima que se debe prohibir la participación de encapuchados en las manifestaciones.

A pesar del amplio rechazo que existe contra las formas violentas de manifestación, la clase política aún no otorga una respuesta a esta preocupación. Desde el gobierno anterior que se vienen proponiendo proyectos de ley para sancionar la actuación de los encapuchados, pero más allá de apurar su tramitación o de presentaciones de un nuevo proyecto de ley cuando ocurre un nuevo hecho trágico (por ejemplo, la muerte del guardia producto del incendio en Valparaíso para el 21 de mayo generó la presentación de mociones parlamentarias al respecto), poco se ha avanzado en esta materia.

Así, las marchas y protestas, a pesar de su contenido crítico, son una expresión de la robustez de nuestra democracia; no así los actos violentos que se comenten en torno a ellas. Esto se viene evidenciando por varios años y la clase política no parece responder a ello. Los políticos suelen quejarse por sus bajos niveles de aprobación. Una razón puede ser que las soluciones demoran demasiado tiempo. Por tanto, si se quiere contribuir a mejorar el funcionamiento de nuestra democracia, el mundo parlamentario debe adecuarse a las velocidades de respuesta que exige el país en el que vivimos hoy.


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