Claroscuros del poder: balance y desafíos de la mitad del gobierno de Michelle Bachelet

Claroscuros del poder: balance y desafíos de la mitad del gobierno de Michelle Bachelet

Se cumple la mitad del periodo del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría. Se trata probablemente uno de los tramos más complejos desde el retorno a la democracia en 1990, porque ocurre en medio de una administración intentando llevar adelante una agenda de reformas político-sociales más relevantes de los últimos años, en un ambiente político enrarecido por los escándalos de corrupción que han afectado transversalmente al mundo político. En tal sentido, el balance tiene claroscuros.

Sin duda el aspecto más positivo de este gobierno y que, seguramente, será parte importante de aquello por lo que se le recordará, será el mérito de haber cambiado la conversación y la agenda pública. En efecto, la captura y el empate permanente en el que se sumió el sistema político durante más de dos décadas generó la anuencia al veto permanente y la imposibilidad de discutir ciertos temas en aras de la gobernabilidad. Así fue que durante años fue imposible poner en la agenda cuestiones como una reforma tributaria con carácter redistributivo; una reforma laboral para promover los derechos de los trabajadores; el aborto para aproximarse, al menos, a los mínimos internacionales; la Constitución, para cambiar la carta fundamental originada en un proceso fraudulento en dictadura, entre otras materias.

La promoción de cualquiera de estos debates durante los ’90 y los 2000 habría sido interpretada como una amenaza a la gobernabilidad. Hoy en día ese escenario está lejos, no existen temas vetados y lo que ocurre, por el contrario, es que los actores políticos de distintos sectores se han visto obligados a tomar posiciones sobre materias que, a ratos, les resultan incómodas.

"El aspecto más positivo de este gobierno y que, seguramente, será parte importante de aquello por lo que se le recordará, será el mérito de haber cambiado la conversación y la agenda pública."

Sin perjuicio de lo anterior, el balance también tiene aspectos negativos. Uno de ellos es la enorme dificultad que ha tenido la Nueva Mayoría como coalición para trascender la lógica del pacto electoral. Ello ha sido más notorio a la hora de intentar llevar adelante las reformas estructurales del gobierno, donde el proceso no ha estado exento de diferencias y polémicas que se ventilan por los medios de comunicación, pero que tienen poco método de diálogo para buscar formas más expeditas de procesar disensos. Un desafío importante en esta materia y pensando en el futuro que viene, será buscar la manera de consolidar un pacto de carácter político y no sólo electoral.

Considerando las dificultades que ha enfrentado el gobierno en la primera etapa, es que el periodo que resta será decisivo, especialmente porque ocurrirá, además, en medio del ciclo electoral que comienza con la elección municipal este año y termina con los comicios presidenciales y parlamentarios en 2017.

En tal sentido, será una etapa donde el Ejecutivo tendrá la necesidad de mostrar sus logros, especialmente en lo que se refiere a reformas relevantes o emblemáticas, buscando con ello mejorar también los alicaídos niveles de aprobación de gobierno.  Si la promesa de combatir la desigualdad no se expresa en la materialización de políticas públicas, quedará la sensación que la grandilocuencia de la agenda de reformas no sirvió de nada.

Será también un periodo donde las coaliciones y partidos tendrán la posibilidad de desplegar todas sus capacidades en un nuevo escenario en el sistema electoral, las campañas y el financiamiento de la política, dados los cambios que introdujo el parlamento a la legislación existente, y bajo un ojo ciudadano probablemente crítico y escrutador. 

"El balance también tiene aspectos negativos. Uno de ellos es la enorme dificultad que ha tenido la Nueva Mayoría como coalición para trascender la lógica del pacto electoral."

Cabe recordar que la contienda electoral de este año coincidirá con la culminación del proceso participativo para la elaboración de una nueva constitución que contempla, entre otras cosas, cabildos autoconvocados por la sociedad civil y diálogos participativos a nivel comunal, provincial y regional, todo ello con el objeto de levantar desde la ciudadanía las bases para la nueva Constitución que será el insumo sobre el cual la Presidenta de la República enviará su propuesta al Congreso antes de terminar su mandato. Esto es muy relevante de considerar porque si el proceso efectivamente loga capturar el interés de la ciudadanía, es probable que se convierta en un eje articulador del ciclo electoral que viene y obligue, en definitiva, a los candidatos a posicionarse respecto a los temas que se instalan para la nueva constitución, ya sea en contenidos o en relación a los mecanismos.

Con todo, hoy comienza la segunda parte de un período presidencial complejo y se marca el comienzo de un ciclo de definiciones relevantes para el sistema político en su conjunto. La densidad que alcance este debate y la manera en que se enfrenten las dificultades y el descrédito de las instituciones en la ciudadanía, marcará también el futuro de las coaliciones y de nuestro sistema político.


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