Crédito: Agencia Uno
Caso Penta: borrón y cuenta nueva
Opinión

Caso Penta: borrón y cuenta nueva

Van diez meses de investigaciones a Penta. La acción judicial que originalmente empezó como una indagación por fraude al FUT inesperadamente terminó como una pesquisa política. Una serie de hechos fortuitos develó que Penta habría canalizado dinero de forma irregular a una serie de candidatos en la elección de 2013.

Hasta ahora, la evidencia sugiere que los principales beneficiados habrían sido candidatos de la Alianza. Sin embargo, también existen antecedentes que apuntan a que hubo transferencias a candidatos de la Nueva Mayoría. Considerando la transversalidad de los involucrados, lo más probable es que ninguno será sancionado. Entre otras cosas, la nueva ley de financiamiento electoral les garantizará un borrón y cuenta nueva.

Para entender por qué no habrá sanciones es imperativo comprender la profundidad de la arista política. Las denuncias hechas por Hugo Bravo, ex director de Penta, sugieren que la gran mayoría de los pagos se habrían hecho a candidatos de la UDI.

La ya famosa grabación de Bravo registra los traspasos irregulares de dinero al entonces senador Jovino Novoa, y a los ex candidatos a senador Laurence Golborne, Iván Moreira, Jacqueline van Rysselberghe, Ena von Baer y Pablo Zalaquett. Pero también hay pistas que apuntan a una relación entre Penta y candidatos de la Nueva Mayoría. Existen boletas que involucrarían a la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet y al ex candidato a senador Alberto Undurraga (DC).

Una de las razones de por qué no habrá sanciones es porque la investigación del SII está enfocada a investigar a Penta, y no a los políticos. La arista política solo constituye daño colateral. Dado que el SII está detrás de las boletas falsas, y no de los políticos, cualquier acción judicial apuntará a responsabilizar a quienes recibieron las boletas y no a quienes las emitieron.

"La arista política solo constituye daño colateral."

Incluso si se busca perseguir a los emisores, desde una perspectiva legal, sería extremadamente difícil seguir el rastro del dinero, dado que las transferencias se hicieron con extrema cautela. El fiscal regional oriente, Alberto Ayala, ya dio luces de aquello, al sostener que "el otorgar dinero a una persona no necesariamente es constitutivo de delito".

Otra razón de por qué no habrán sanciones es que la investigación de la Cámara de Diputados no tiene facultades suficientes. La comisión investigadora del caso Penta y del financiamiento de las campañas electorales no tiene atribuciones para fiscalizar a privados —es decir, a personas naturales y personas jurídicas.

La Constitución expresamente circunscribe las comisiones a investigar actos de gobierno. Técnicamente, la Comisión no puede investigar a Penta. Incluso si lo hiciera (como se hizo en el caso de Colonia Dignidad y en el caso de los Pinocheques) no existe un estatuto de sanciones. Al final del día, el trabajo de la Comisión se verá reducido a un extenso informe sin utilidad práctica.

Una tercera razón de por qué no habrá sanciones es por que no hay voluntad política. Todo político tiene un instinto de supervivencia, y en este caso, prevalecerá. Pocos se querrán involucrar activamente en el caso, porque muchos tienen tejado de vidrio. Nadie querrá arriesgar su reputación en un caso de alcance nacional. Pues, si cae uno, caen todos.

Basta ver la manera cómo ha progresado el caso para entenderlo. Días después de que los candidatos de la UDI fueran implicados, surgió evidencia de que Undurraga recibió dinero de Penta. Asimismo, días después de que surgiera la grabación de Bravo, apareció evidencia de que Bachelet habría emitido boletas que potencialmente podrían ser consideradas ideológicamente falsas.

Todo apunta a que la arista política del caso Penta es un juego suma cero. Dado que ambos sectores están involucrados, a ambos les conviene lo mismo: que ninguno gane, que ninguno pierda. Al menos que uno de los dos sectores sea inocente de todo lo que se le imputa (que parece no ser el caso), lo más lógico es que todo termine en una triste anécdota. A lo más, en un par de multas.

Incluso si hubiera un díscolo a favor de perseguir a los responsables hasta las últimas consecuencias, no hay sustento jurídico para procesarlos, no hay facultades legislativas para sancionarlos, y no hay voluntad política para condenarlos.

"Al final del día, el trabajo de la Comisión se verá reducido a un extenso informe sin utilidad práctica."

Lo anterior toma fuerza si se considera que hay un nuevo proyecto de ley de financiamiento electoral en trámite. La iniciativa, originalmente impulsada por los diputados Jackson y Mirosevic, ahora cuenta con el respaldo del gobierno. El mensaje enviado por el ejecutivo -que entre otras cosas pone fin a los aportes de las empresas y pena con multas o presidio las donaciones ilegales- llega para regular la relación entre dinero y política en el futuro. Pero también para tapar todas las irregularidades que ocurrieron en el pasado. Con el nuevo proyecto, el debate en la clase política lentamente se trasladará al sistema de financiamiento que se anhela, dejando atrás los problemas del ayer.


Lo más visto en T13