Crédito: A. UNO
Caso Penta: Segunda Tanda
Opinión

Caso Penta: Segunda Tanda

Existe un debate sobre el estado de salud del modelo económico y político de Chile. Una hipótesis es que el modelo instalado en dictadura y perfeccionado en democracia se derrumba. Esta compite con la hipótesis nula que sugiere que el modelo goza de buena salud. Es un debate abierto, pues la plétora de opiniones no ha cedido terreno al concierto.

Pero el debate ha sido funcional más allá de su propia utilidad. Ha servido como marco teórico para clasificar y entender el efecto de fenómenos económicos y políticos desde una perspectiva menos específica y más integral. Ante la sospecha de que se derrumba el modelo, observadores han catalogado hechos como evidencia a favor o en contra de aquello. 

Algunos han sugerido que el caso Penta cae de cajón en este debate. La pregunta, entonces, es si los hechos relacionados con el caso apoyan o rechazan la hipótesis del derrumbe. Por un lado, se puede argumentar que si los poderosos de siempre están usando el modelo a su favor para eludir y evadir impuestos, además de para financiar favores políticos, la hipótesis es correcta.

"Si el modelo se concibe como un conjunto de instituciones diseñadas para crear y perpetuar desigualdades, tiene más sentido rechazar la hipótesis del derrumbe que aceptarla."

El problema es que por otro lado se puede argumentar con igual parsimonia que el caso Penta es evidencia irrefutable que el modelo goza de buena salud. Efectivamente, si el modelo se concibe como un conjunto de instituciones diseñadas para crear y perpetuar desigualdades, tiene más sentido rechazar la hipótesis del derrumbe que aceptarla.

Dado que aprobar o rechazar la hipótesis en este caso es un ejercicio subjetivo, es problemático utilizar el caso Penta como evidencia. Sin embargo, las bases de la teoría del derrumbe sí pueden ser utilizadas para comprender las motivaciones y actitudes de los actores relacionados a las instituciones económicas y políticas – e incluso legales – afectadas por el caso Penta. 

Lo anterior parte de la base que el caso Penta – incluyendo su dimensión económica y su arista política –constituye tanto un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema económico (corrupción desde el empresariado), como un ejemplo de lo peor que puede ocurrir en un sistema político (corrupción desde la clase política).

En este escenario, las duras medidas contra las personas recientemente formalizadas cobran sentido. El Ministerio Público habló fuerte y claro, y lo hizo para proteger las instituciones. Su decisión de formalizar a Lavín, Délano y los demás no fue arbitraria. Fue un mensaje a quienes han usado, y quienes pretenden usar, el sistema económico y el sistema político para su propio provecho.

"La decisión de formalizar a Lavín, Délano y los demás no fue arbitraria. Fue un mensaje a quienes han usado, y quienes pretenden usar, el sistema económico y el sistema político para su propio provecho."

Ahora bien, como todo negocio, el caso Penta consta de dos partes: la parte activa y la parte pasiva. Hasta ahora, el Ministerio Público solo ha formalizado a la parte activa – el empresariado. La lectura, entonces, es que el mensaje emitido es parcial. Para que el mensaje sirva como mecanismo disuasivo contra la corrupción (privada y pública) deberá formalizar también a la parte pasiva – la clase política.

Esto explica la tensión que emana desde los partidos. Se espera que quienes participaron pasivamente del negocio de Penta también sean formalizados. Y son varios los que están en fila, desde la Alianza a la Nueva Mayoría. El trabajo del Ministerio Público solo estará completo cuando esto suceda. Amonestar solo la parte activa no garantiza que los políticos renuncien a recibir aportes de forma irregular.

Mientras se espera la segunda tanda de formalizaciones, el poder ejecutivo debe actuar. De poco sirve convocar a un consejo asesor para determinar las medidas a tomar. Ya existen varias propuestas para prevenir que existan más casos Penta en el futuro. Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal, al igual que Espacio Público, ya han avanzado en esta materia. Es menester no desperdiciar sus contribuciones.

Bachelet debe actuar con convicción y con rapidez. En medio del caso Caval, lo peor que puede hacer es dilatar lo inevitable. El bosquejo de proyecto avanzado por su gobierno perfectamente puede confluir con las propuestas mencionadas arriba.

Bachelet debe enviar el proyecto cuanto antes al Congreso y exigir que desde allí se discuta con altura de miras la forma de proteger la institucionalidad.


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