Crédito: A. Uno
Caso Penta: una nueva era
Opinión

Caso Penta: una nueva era

El caso Penta es el escándalo político más notorio desde el retorno de la democracia. Si bien en el papel es solo un caso de financiamiento político irregular entre empresarios y políticos, sus implicancias son más extensas.

El caso Penta es un ejemplo de cómo operan los intereses privados en el ámbito público. Es una muestra de cómo los empresarios influyen en los políticos, y estos a su vez influyen en la vida cotidiana de las personas. Desnuda cómo los políticos muchas veces consideran que los intereses de los empresarios son más importantes que los intereses de la gente.

Casi todo lo que tiene que ver con el caso Penta es condenable. Desde la manera en que se utilizaron boletas falsas para pagarle a familiares (y así disminuir sus obligaciones en el proceso impositivo) hasta la manera en que donaron dineros a candidatos políticos (y así aumentar su influencia en el proceso legislativo).

El caso Penta afecta a más personas de los que están directamente involucrados. Cuando surgen dudas sobre la rectitud de la clase empresarial, cae la confianza de los inversionistas en el país. Y cuando surgen sospechas de corrupción en la clase política, cae la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"El Caso Penta desnuda cómo los políticos muchas veces consideran que los intereses de los empresarios son más importantes que los intereses de la gente."

Aunque el proceso judicial recién comienza, toda la evidencia apunta a que se movieron recursos de forma ilegal desde Penta a la clase política. Esto es un problema por varias razones. No solo genera una asimetría electoral, donde los candidatos que obtienen más recursos aumentan de forma exponencial su probabilidad de ser elegidos, sino que además instala un sistema donde los pocos (los más poderosos) tienen mayor influencia sobre el diseño e implementación de políticas públicas que los muchos (los más desvalidos).

En esencia, la transferencia ilegal de dinero desde empresarios a políticos es un problema democrático.

No es una práctica nueva. Empresarios financiaron campañas de forma abierta entre 1989 y 2003 — cuando no estaba vigente la Ley de Financiamiento Electoral. No habían regulaciones, imperaba la ley de la selva. En efecto, los que se conseguían más dinero, se aseguraban un cupo.

Lo imprevisto, sin embargo, fue que la práctica continuara aun después de la entrada en vigencia de la ley (para la elección municipal de 2004). La única diferencia es que se ha tenido que proceder con mayor cautela. Qué duda cabe, la influencia de los empresarios sobre los políticos ha sido una constante durante el último cuarto de siglo.

"Si un empresario financia una campaña electoral es por que observa que puede obtener beneficios de aquello, pues los empresarios exitosos son aquellos que generan más utilidades"

Si un empresario financia una campaña electoral es por que observa que puede obtener beneficios de aquello, pues los empresarios exitosos son aquellos que generan más utilidades, y evidentemente la política es dónde está la mejor oportunidad para hacerlo.

Un empresario vinculado a la salud, por ejemplo, vela por sus intereses cuando trata de influir en una política pública que lo afecta. Si ve que puede generar mayores utilidades si el proyecto no se despacha, va buscar influir en la cantidad minima de legisladores que le puedan asegurar ese resultado.

No es sorpresa, entonces, que los empresarios hayan buscado defender sus intereses por medio de las donaciones. Aunque hoy solo se culpa a Penta, es probable que muchas más empresas hayan estado involucradas en el mismo tipo de transferencia de dinero, pues todas las empresas relevantes se han visto amenazadas en algún momento por un proyecto de ley.

"Aunque hoy solo se culpa a Penta, es probable que muchas más empresas hayan estado involucradas en el mismo tipo de transferencia de dinero"

El puente entre empresarios y políticos muestra que en la actual democracia algunos intereses son más importantes que otros. Hoy, el vínculo entre el empresario y el legislador es más fuerte que el vínculo entre el votante y el legislador.

Pero hay una luz al final del túnel. La reforma al sistema electoral permitirá regular de mejor manera la forma en que el sector privado influye en el ámbito público. La nueva propuesta de financiamiento electoral — donde entre otras cosas se permite terminar con las donaciones anónimas y de empresas — dota de transparencia un proceso esencialmente oscuro.

Aunque está lejos de terminar con el traspaso de dinero por debajo de la mesa, es un paso importante. Si a su vez se fortalece el rol del Servicio Electoral para fiscalizar los ingresos y gastos electorales, será el comienzo de una nueva era.


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