Opinión

La amenaza democrática

El caso Penta y la arista Soquimich son la noticia del momento. Evidencia reciente sugiere que los patrones de financiamiento irregular en ambas empresas son parte de un plan bastante más siniestro y elaborado que lo originalmente anticipado.

La diferencia entre ambas empresas, sin embargo, no es menor, dado que la naturaleza de los involucrados es sustancialmente distinta. Mientras que los imputados en el caso Penta están primordialmente relacionados con la oposición y la Alianza, los incriminados en la arista Soquimich están principalmente asociados con el gobierno y la Nueva Mayoría.

A partir de esta notoria diferencia, varios observadores de la plaza teorizaron que las dos investigaciones serían tratadas de forma distinta. La lógica tras la teoría era que la jerarquía administrativa del poder ejecutivo sobre el SII — el principal agente a cargo de querellarse — se utilizaría políticamente para ahogar una investigación que potencialmente podría acabar con varios personeros del sector imputados. Si bien no es una teoría empíricamente comprobable, el simple hecho de su plausibilidad dieron inicio a una cadena de eventos que ha llevado al gobierno y la Nueva Mayoría a su peor momento en el cuatrienio.

"Si bien no es una teoría empíricamente comprobable, el simple hecho de su plausibilidad dieron inicio a una cadena de eventos que ha llevado al gobierno y la Nueva Mayoría a su peor momento en el cuatrienio."

El retardo del SII en actuar puede ser identificado como el punto de partida. Pues la tardanza en ampliar la querella no ayudó a mitigar la sensación popular de que potenciales irregularidades entre Soquimich y la Nueva Mayoría podrían pasar bajo el radar de la justicia. En efecto, un grupo de cuatro diputados (Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Camila Vallejo) enviaron un oficio al SII exigiéndole entrar de lleno en el asunto. A su vez, dos diputados oficialistas, Hugo Gutiérrez y René Saffirio, demandaron a viva voz perseguir la causa hasta las últimas consecuencias.

Lo anterior debe ser leído como un quiebre dentro de la coalición oficialista. Mientras que algunos guardaron silencio, otros denunciaron los hechos activamente. Algunas personas podrán considerar que los segundos actuaron con apremio innecesario — sin esperar que el SII recabara todos los antecedentes necesarios para actuar. Sin embargo, esas mismas personas difícilmente podrán discrepar que el clima del momento también invitaba a una movida política de la talla — considerando la posibilidad de que los potenciales delitos pudiesen prescribir si es que no se intervenía a tiempo.

La manifestación pública de los diputados también sugiere que el clima de tensión en el gobierno y la Nueva Mayoría puede empeorar. Pues al no haber disciplina al actuar, no hay control sobre el proceso o el producto. El paso lógico en el actual clima de desorden es que a medida que más personas se vean involucradas, aumente la tensión. Peligroso, pues al fin y al cabo, todo elástico se estira hasta que se rompe. Lo más seguro es que los diputados que ya han hablado no sean las únicas voces de la disidencia, solo las que se han hecho escuchar. Asimismo, es probable que se les unan más voces a medida que no se resuelva el tema.

"Aunque lo de Soquimich es por definición mucho más grave que lo de Caval (considerando el número de personas involucradas y la transversalidad política de las irregularidades), para muchos lo de Caval es lo único irreparable del enjambre de problemas."

Como si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno y la Nueva Mayoría también deben lidiar con el daño provocado por el caso Caval. Aunque lo de Soquimich es por definición mucho más grave que lo de Caval (considerando el número de personas involucradas y la transversalidad política de las irregularidades), para muchos lo de Caval es lo único irreparable del enjambre de problemas. En parte, tienen razón, pues es probable que la caída en la aprobación de la Presidenta sea mucho más atribuible al caso Caval que a la arista Soquimich. Por Caval se culpa a la Presidenta, por Soquimich se culpa al sistema.

Los efectos de Soquimich y Caval también son diferentes. Mientras que los efectos de la arista Soquimich constituyen una amenaza para la unidad interna de la coalición, los efectos del caso Caval constituyen una amenaza para su eficiencia política. Ambas preocupantes por sí solas. Pero el efecto conjunto es significativamente más serio: una coalición de gobierno sin disciplina interna que además atraviesa por un periodo de baja aprobación y alto rechazo ciudadano es a todas luces una coalición que difícilmente puede garantizar gobernabilidad.

Bachelet tiene en sus manos la solución a esta amenaza democrática. Debe tomar medidas duras pero ejemplares contra todos los actores que recibieron financiamiento irregular ya sea de Penta, Soquimich, Caval u otras agencias que aun no conocemos.

No le debe temblar la mano a la hora de cortar peso muerto. Debe reunir antecedentes sobre todas las personas que trabajan en su gobierno o que son parte de su coalición que eventualmente podrían ser imputadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades y darlos de baja en la medida que encuentre dudas razonables.


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