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Igualdad en la medida de lo posible
Opinión

Igualdad en la medida de lo posible

Álvaro Elizalde, el vocero del gobierno progresista de la Presidenta Bachelet, ha dicho que no apoyarán la iniciativa presentada por parlamentarios de la DC, Amplitud y un independiente que crearía el matrimonio igualitario en Chile. No, la Presidenta  seguirá promoviendo sólo el proyecto de ley que consagra la figura del Acuerdo de Vida en Pareja (AVP). Una nueva versión de ese principio que dominó de forma lamentable el alma nacional : En la medida de lo posible.

No cabe duda que el AVP es un tremendo avance si se compara con lo que tienen que vivir quienes se enamoran de personas del mismo sexo; pero ello no constituye ni por cerca la plena vigencia del principio de igualdad ante la ley, ni la proscripción a la discriminación arbitraria que impone, entre otros, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es más, ello evidencia la discriminación por orientación sexual.

Llama la atención que el gobierno progresista no haya leído con detención la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el caso “Atala Riffo y Niñas vs Chile”.

Si lo hubiesen hecho, habrían reparado en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que al no permitir a parejas homosexuales contraer matrimonio y/o adoptar hijos, Chile está violando la Convención, ya que estos derechos sí le son reconocidos a personas heterosexuales. Entonces, el Estado toma como criterio, a la hora de asignar derechos, la orientación sexuales de las personas. Algo prohibido por la Convención.

"Si bien el AVP es un avance en la larga historia de discriminación y persecución que han vivido los grupos LGBT en nuestro país, está lejos de constituir la plena vigencia de la igualdad."

Que la orientación sexual es una condición protegida por dicho tratado ya no puede ser discutido. La Corte Interamericana en el párrafo 91, del fallo Atala, así lo determinó: “…  la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.”

Si dicho párrafo no fuera suficientemente claro, el Tribunal Regional lo reitera en el párrafo 93, de la citada sentencia, al dictaminar: "Un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual”. Es decir, reconocido que el derecho a contraer matrimonio y/o adoptar hijos a los heteresexuales el Estado no puede, con base a la orientación sexual, negarselos a los homosexuales.

En suma, si bien el AVP es un avance en la larga historia de discriminación y persecución que han vivido los grupos LGBT en nuestro país, está lejos de constituir la plena vigencia de la igualdad. Es más, evidencia dicha discriminación. Un o una heterosexual podrá elegir entre AVP o Matrimonio; un LGBT, no.

Si la Nueva Mayoría quiere ser respetuosa de los derechos humanos y con ello elevar a nuestra República a una sociedad igualitaria, al menos en lo que respecta a discriminación por orientación sexual, debe apoyar la iniciativa de un matrimonio igualitario (subsanando el tema de la filiación) y que la posibilidad de adoptar sea amplia. No más igualdad en la medida de lo posible. Igualdad a la altura de nuestras obligaciones internacionales; igualdad plena.


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