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Los Acuerdos en el Caso Penta
Opinión

Los Acuerdos en el Caso Penta

No cabe duda que existen una serie de aspectos que se podrían comentar con relación al Caso Penta y la reciente audiencia de formalización. Por ejemplo, lo ajustado a derecho o no que resulta invocar la legitimidad del sistema para encarcelar gente; el rol vigoroso y triunfante que jugó el Consejo de Defensa del Estado, en un sistema en que los querellantes generalmente son ninguneados; etc. Para mí uno de los puntos interesantes a comentar dice relación con la constatación que se requiere dar reconocimiento legal y escriturar los distintos acuerdos a los que pueden llegar las partes antes de concurrir a una audiencia. Como ocurre en Estados Unidos.

Nuestro sistema procesal penal reconoce legalmente tres tipos de acuerdos de manera explicita, pero incluso en estos casos el Ministerio Público se niega a dejarlos por escrito. Por una parte, la suspensión condicional, esto es que Ministerio Público e imputado deciden darle término a una investigación aceptando determinadas condiciones y el no volver a ser formalizado. En ese caso si la persona respeta las condiciones y no vuelve a ser formalizada en el tiempo determinado, que no puede ser inferior a un año ni superior a tres, la causa se sobresee. El rol del juez es generalmente solo de verificación de  la concurrencia de dichos requisitos.

La otra consagración expresa de acuerdo entre imputado y persecutor es el procedimiento abreviado. A diferencia de la suspensión condicional aquí el imputado es condenado, o más bien acepta los hechos formulados en la acusación. Aquí el juez está limitado por el rango de pena que solicita el Ministerio Público, no pudiendo aplicar una mayor. El requisito para que proceda este “acuerdo” es que la pena a aplicar no sea superior a 5 años.

Por último, el Código Procesal Penal reconoce que hay ciertos delitos que incumben de mayor manera a la víctima y por lo tanto permite que imputado y víctima lleguen a un acuerdo reparatorio y una vez cumplido se sobresee la causa si es que el Ministerio Público no observa un interés superior por seguir adelante con la causa.

Sin embargo, cualquier actor del sistema sabe que se negocia en muchas distintas instancias entre los intervinientes. Como fue en el Caso Penta, varios imputados negociaron con el Ministerio Público el reconocimiento de ciertas atenuantes, lo que era relevante para la audiencia de formalización ya que a la hora de pedir medidas cautelares dichas atenuantes implican una menor pena posible y la solicitud de una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, y por lo tanto evitaban, creían ellos, la cautelar más gravosa. A algunos el Ministerio Público les reconoció lo anterior, pero no incluyeron en sus negociaciones a querellantes. Y como el juez tiene la última palabra en materia de prisión preventiva y demás medidas cautelares terminaron sus clientes privados de libertad en un recinto carcelario. 

Para otros la situación fue peor. El Ministerio Público estimó que los imputados no habían cumplido con su parte del acuerdo y por lo tanto el persecutor estimó que seguía vigente. Es así como los fiscales no reconocieron las atenuantes conversadas y solicitaron, respecto de ellos, la prisión preventiva. La defensa reclamó que existía un acuerdo que no se estaba respetando .

Me parece que una lección que se debe sacar es que se debe legislar en orden a reconocer de manera formal estos acuerdos a los que llegan fiscales, querellantes e imputados. Primero,  exigiendo que ellos sean por escrito. Al ser escriturados dejan de estar a la interpretación de las partes y si cualquiera de los que participaron en esa negociación podrán esgrimir ante el juez el cumplimiento o incumplimiento por parte de su contradictor. Segundo, que en ciertas materias los acuerdos a los que arriban Ministerio Público e imputados deben ser vinculantes para el juez. De esa forma las personas que negocian y arriban a acuerdos con el Ministerio Público entregando algo a cambio podrán confiar que no existen riesgos. De lo contrario las decisiones estratégicas que adopte el Ministerio Público se verán siempre puesta en dudas ya que la última palabra la tendrá en juez, esa cuota de incertidumbre puede se perjudicial a los intereses de las partes. El juez en esos casos deberá verificar que ha existido acuerdo libre y voluntario de las partes, pero no entrar a lo correcto o incorrecto, beneficioso o perjudicial para las partes o la sociedad. Por esas materias deberán velar el abogado defensor o querellante por una parte y por la otra el Ministerio Público.

*Nota: Francisco Cox es abogado defensor en uno de los capítulos del Caso Penta, pero que no ha sido formalizado.


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