Crédito: A. Uno
De la reforma del Estado al Estado en reformas

De la reforma del Estado al Estado en reformas

Hace un poco más de cuarenta años los profesores Germán Urzúa y Ana María García escribieron un libro que se denominaba “Diagnóstico de la Burocracia Chilena”, que correspondía a un estudio detenido, desde 1818 hasta 1970, sobre la evolución de nuestra Administración Pública.

En ese trabajo, Urzúa y García demuestran cómo desde mediados del siglo XIX se hizo cada vez más habitual entre nosotros hablar de reforma del Estado de la urgente e imperiosa necesidad de modificar las prácticas de la burocracia.

Dicho trabajo demuestra también cómo desde los primeros años del siglo XX todas las décadas tuvieron iniciativa de reforma estatal, que recibieron las más diversas denominaciones, que se caracterizaron entre muchas otras medidas, por entregarle facultades extraordinarias al Presidente de la República para reordenar nuestra administración, frente a “un caos organizacional”.

Ese texto demuestra además que tan pronto comenzó ese siglo, en todas esas décadas los periódicos más importantes del país no han dejado de editorializar sobre la necesidad de la tan mentada reforma.

Cada Gobierno que asumió en esos años propuso una reforma estatal significativa, todas cubiertas sobre la base de un discurso refundacional, de la necesidad de tener un Estado diferente, con funcionarios distintos y funciones diversas. En resumen, de un Estado para mejorar la vida de los ciudadanos.

Desde ese momento hasta ahora las cosas no han cambiado mucho. La dictadura militar sostuvo un discurso de un nuevo Estado, formó la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (que ya tenía precedentes), cuyas propuestas sólo se implementaron en menos de un tercio.

"Los Gobiernos democráticos, cada uno con diverso perfil, han sostenido desde 1990 programas de reforma al Estado"

y establecieron tras ellos un conjunto de iniciativas tales como empleo público, remuneraciones, probidad administrativa, calidad de la política, gestión de servicios públicos, seguimiento de compromisos, etcétera.

Así las cosas, lo único constante y que probablemente lo siga siendo, es el impulso a ratos inconsciente de hablar de reforma del Estado como parte de una redundancia argumental de cada nueva administración, pero la verdad es que pocos se detienen a resolver de qué estamos hablando.

Casi todas las iniciativas que se han pretendido llevar a cabo se han caracterizado por tratar de abordar problemas organizacionales, de definición legal o de gestión, de iniciativas que precisamente se basaron en la reforma del Estado en su oportunidad. Es algo entre eterno retorno y maldición.

"En todos los sectores de la Administración Pública, dos tercios de los ministerios han estado sujetos a procesos de reforma con distinta suerte."

En efecto, tomando en cuenta sólo lo ocurrido en la última década, en todos los sectores de la Administración Pública, dos tercios de los ministerios han estado sujetos a procesos de reforma con distinta suerte.

El problema de todo esto es que los rediseños, reformas y creaciones de agencias han quedado en manos de cada sector sin un criterio integrador de política pública, salvo el que le ha dado la Dirección de Presupuestos cuando ha conocido de ellos, pero con un sesgo esperado.

Esta gran dispersión de iniciativas genera, por razones obvias, altos costos sociales debido a la pretensión de innovación que cada sector pretende en busca de mayor flexibilidad.

Cada reforma produce un estrés institucional de proporciones. Del proceso de instalación de cada una de ellas hemos aprendido poco, precisamente porque sus procesos de implementación son descentralizados y sin un criterio común, salvo el de la coyuntura. En eso hay un riesgo. Buenas reformas terminan desacreditadas en esa etapa y las siguientes no aprovechan las buenas prácticas de otras.

"En tiempos de reformas, preguntarse como lograr un mejor Estado, es garantizar la eficacia futura de las mismas"

Esta situación es compleja en el largo plazo por los costos que genera, sobre todo por la gran dispersión institucional y de responsabilidades, lo que adicionando a las competencias regulatorias (económicas, sociales y administrativas) da origen y seguirá generando un costo social que finalmente afecta el ejercicio práctico de los derechos de los ciudadanos, dando origen a riesgos que pocos ven.

Parece sensato aproximarnos a un modelo que permita la adaptación de los organismos administrativos a nuevas necesidades, sin grandes dilemas institucionales, lo que significa asumir los costos que implican decisiones de largo plazo como la existencia de flexibilidad regulatoria e institucional y la necesidad de un acuerdo colectivo que la simplicidad institucional, implica eficiencia en beneficio de la comunidad y el ejercicio de derechos.

Como sostuve en otro momento, en tiempos de reformas, preguntarse como lograr un mejor Estado, es garantizar la eficacia futura de las mismas. Eso no se logra con disminuir puestos públicos, sino que estructurando las organizaciones estatales de acuerdo a los fines públicos globales perseguidos y simplificando sus procedimientos de decisión.


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