Crédito: Agencia Uno
El interés por el desinterés

El interés por el desinterés

Existe un cierto acuerdo que las personas que ejercen función pública deben actuar a favor del interés general. Se afirma que para eso los funcionarios públicos deben decidir con objetividad (actuando de acuerdo a antecedentes concretos), imparcial (con prescindencia de intereses de grupos) y con probidad (suprimiendo el interés propio en la decisión).

Por tal motivo, existe una cierta convención que los funcionarios del Estado deben actuar con “interés por el desinterés”, la idea de que en el espacio público se debe proceder en base a “valores desinteresados”, como un reconocimiento oficial para la actuación de los agentes públicos (Bourdieau).

Por eso en general los sistemas legales consideran que el fin de las actuaciones públicas –democráticamente definidas por el Congreso mediante una la ley- es una cuestión determinante para evaluar la licitud de las decisiones de los funcionarios públicos.

"Existe una cierta convención que los funcionarios del Estado deben actuar con “interés por el desinterés”, la idea de que en el espacio público se debe proceder en base a “valores desinteresados”"

Eso explica que seamos tan severos con las infracciones formales que ellos puedan cometer y, por eso también los jueces pueden declarar inválidos sus actos cuando se infringen esos fines. Los abogados llaman a eso desviación de fin o de poder y lo discuten todos los días en tribunales.

El problema, sin embargo, se genera cuando el Congreso deja en manos de agencias gubernamentales las determinaciones concretas del interés público a defender. Esto que es habitual e inevitable en las democracias modernas, porque permite eficacia de la actuación estatal, genera conflictos de muy distinta entidad y da origen a una pregunta inevitable: ¿cómo adoptamos decisiones públicas en un contexto de contraposición de intereses en que distintos sujetos reclaman un mejor interés público?

Algo de eso es lo que está detrás de una reciente decisión de la Corte Suprema (29.12.2014) respecto del uso de un recurso escaso como el agua.

La municipalidad de Cabildo había otorgado un permiso de ocupación para el uso de la ribera de un río a una empresa de servicios públicos sanitarios (Esval), con la finalidad de realizar una obra de encausamiento de manera de contribuir a la solución de problemas de sequía severos que existenten en la zona (había sido declarada zona de escasez hídrica hace un tiempo).

Frente a reclamos de pequeños agricultores, porque las obras afectaban su riego, la municipalidad decidió revocar el permiso otorgado, impidiendo por esa vía la ejecución global de la obra.

La empresa impugnó esa decisión y la Corte decidió acoger la reclamación, sosteniendo que si bien las municipalidades podían decidir discrecionalmente cuando revocar un permiso municipal, esas decisiones debían responder a razones de interés general, es decir, aquellas que tengan por propósito beneficiar a la colectividad en su conjunto.

"El problema se genera cuando el Congreso deja en manos de agencias gubernamentales las determinaciones concretas del interés público a defender."

¿Por qué el argumento de la Corte era tan importante?, porque lo que señalaban los pequeños agricultores era que las obras de la empresa sanitaria afectarían las napas y el acceso del recurso hídrico para riego. Ese argumento, la Corte lo considera ilegitimo para revocar el permiso, porque perjudica a la comunidad en su conjunto, demostrando con ello todo el simbolismo que está detrás de las decisiones públicas.

Para la Corte, que una autoridad administrativa utilice sus atribuciones para un propósito distinto al perseguido por la ley –aunque este sea noble y beneficie a una comunidad en concreto- constituye un vicio en su decisión que justifica que sea dejada sin efecto. En la lógica de la Corte, “ante la sequía extrema que afecta la zona de Cabildo sus autoridades deben velar por el interés general de sus habitantes” y no por el de un grupo específicos de ellos, dado que las obras tenían por finalidad resolver el problema de acceso a agua potable de todos los habitantes de la zona.

El caso de Cabildo demuestra de un modo diáfano, esta vez en vía judicial y probablemente en un lenguaje formal, la tensión para adoptar medidas de interés general, cuando existen demandas y valores públicos diversos, en donde todos solicitan con igual intensidad tutela de sus derechos.

Por eso los procesos deliberativos previos a decisiones públicas son tan relevantes y por eso también el “interés por el desinterés” de los funcionarios que adoptan esas decisiones es tan determinante para la calidad del sistema democrático y la objetividad de las resoluciones públicas.


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