Crédito: Agencia Uno
El Sename y el día de la marmota

El Sename y el día de la marmota

Hace pocos días la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, entregó cifras oficiales sobre el número de menores que han fallecido encontrándose bajo la tuición de esa institución o alguna de las entidades colaboradoras. Las reacciones no se demoraron. A la indignación colectiva, se sumaron cuestionamientos a la manera en que el Estado ha postergado la situación de esta institución y, en consecuencia, la de niños, niñas y adolescentes que deberían ser objeto de cuidado por parte del Estado. A su vez, muchos han objetado las declaraciones de Huerta en orden a que éste tema no se soluciona pura y simplemente con una reforma institucional. La mayoría de estas críticas ha provenido de los parlamentarios. Lo curioso es que hace cerca de 20 años el Congreso viene discutiendo qué hacer con esta institución y, como el día de la marmota, cada nueva crisis termina con el mismo cuestionamiento y sin ninguna solución.

En efecto, en 1996 el gobierno de Frei Ruiz-Tagle presentó un proyecto de ley que regulaba de un modo distinto el sistema de subvenciones a la red de colaboradores del Sename. Ese proyecto debió ser retirado en 1999, esencialmente porque se sostuvo que existía un conjunto de reformas paralelas en materia de infancia que debía ser considerada. Estas eran los efectos de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, la discusión sobre la creación de los tribunales de familia y el anteproyecto de ley sobre responsabilidad penal juvenil, que se discutía en ese momento.

"Hace cerca de 20 años que el Congreso viene discutiendo qué hacer con el Sename y, como el día de la marmota, cada nueva crisis termina con el mismo cuestionamiento y sin ninguna solución"

El gobierno, entonces, presentó un nuevo proyecto de ley en 1999, esta vez que abordaba íntegramente el modelo de atención de la niñez y la adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, construyendo un sistema de gestión para su operación al cual estuviera asociado el régimen de subvenciones. Ese proyecto terminó aprobándose recién en 2005. Fue durante su discusión que se advirtió algo que los expertos venían sosteniendo hace algunos años, que debería existir un sistema razonable de distribución de competencias en dos servicios públicos distintos. Uno dedicado a los jóvenes infractores de la ley y otro a la infancia en condiciones de vulnerabilidad. La tesis central de una propuesta de política pública de esas características era que ambos respondían a objetivos distintos, de modo que al mantenerse en la misma institución generaban confusiones de propósitos para los propios gestores públicos que impedían una adecuada rendición de cuentas. Razones presupuestarias -esencialmente asociadas a la situación de los funcionarios, su condición laboral y su distribución- implicó que esta iniciativa finalmente no prosperara.

En ese contexto, el gobierno de Lagos envió dos proyectos de ley el año 2004. Uno destinado a la creación de la Defensoría de la Infancia y otro cuyo propósito era establecer reglas para la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, con la finalidad de concretizar los efectos de la Convención de los Derechos del Niño. El primero de ellos se archivó en 2009. El segundo, se retiró en 2005. Lo dramático es que ambos proyectos siguieron esa suerte porque no fueron tramitados por el Congreso.

Mientras Bachelet durante su primer gobierno concentró los esfuerzos en materia de infancia en el proyecto Chile Crece Contigo, aprobado finalmente por el Congreso en 2009, fue el gobierno de Piñera el que volvió a plantear la discusión sobre el diseño institucional del Sename. Recogiendo -como dice su mensaje- una discusión de largo tiempo, el proyecto propuso separar esta institución en dos servicios: uno dedicado a la protección de la infancia y el segundo, dedicado a los jóvenes infractores de ley. La misma idea que se venía discutiendo desde 1996. Este proyecto se presentó en agosto de 2012 y se encuentra sin movimiento legislativo desde enero de 2014.

"Los parlamentarios olvidan con demasiada facilidad que desde hace veinte años se viene discutiendo legislativamente qué hacer con la regulación institucional de la infancia. Los datos demuestran que prácticamente todas las iniciativas han tenido limitado o nulo avance"

Finalmente, Bachelet en su segundo mandato concentró sus esfuerzos en el trabajo desarrollado por el Consejo Nacional de la Infancia, que ha priorizado un proyecto de ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese proyecto ingresó en septiembre de 2015 y hasta ahora no ha avanzado en su tramitación en la Cámara de Diputados.

Mientras el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, ha rasgado vestiduras por el rol de la nueva directora del Sename y su desempeño para abordar la situación crítica de esta institución, los parlamentarios olvidan con demasiada facilidad que desde hace veinte años se viene discutiendo legislativamente qué hacer con la regulación institucional de la infancia. Los datos demuestran que prácticamente todas las iniciativas han tenido limitado o nulo avance legislativo.

La promoción de una genuina agenda de reforma estructural en esta materia parte por reconocer la responsabilidad de todo el sistema institucional, incluido el Congreso, que no ha sido capaz de avanzar sustancialmente en las propuestas de reformas planteadas respecto de las cuales existe consenso de los expertos hace mucho tiempo, dejando a los gobiernos que han pasado durante estas dos décadas que gestionen el uso de recursos públicos para la operación de “colaboradores”, que actúan en una zona de ambigüedad respecto del cometido público que desempeñan y con demasiadas objeciones sobre la manera de gestionar un modelo de estas características desde la perspectiva de política pública. La Corte Suprema (19.06.2013) ha sostenido, por ejemplo, que el Sename no debe pagar indemnizaciones por la muerte de un menor en una entidad colaboradora, porque a esta sólo le corresponde un rol de control o supervigilancia de los colaboradores. Si el modelo institucional y de gestión no cambia, decisiones como estas se pueden repetir fácilmente en el futuro.

Y mientras esta indefinición institucional se mantiene, el desarrollo de muchos niños, niñas y adolescentes pasa a la vista de todos nosotros, tratando de sobrevivir en un sistema que limitadamente permite resolver sus problemas y que, como el día de la marmota, cada nueva crisis termina en una nueva e ingeniosa idea, similar a la de veinte años atrás, a un costo humano sencillamente intolerable.


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