Libertad de enseñanza y subvención escolar

Libertad de enseñanza y subvención escolar

En una columna reciente el profesor José Francisco García ha respondido a una anterior mía en la que me referí a los dilemas constitucionales de la reforma educacional y refuté las objeciones planteadas desde la perspectiva de la libertad de enseñanza y el derecho de propiedad.

El profesor García responde señalando que he tergiversado los argumentos (dice que construyo un “espantapájaros, un escenario caricaturesco”) y que en síntesis, la existencia de un sistema de subvenciones es obligatorio y no discrecional. De modo que el Estado no podría condicionar su entrega sin afectar la libertad de enseñanza.

Resulta obvio que entre García y yo existe una manera distinta de ver el problema constitucional. En mi opinión, la libertad de enseñanza es una libertad negativa en virtud de la cual el Estado no se puede involucrar en los proyectos educativos que autónomamente decidan las personas; pero otra cosa distinta es el derecho a la educación, que constituye uno de prestación aún en la Constitución de 1980.

Lo que olvida mi estimado contradictor es que la obligación de financiar un sistema educativo obligatorio y gratuito es parte del derecho a la educación –de los beneficiados- y no de la libertad de enseñanza. No hay ninguna razón constitucional que justifique que esta libertad –de los sostenedores- deba garantizarse con fondos públicos.

"Junto a la educación se consideró consagrar derechos propios para la autorrealización de las personas, objetados históricamente por los conservadores por considerarlos casi subversivos."

Como se sabe, esta última es una conquista de los movimientos de reforma liberal de la segunda parte del siglo XIX en nuestro país, aquella que como Benjamín Vicuña Mackenna promovían en definitiva una asamblea constituyente (así se denominó, por lo además, un periódico dirigido por él y que fue clausurado por Montt en 1859).

Cuando en 1874 se incorporó este derecho a la Constitución, conjuntamente con los de reunión, asociación y petición, se buscó consagrar derechos propios para la autorrealización de las personas en una sociedad democrática. A principios del siglo XX, sin embargo, los principales defensores de la libertad de enseñanza serán los conservadores y la Iglesia Católica, después de la ola de laicismo de los últimos años del siglo anterior.

Por tal motivo, la libertad de enseñanza tradicionalmente tiene por finalidad evitar que el Estado tenga incidencia en proyectos educativos particulares, de modo de hacer posible distintas alternativas educacionales.

De ahí por lo tanto, que se vincule a la libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos; evitar que el reconocimiento oficial del Estado sea un medio de dirigismo educativo; garantizar pluralidad en los planes de estudio; permitir la libertad de cátedra de los docentes y que el régimen institucional asociado a educación garantice la libertad de enseñanza mediante organizaciones públicas autónomas.

Ese debate se vivió en Chile en la reforma constitucional de 1971 y curiosamente es la que estuvo presente también en la discusión de la Constitución de 1980, como consta en sus propias actas.

Por eso, la pretensión de transformar a la subvención en un instrumento esencial para garantizar la libertad de enseñanza es un error conceptual. Esta última está vinculada con la autonomía del proyecto educativo y no con el financiamiento público, para lo cual el Estado puede imponer condiciones legítimas como lo sostuve en la columna anterior.

"Esa es mi diferencia con el profesor García. Donde él ve inconstitucionalidades, yo veo una deliberación democrática legítima."

En efecto, la provisión de educación gratuita en la Constitución está impuesta al Estado como parte del derecho a la educación. Por tal motivo se impone a éste el deber de financiar un sistema gratuito para permitir el acceso a toda la población.

La decisión de cómo realiza ese financiamiento es una cuestión propia de la política pública. Por ejemplo, sería constitucionalmente lícito proveer servicios educativos directos por parte del Estado, así como actuar mediante sistema concesionales o bien utilizar un régimen de subvenciones.

La opción de cuál es el sistema adecuado, es una cuestión propia de la democracia y no un asunto constitucional. Esa es mi diferencia con el profesor García. Donde él ve inconstitucionalidades, yo veo una deliberación democrática legítima.


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