Crédito: Agencia UNO
Reforma educacional, propiedad y Constitución

Reforma educacional, propiedad y Constitución

La oposición ha señalado que no llegará a un acuerdo en la reforma educacional y ha anunciado que objetará la constitucionalidad de las normas del proyecto, de modo que las reglas esenciales de ésta se jugarán en el Tribunal Constitucional.

Una idea de los objetores del proyecto –planteada desde hace algún tiempo- es que la eventual eliminación del “lucro” en materia de educacional, implicaría una violación a la Constitución por ser esta una medida expropiatoria. La tesis se construye sobre la base de que una decisión legislativa de ese tipo implicaría afectar las “inversiones” y “expectativas” de los dueños de establecimientos educacionales que por un largo período han desarrollado sus proyectos educativos bajo determinadas reglas y, en consecuencia, al aprobar las nuevas normas se estaría violentando la “libertad de enseñanza”.

En mi opinión ese argumento es equivocado, pues nada hay en la Constitución que restrinja la posibilidad de que el Congreso decida cambiar las exigencias para quien desea desarrollar proyectos educacionales con fondos públicos, en la medida que exista un razonable tiempo de implementación.

"La libertad de enseñanza es posible siempre, otra cosa distinta es qué se puede hacer con los fondos públicos"

En efecto, lo que se discute legislativamente hoy en el Congreso es si personas con fines de lucro que desarrollan proyectos educativos pueden o no recibir aportes estatales. La respuesta que pretenden dar los partidarios de esa idea, es que no es posible.

Esa decisión es legítima, nada dice la Constitución sobre la estructura legal de quienes proveen educación, garantizando la “libertad de enseñanza” como la generación de un proyecto educativo propio, que en caso alguno puede confundirse con la libertad de emprendimiento, como parecieran entender algunos. Planteado en términos sencillos, la libertad de enseñanza es posible siempre, otra cosa distinta es qué se puede hacer con los fondos públicos.

Es conveniente recordar que esta discusión no es nueva en nuestro país. Las modificaciones a la Ley de Jornada Escolar Completa –un proyecto que trataba de condicionar ciertas acciones del proyecto educativo al interés público para poder ser receptor de subvenciones educacionales- fue objeto de tres impugnaciones en el Tribunal Constitucional (TC) en 2004.

En una de ellas, la tesis de los parlamentarios requirentes era que la circunstancia de que el Estado estableciera dichas condiciones era inconstitucional porque violentaba la “libertad de enseñanza” y “el derecho de propiedad”.  

Por ejemplo, se afirmaba en esa oportunidad que la obligación legal que exigía el ingreso de un 15% de alumnos en condiciones de vulnerabilidad social, la exigencia de consejos escolares obligatorios o establecer un tope a la matricula violaban la Constitución si eran condiciones para ser receptor de subvenciones escolares.

El TC rechazó esas objeciones y sostuvo que cuando el Estado transfiere recursos de este tipo, puede imponer las exigencias que estime pertinentes a favor del interés público, sin que por ello se afecte “la libertad de enseñanza”, en tanto sean proporcionales y hagan viable el proyecto educativo. El TC recordó en esa oportunidad que los privados participan con el Estado en la provisión de los servicios educativos en base al principio de solidaridad.

"Ampararse en el derecho de propiedad para imponer una suerte de dique frente a la regulación pública como una especie de inmunidad absoluta es torcer el propio texto de la Constitución"

El segundo error es creer que exigir una determinada forma jurídica (sin fines de lucro), implicaría afectar el derecho de propiedad, especialmente sobre las inversiones realizadas. La verdad es que hay tres poderosas razones para rechazar ese argumento: la primera es que la recuperación de una inversión incluso es posible que sea realizada por una entidad sin fines de lucro, de manera que el argumento se torna en inocuo; la segunda, que las expectativas de ingreso no están amparadas por el derecho de propiedad, pues implicaría igualmente reconocer propiedad sobre expectativas de renta específicas; y la tercera, que buena parte de las inversiones en infraestructura realizada por dichos establecimientos se efectuaron con fondos públicos a consecuencia de políticas educacionales previas.

El sistema legal chileno está lleno de exigencias organizativas de determinado tipo, en las cuales se exigirán formas diversas según los objetivos de política pública definidos por la ley para lo cual la Constitución reconoce libertad al Congreso. Es lo que sucedió con el futbol profesional, cuando entidades de derecho privado sin fines de lucro (titulares de una serie de beneficios), debieron convertirse a sociedades anónimas sujetas a intensa regulación pública.

Ampararse en el derecho de propiedad para imponer una suerte de dique frente a la regulación pública como una especie de inmunidad absoluta es torcer el propio texto de la Constitución que permite precisamente limitar y restringir la propiedad, sin obligación de indemnización, bajo hipótesis de interés público como sucede en el caso de la regulación en materia educacional.

Pero además, estos argumentos terminan por desnaturalizar completamente el origen y desarrollo de la libertad de enseñanza. Como muchos sabrán, la libertad de enseñanza se incorporó conjuntamente con el derecho a la educación en la Constitución de 1833, tras la reforma liberal de 1874. Este derecho se agregó con los de reunión, asociación y petición, como reflejo y con el propósito de expresar derechos propios para la autorrealización en una sociedad democrática. Desde entonces ha tenido distintos protagonismos en el sistema institucional chileno.

Extender a la libertad de enseñanza –una institución destinada a la colaboración privada para un interés público en base a una regla de solidaridad- con la libertad de emprendimiento –la idea que subyace a la protección intensa de propiedad en el argumento de los opositores- implica una confusión que constitucionalmente es conveniente despejar.

El reconocimiento de la primera, como presupuesto de expresión de un proyecto educativo propio o colectivo, no implica transformar éste en una empresa de libre disponibilidad personal, por la manera en que el sistema legal ha entendido tradicionalmente en la historia constitucional chilena la participación privada en la educación.

En otros términos, no es compatible legalmente el sacrificio del interés público –perseguido con la participación privada-, por el interés privado de sus aportantes, sobre todo si de lo que hablamos es sobre cómo se asignan adecuadamente los fondos públicos para permitir el ejercicio adecuado del derecho a la educación, dado que la Constitución exige precisamente al Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto.


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