Crédito: Agencia Uno
Tensiones institucionales

Tensiones institucionales

Que existan poderes independientes y autónomos en el sistema constitucional responde a una lógica de pesos y contrapesos, fundamentalmente destinados a que las funciones que ellos desempeñan no sean influenciados indebidamente por otros poderes públicos. El sistema institucional en esos casos, valora la independencia y autonomía como una cuestión central del sistema democrático. Pero la opción por organizaciones de este tipo tiene algunos costos. Cuando se tensionan en su interior pueden generar consecuencias insospechadas en la gobernabilidad de las mismas y con ello afectar la legitimidad del ejercicio de sus decisiones.

Es lo que sucede irónicamente en dos instituciones centrales para el actual momento de nuestro país. Es el caso del Poder Judicial y el Ministerio Público.

"La autonomía del Ministerio Público y su dirección unipersonal, a cargo de una función en donde la independencia interna es limitada, genera que la controversia adquiera dimensiones que pueden afectar la estabilidad institucional"

En el primero, existe una discusión vigente sobre los límites del poder disciplinario de la Corte Suprema en relación a las decisiones que un juez puede adoptar en su sala de audiencias. La existencia de cinco sumarios administrativos en contra del Juez de Garantía Daniel Urrutia, provocó que la Asociación Nacional de Magistrados acogiera un amparo gremial a su favor y llevó al propio juez a discutir la instrucción de los mismos ante el Tribunal Constitucional. La tesis de Urrutia, es que la regulación que ha realizado la Corte Suprema mediante simples decisiones administrativas viola la Constitución, pero además la instrucción de sumarios para hacer efectivas responsabilidades funcionarias por la adopción de decisiones jurisdiccionales -aquellas que puede dictar en un procedimiento sometido a su conocimiento- afecta la independencia judicial, esencial para la operación del sistema democrático y el régimen de derechos de los ciudadanos.

Por otro lado, el recurso de protección interpuesto esta semana por el Fiscal Regional Emiliano Arias contra el Fiscal Nacional por la instrucción de un sumario administrativo en su contra a consecuencia de las declaraciones que el primero habría formulado en el contexto de una investigación penal en curso, genera la interrogante sobre los límites de los poderes disciplinarios en una institución que representa mejor que nadie el poder punitivo del Estado y respecto de prácticas que terminaron por transformarse en habituales al interior del Ministerio Público: opinar sobre los asuntos asociados a las investigaciones vigentes, estilo en el que incurrió el propio Abbott en el pasado.

Aunque las hipótesis de ambas situaciones son distintas, porque en el caso de los jueces el sistema reclama la independencia como un estándar de calidad de cualquier democracia en el mundo, en el caso de Arias la situación es algo más compleja. La autonomía del Ministerio Público y su dirección unipersonal, a cargo de una función en donde la independencia interna es limitada, genera que la controversia adquiera dimensiones que pueden afectar la estabilidad institucional. Están en disputa las dos mayores jerarquías de la organización.

Mientras que en la discusión del Juez Urrutia está en juego el valor democrático de la independencia judicial, en el caso de Arias está en riesgo la gobernabilidad del Ministerio Público cualquiera sea el resultado de la acción que él ha emprendido. Irónicamente para lo primero el Derecho tiene buenas soluciones, pero para el segundo no, porque la discusión de la que estamos siendo testigos es sobre la preeminencia de protagonismos individuales, que afectan nada menos que a la política de persecución criminal en nuestro país, algo demasiado sensible como para dejarlo al arbitrio de personalismos.


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