Crédito: Agencia Uno
La Machi en la frontera del gobierno de la Ley

La machi en la frontera del gobierno de la Ley

Los medios de comunicación han seguido la situación judicial de la machi Francisca Linconao, formalizada por su presunta autoría en el homicidio del matrimonio Luchsinger MacKay, a cuyo respecto se decretó prisión preventiva y ahora, luego de una huelga de hambre, más la fuerte arremetida de Parlamentarios, el INDH y grupos de presión, se rebajó dicha cautelar a la de reclusión domiciliaria.

El diputado Gabriel Boric publicó una carta abierta criticando el mérito de la decisión judicial que la mantuvo privada de libertad en un centro de detención, descalificando el proceso que se lleva en su contra y atribuyendo esta situación particular al denominado conflicto mapuche ya que, en su opinión, "su caso es un eslabón más en la cadena de dirigentes y líderes mapuche presos sin pruebas…".

A su turno el Instituto Nacional de Derechos Humanos también emitió una declaración en que expresaba su preocupación por e implícitamente cuestionaba la proporcionalidad de la cautelar y, en una actitud francamente improcedente, mezclaba su caso judicial con recomendaciones de política pública respecto del pueblo mapuche, con lo cual dejó entrever, sin decirlo expresamente, que el asesinato en cuestión sería parcialmente consecuencia de la negligencia del Estado.

Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones respecto de los temas de interés general, pero en un Estado Democrático de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar la ley en los conflictos particulares. Nadie, menos aún quienes ejercen potestades públicas, pueden pretender influir por fuera de los procesos en curso para alterar las decisiones judiciales.

El diputado Boric puede tener su interpretación de las causas y las soluciones de la violencia que se vive en la Región de la Araucanía, tiene todo el derecho a pensar que la ley penal y el sistema procesal deben ser modificados, puede abogar por los cambios que le parezcan convenientes, puede presentar los proyectos de ley que correspondan a iniciativa parlamentaria, pero lo que no puede hacer, en un Estado de Derecho, es pretender influir en las decisiones jurisdiccionales que se adoptan en un proceso específico en plena tramitación.

"Si aceptamos que quienes tienen la facultad de acusar constitucionalmente a los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia cuestionen el mérito de sus resoluciones, entonces la ley pierde todo el valor de seguridad para el ciudadano normal"

Si aceptamos que lo haga, si aceptamos que quienes tienen la facultad de acusar constitucionalmente a los jueces de los Tribunales Superiores de Justicia cuestionen el mérito de sus resoluciones, entonces la ley pierde todo el valor de seguridad para el ciudadano normal.  La Corte rebajó la cautelar de la imputada, los ciudadanos tenemos derecho a preguntarnos si lo hizo autónomamente, por circunstancias propias del proceso, o fue producto de la presión ejercida por el Parlamentario.  Esa duda por si misma debilita nuestra democracia y el Estado de Derecho.

Algo semejante, aunque menos grave, me parece lo obrado por el INDH. En este caso hay dos alternativas: que los Consejeros tengan una opinión propiamente política sobre la violencia en la Región o que tengan una aprehensión fundada sobre el respeto a las garantías de la imputada. Si es lo primero, llevar sus convicciones políticas a un proceso judicial específico es impertinente, en el sentido literal de la expresión.

Si es lo segundo, la machi cuenta con defensa profesional y con todos lo recursos que el sistema provee para resguardar esos derechos. No es competencia del INDH expresar su preocupación por el mérito de las resoluciones adoptadas por los Tribunales Superiores de Justicia.

"Resulta sorprendente el silencio de la Corte Suprema frente a todas estas declaraciones. La independencia de los Tribunales no es simplemente un problema de respeto a sus atribuciones, es un derecho esencial de todos los habitantes de este país"

Por último, resulta sorprendente el silencio de la Corte Suprema frente a todas estas declaraciones. La independencia de los Tribunales no es simplemente un problema de respeto a sus atribuciones, es un derecho esencial de todos los habitantes de este país. Cualquier persona que es llevada a un proceso judicial o es victima de un delitonconao es hoy Chile de hoy. frontera my los padres fundadores de la ley que anhelaron onfiar en que sertodos íctima de un delito debe, al menos, poder confiar en que se hará justicia de acuerdo a la ley vigente y por jueces independientes, de manera que sus decisiones no se vean influidas o determinadas por la opinión de parlamentarios, órganos como el INDH, ONGs, agrupaciones artísticas u opinólogos con alto rating.

La situación de la machi Linconao es de aquellas con constituyen una verdadera frontera que dirime si vivimos bajo el gobierno de la ley, que anhelaron los inspiradores de la democracia liberal representativa, o sencillamente la traspasamos y vale más la capacidad de presión de Diputados como Gabriel Boric. Todo lo ocurrido en los últimos días, lamentablemente, contribuye a ponerlo en duda.


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