Panama Papers: ¿Legal o ético?
Opinión

Panama Papers: ¿Legal o ético?

Indignación ha causado la publicación de información basada en los Panama Papers, documentos confidenciales del bufete de abogados Mossack Fonseca que reveló, entre otras cosas, evasión de impuestos por parte de líderes políticos, empresarios, deportistas y otras personalidades.

Esto ha significado que algunos de los clientes de la firma pierdan sus cargos, aun cuando muchos afirmen no haber hecho, o no hayan hecho, algo ilegal. El problema en varios casos, no es que se hayan cometido delitos, sino que se ha considerado inaceptable que estos líderes hayan buscado formas legales de evadir impuestos.

Esto porque muchos consideran que hay deberes que no se basan en lo que dice o no dice una ley, sino en la responsabilidad que tenemos hacia los demás cuando formamos parte de una misma sociedad.

Las leyes son parte de las reglas que como sociedad acordamos para propiciar la justicia y el bien común, pero no son la única forma de alcanzarlos. Legal no es lo mismo que ético.

La razón para no fumar cerca de otros, es que el humo del tabaco es (molesto y) nocivo para la salud. Ese hecho puede derivar en la creación de una norma sobre ambientes libres de humo, pero no es necesario que exista para que un fumador evite perjudicar a los demás con su hábito. Por otra parte, la inexistencia de una norma así no implica que el humo sea benigno. No por estar permitido algo es necesariamente bueno.

A nivel de planificación del territorio, también existen reglas que buscan generar espacios en los que se favorezca la justicia, la sostenibilidad, la integración, el desarrollo económico, entre otros.

Las normas urbanas y de construcción, que siempre son perfectibles y están en constante revisión, reflejan las decisiones que toma una comunidad sobre el lugar en el que quiere vivir. Asimismo, evidencian las posibilidades y recursos que esa comunidad tiene en un determinado momento. Por esta razón, las normas cambian en el tiempo.

Uno de los instrumentos a través de los cuáles las comunidades toman decisiones respecto al territorio es el plan regulador comunal. Este establece las condiciones de seguridad, higiene y comodidad adecuadas de edificaciones y espacios públicos dentro de una comuna.

Un plan regulador comunal permite determinar aspectos como cuáles serán los usos del suelo(por ejemplo residencial o área verde), la  ubicación de equipamiento (colegios, centros de salud, comercio, etc.) o la altura máxima de las edificaciones.

La ciudadanía exige cada vez más y mejores espacios de participación en la generación de este y otros instrumentos de planificación territorial. Los planes reguladores comunales reflejarán cada vez mejor las aspiraciones que tienen las comunidades respecto a los lugares habitan.

Cuando alguien quiere construir o urbanizar, debe obtener un permiso que asegura que el proyecto que va a ejecutar cumple con las normas vigentes. Así, se respetan las decisiones que se han tomado respecto a un lugar por medio de la planificación.

Como las normas cambian, los permisos de construcción o urbanización permiten mantener las normas que aplican a un proyecto por un período de tiempo determinado. Esto da a quienes construyen la certeza de que podrán ejecutar su proyecto conservando las condiciones con las que se concibió.

Pero como las normas cambian para reflejar los acuerdos de una comunidad o de la sociedad respecto a los lugares que habitan, los permisos que se otorgan tienen un plazo de vigencia. Si las obras para ejecutar el proyecto no se inician dentro de ese plazo, el permiso caduca y quien quiere construir debe solicitar un nuevo permiso, ateniéndose a nuevas normas cuando corresponda.

Los plazos y qué constituye un inicio de obras están definidos en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Un permiso de edificación tiene una vigencia de tres años y una obra se considera iniciada una vez que se realizan los trazados y comienzan las excavaciones.

Hay quienes se aprovechan de estas disposiciones para mantener durante mucho más de tres años las normas que le aplican a un proyecto. Se comienza una excavación y se deja estar, hasta que se cumplan casi tres años, luego se excava un poco más y se para nuevamente por años.

Así se mantienen condiciones durante diez o quince años, mientras que la comunidad va tomando decisiones como cambiar la altura máxima de edificación o proteger una zona por su valor patrimonial. Entonces entran en conflicto la planificación y los derechos adquiridos por los propietarios del proyecto.

Algunos de esos casos se judicializan y se termina decidiendo en tribunales si corresponde o no ejecutar el proyecto con las condiciones originales. A veces, en esas situaciones se cae en una discusión que se preocupa más del texto que fija la norma que en pensar en qué es lo más adecuado y razonable. A veces se le da mucho mayor peso al derecho a la propiedad por sobre los derechos que la comunidad adquiere a través de la planificación.

En esos casos, sería bueno recordar, legal no es lo mismo que ético.


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