Crédito: BBC Mundo
Uber facilitó datos de millones de sus usuarios al gobierno estadounidense
Opinión

Taxis y aplicaciones móviles

La semana pasada hubo un paro nacional de organizaciones de taxis colectivos y básicos para protestar en contra de las plataformas que ofrecen servicios de transporte en autos particulares, como Uber o Cabify.

Quienes defienden el servicio afirman que es más conveniente, cómodo y de mejor calidad. Sus críticos aseveran que las compañías que lo prestan no están compitiendo en igualdad de condiciones.

Varios de quienes apoyan el uso de estas aplicaciones móviles, han argumentado que es necesario adaptarse a las nuevas tecnologías, por lo que debiera permitirse su uso. Pero no por tratarse de una innovación debe estar permitido saltarse reglas que se establecieron pensando en el beneficio de todos.

Cabe recordar que una porción bastante baja de los ciudadanos ocupa este modo de transporte, como notó durante estos días la urbanista experta en movilidad Beatriz Mella. Es importante discutir sobre las diversas alternativas disponibles para el desplazamiento, pero haciendo énfasis en las más usadas y en las que reportan más beneficios (o menos costos) para la sociedad.

Por ejemplo, según la Encuesta Origen Destino de Viajes Santiago 2012, el 1,7% de los viajes en un día laboral se realizan en taxi básico y un 2,9% en taxi colectivo, siendo este último el modo que más se combina con otros. Mientras que la caminata corresponde a un 34,5%, el automóvil a un 25,7% y los servicios que se pagan con tarjeta Bip! (bus y metro) a un 25%.

Las principales críticas al servicio que se provee a través de aplicaciones móviles están relacionadas con las exigencias que deben cumplir conductores y vehículos, además del pago de permisos e impuestos.

La exigencia de licencias de conducir profesionales, seguros o de características específicas de los vehículos se establecen para asegurar el bienestar de los pasajeros, mientras que los permisos para poder prestar el servicio permiten controlar la cantidad de taxis en circulación, reduciendo la congestión y la contaminación ambiental. Estas normas siempre pueden mejorarse, pero su existencia nos favorece a todos, no hay razón para que algunos no las cumplan.

Respecto a los impuestos, hay que distinguir entre lo que le corresponde pagar a la empresa y lo que debe pagar el conductor. Muchas empresas con presencia global establecen sucursales en países donde la regulación les favorece y así evitan pagar impuestos, como es el caso de Uber, según reportó la revista Fortune hace algunos meses.

Como las empresas argumentan que están prestando un servicio tecnológico, consideran a los conductores como trabajadores independientes. Una de las críticas al sistema es que muchos de ellos no estarían pagado impuestos por sus ingresos, pero esto podría fiscalizarse fácilmente si los datos que las aplicaciones recogen, sobre viajes realizados y pagos, se pusiera a disposición de las autoridades.

Considerando que permite mantener las vías en buen estado, fortalecer el transporte público o prestar servicios de salud a quienes se ven afectados por la contaminación ambiental, el pago de impuestos es una parte muy relevante de la discusión.

Un problema que aún no se ha discutido mucho en Chile, pero sí en países donde estas aplicaciones funcionan hace más tiempo, es la organización de los conductores. Si se les considera como independientes y no se crea una instancia en la que puedan agruparse, quedan desprotegidos ante posibles decisiones unilaterales de las empresas, como aumentos de comisiones o reducciones del precio de los viajes.

En cuanto a las ventajas, el uso de estas tecnologías ha permitido llevar servicios a lugares donde la demanda no estaba cubierta y rastrearlo, lo que aumenta la percepción de seguridad. Además se han incorporado facilidades para el pago y los datos que se están generando podrían servir para una mejor toma de decisiones y diseño de políticas públicas.

Especialmente cuando parte de la polémica se debe al descontento con el servicio regular de taxis, las aplicaciones debieran aprovecharse para mejorar la experiencia de los usuarios y la fiscalización de los distintos servicios que existen para desplazarse dentro de la ciudad.

Muchas veces la regulación llega después de la innovación. Este debate deja el desafío de pensar en normas que permitan y fomenten la innovación, pero siempre resguardando el interés de los usuarios y, principalmente, el bien común.

 


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