Crédito: A. Uno
Marchas, capuchas y FFEE: un debate sin altura.

Marchas, capuchas y FFEE: un debate sin altura.

Como un fantasma que no afloja, vuelve a emerger el debate a tres bandas entre el derecho a manifestarse, la violencia en las marchas y el rol de la policía. Es un debate inasible, sin altura, de esos que saltan de un lugar a otro mezclando mañosamente los planos para desoír los argumentos.

Del derecho fundamental de las personas a manifestarse -lo que incluye hoy en día una discusión legítima, necesaria y a veces incómoda sobre los límites de la manifestación callejera en una ciudad diversa y compartida-  se salta rápida y defensivamente a la cuestión de la violencia en las marchas.

Cuando se aborda la creciente cooptación anarco-lumpenesca (cualquier nombre es impreciso pues el fenómeno no ha sido satisfactoriamente explicado) de las manifestaciones y –en ocasiones- el reguero de destrozos que terminan pagando vecinos, municipios deficitarios y pequeños comerciantes (los grandes tienen seguros), la bolita vuelve a saltar, esta vez a la represión ejercida por las fuerzas especiales de Carabineros contra manifestantes pacíficos (es decir: casi todos).

Si se intenta comprender el porqué de ese uso excesivo, arbitrario e ineficaz de la fuerza policial en el marco de las manifestaciones sociales, la discusión volverá a escaparse, esta vez hacia la protección que el Estado debe brindar a Carabineros víctimas de ataques desquiciados. Se preguntarán entonces si ellos no tienen acaso “derechos humanos”, una pregunta falaz, pues evidentemente los tienen y, evidentemente también, no tienen nada que ver con la violencia que contra ellos ejercen delincuentes que nos son –suponemos- agentes del Estado.

Pero en vez de permanecer ahí e intentar aclarar ese punto, el foco vuelve a desplazarse para denunciar que 25 años después del fin de la dictadura, la subordinación no deliberante de los cuerpos armados a las autoridades civiles no es aun un hecho garantizado.

Y así, una y otra vez, se sigue saltando de tema en tema, contrarrestando un argumento no con un contraargumento sino con un cambio de foco, hasta que las ganas de discutir en serio se desvanezcan por otros 3 años.  Así fue –por hablar de años recientes- el 2006, el 2011, el 2013. Así me temo que será también esta vez. 

En esta oportunidad, la lista de quienes que no han estado a la altura de las circunstancias es larga, y transita desde la desidia de algunos a la abierta responsabilidad criminal de otros. 

No han estado a la altura los convocantes a las marchas. Sin ser  responsables directos ni indirectos de los destrozos, la insistencia terca en no dar su brazo a torcer e imponer sus términos respecto a cuándo y dónde es razonable  realizar una marcha es, desgraciadamente, parte del problema. Lo es también la tibieza con que suelen denunciar la violencia encapuchada, que parece más una formalidad previa a criticar la represión policial que las palabras sinceras de una parte interesada.

El movimiento estudiantil pareciera no haber internalizado que son ellos los principales interesados en que la policía efectivamente contribuya –de manera legal, efectiva y responsable- a detener un vandalismo que más allá de los costos materiales, tiene como resultado invariable enajenar las marchas a sus marchantes, desviar la atención de los medios y en definitiva desempoderar a la ciudadanía movilizada y sus organizaciones.

No han estado a la altura la mayor parte de los medios de comunicación, sedientos de imágenes vendedoras de paraderos ardiendo y farmacias saqueadas, exultantes cada vez que los destrozos ocurren en prime time. Su deber es informar y dar cuenta de lo que pasa, pero eso implica también editorializar. Deben decidir si el vandalismo es una información anexa a la noticia principal de una marcha pacífica de cien mil personas, o si las marchas son un mero aperitivo insignificante de la gran noticia de los destrozos.

Los medios tampoco ha sido consistentes en documentar y dar seguimiento a los abusos policiales, ni han hecho un esfuerzo investigativo serio por entender y explicar quiénes son esos encapuchados. ¿Lumpen? ¿Grupos políticos radicalizados? ¿Delincuentes comunes? ¿Oportunistas? ¿Infiltrados? ¿Una mezcla explosiva de todo lo anterior? Todavía no lo sabemos. La última oportunidad desperdiciada la tuvo Informe Especial la semana pasada cuando decidió tratar un tema serio como un infomercial centrado en perfiles humanos.

No han estado a la altura las autoridades políticas, autorizando marchas en horarios insensatos, a la vez que desoyen las denuncias reiteradas de las víctimas. Lo que debió ser una intervención clara e inequívoca tras últimos sucesos, se transformó a la larga en una comedia de equivocaciones y desaciertos que vienen a confirmar el talento que La Moneda ha desarrollado para transformar los problemas de afuera en crisis intra-palaciegas.

No han estado a la altura aquellos parlamentarios –principalmente de la Alianza- que han buscado sacar ventajas menores a través de declaraciones irresponsables, criminalizando las  marchas y organizaciones estudiantiles e incluso –de manera deplorable-  a las propias víctimas, cuestionando el rol del INDH y desconociendo que en Chile  la manifestación callejera ha sido por décadas parte fundamental del ejercicio de la ciudadanía democrática y la conquista de derechos.

Y definitivamente no ha estado a la altura Carabineros de Chile.  Incapaces de proteger a los manifestantes y actuar de manera efectiva contra grupos minoritarios de encapuchados, parecieran haber optado por lo contrario: bajar la guardia ante los últimos y hostilizar a los primeros.

¿Existe  alguna razón para que en 2015 el principal instrumento de control de la violencia en las marchas sea un guanaco? Una tecnología antediluviana, excepcional en los pocos países donde se recurre a ella, que los que marchan tranquilos saben es promesa de peligro –se nos ha informado ya que la visibilidad al interior del carro es limitada- mientras que los que buscan enfrentamientos lo ven como un jugoso mamut que les permite mostrar sus cuestionables habilidades. ¿Hay alguna lógica para que en una era de tantas cámaras como manifestantes, redes sociales y drones, Carabineros intente ocultar información como si estuviéramos en 1984 y bastara con mantener a raya al camarógrafo de Teleanálisis?  ¿O para que a estas alturas actúe como un vocero oficioso de la institución un ex-general que se jacta de haber mejorado las técnicas de represión contra manifestantes… en China?

La obsolescencia de las respuestas y prácticas policiales cuando se trata de manifestaciones es flagrante (otro tema es su accionar en delincuencia común o ante desastres naturales). Pero en esta vuelta, Carabineros no solo se mostró incapaz de contener la violencia sino que, descontento por los cuestionamientos, habría optado por una demostración de brazos caídos en esa nefasta noche del 28 de mayo. ¿Imagina usted una demostración así de bomberos durante el incendio de Valparaíso o de Conaf en los incendios de Conguillío?.  Carabineros falló en sus peritajes, aisló la responsabilidad de sus mandos centrando la atención en el eslabón más débil de la cadena (el ya célebre pitonero), desinformó a la ciudadanía y –lo que es más grave- a las autoridades civiles de las que dependen, endosó la responsabilidad a las víctimas, y –si las versiones de prensa son ciertas- respondió a los cuestionamientos de las autoridades con algo que roza en la insubordinación.

En medio de este panorama desalentador dos actores suben la vara. El Instituto Nacional de Derechos Humanos que a pesar de las amenazas y acusaciones ridículas ha sabido mantener la línea sin echar pie atrás, denunciar lo que hay que denunciar entendiendo que su mandato y responsabilidad es para con los ciudadanos y no las instituciones. Y, sobre todo, la familia de Rodrigo Avilés. En el dolor de estos días –que me cuesta imaginar en toda su dimensión-  no he visto estridencia, ni deseo de venganza, ni reacciones viscerales ante la bajeza de comentarios como los del diputado Hasbún y los que suelen leer en las cloacas de las redes sociales. Solo transparencia,  temple, esperanza y deseo de justicia.

Quizá llegó la hora de ponerse a la altura, de cerrar de una buena vez uno de los bolsones más persistentes de la herencia autoritaria, uno al que la lenta normalización democrática apenas le hizo mella: el de la represión indiscriminada, el de la puesta en duda del derecho a manifestarse y –también- el de la impunidad de una violencia disfrazada de opción política.  Es hora de resolver ese debate tramposo a tres bandas que deja en el medio a una sociedad organizada que no merece como retribución un reguero de  jóvenes heridos, niñas manoseadas, camarógrafos apaleados, ciudadanos hostilizados por motocicletas policiales, carabineros atacados con ácido y un joven que recién tres semanas después vuelve a abrir los ojos en un hospital de Valparaíso.

A él y su familia: #FuerzaRodrigo


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