Crédito: A. Uno
¿Debe extenderse la reforma educacional a los colegios privados?

¿Debe extenderse la reforma educacional a los colegios privados?

En el último tiempo, se ha vuelto habitual asumir que las únicas explicaciones de por qué la prohibición del lucro, la selección y el copago no se extiende a los colegios particulares pagados son de economía política (echarse encima a otro grupo de interés dificultaría aún más la aprobación de la reforma) y/o de hipocresía moral (los parlamentarios y la élite tecnocrática que diseñó la reforma no quieren que los principios de ésta se le apliquen a “sus” hijos).

Si bien la primera de estas razones puede ser aceptada por algunos como una concesión que los ideales deben hacerle a la realidad, se asume- incluso por opositores a la reforma- que, al menos en principio, lo realmente justo sería aplicar la reforma o bien a todos los colegios particulares (subvencionados o pagados), o bien a ninguno. Pero, ¿es esto correcto?

Para contestar es fundamental recordar qué es un colegio particular pagado: un establecimiento donde los padres han renunciado voluntariamente a recibir la subvención estatal educacional que les corresponde (como a cualquier ciudadano), financiando ellos mismos la totalidad del costo del colegio respectivo.

"Se asume que lo realmente justo sería aplicar la reforma o bien a todo los colegios particulares o bien a ninguno. Pero, ¿es esto correcto?"

La renuncia a usar la educación financiada estatalmente se hace, evidentemente, a cambio de una mayor autonomía en las reglas y funcionamiento de estos centros financiados privadamente. Dicho de otro modo, de estar sometidos exactamente a las mismas reglas de admisión de alumnos, de aranceles y de proyecto educativo que colegios particulares subvencionados, ¿qué sentido tendría no recibir la subvención?

Por ende, la idea de colegios particulares está intrínseca y necesariamente atada a la idea de mayor (si bien no absoluta) autonomía educativa respecto a la que tiene la educación financiada públicamente. 

La existencia de colegios privados, pues, pone en marcha una lógica dual: por una parte, un sistema financiado por el Estado y bajo su control directo (educación pública) o indirecto (educación particular subvencionada); y por otra, un sistema autofinanciado y donde el Estado sólo pone reglas mínimas de carácter general.

La diferencia entre ambos es crucial. En el primer sistema, es deber del Estado promover activamente el interés de los niños que ahí se educan y de la sociedad toda, pues se está formando con los recursos que colectivamente hemos puesto para ese fin. Dicha educación debe reflejar y ser fruto de una deliberación pública y colectiva sobre el tipo (o los tipos) de educación que, como sociedad, queremos darnos.

En cambio, en el segundo sistema el Estado le reconoce importantes grados de autonomía a los colegios en virtud de que, como parte plena de la sociedad civil, no son ni agentes ni concesionarios del Estado.

Así las cosas, no hay ninguna línea lógica directa e inquebrantable entre las reformas que se estimen convenientes para la educación particular subvencionada, y aquellas que se debiesen aplicar a la educación particular pagada. Pues una cosa es lo que la sociedad busca promover activamente en el sector educacional bajo su control democrático, y otra es lo que esté justificada en imponerle a colegios financiados autónomamente y por ende parcialmente sustraídos de dicho control. 

"¿Por qué, por ejemplo, no sería suficiente prohibir el lucro en educación con platas públicas, sino que debiera hacerse también con platas que no pertenecen al Estado?"

Por cierto, el fin al lucro y algunas formas de limitación a la selección de alumnos en el proceso de admisión podrían ser consideradas normas básicas y universales, aplicables también a la educación particular. Pero de ser así, el argumento no puede asumirse sino que debe hacerse: ¿por qué, por ejemplo, no sería suficiente prohibir el lucro en educación con platas públicas, sino que debiera hacerse también con platas que no pertenecen al Estado? ¿Por qué los colegios particulares pagados no podrían seleccionar por razones académicas, si dichos colegios no pertenecen al Estado ni son financiados por éste, y si además los padres tienen la opción del sistema público y particular subvencionado (que ya no seleccionaría)?

Deben darse respuestas satisfactorias a estas preguntas si se quiere aplicar estos principios al sector particular pagado. Pues el punto no es que el sector educacional particular pagado esté más allá del brazo de la ley, sino que la distinción entre lo privado y lo público, entre lo financiado colectivamente y lo financiado por particulares es una distinción moral relevante. Por ello, el estándar de prueba que se requiere para usar el poder coercitivo del Estado en este último caso es necesariamente más alto. 

En suma, y sin pronunciarme aquí sobre la conveniencia intrínseca del proyecto que pone fin al copago, el lucro y la selección, me parece que es perfectamente posible sostener fundamentadamente -y no por mero realismo político o cinismo moral- una posición favorable a dicha reforma en la educación particular subvencionada, y negativa en su eventual extensión a la particular pagada.

La distinción entre lo público y lo privado, entre lo que es de todos y lo que es de alguien, traza reglas distintivas de acción estatal y no deja de sorprender que algunos en la derecha parecieran estar olvidándolo.

"Me parece que es perfectamente posible sostener fundamentadamente una posición favorable a dicha reforma en la educación particular subvencionada y negativa en su eventual extensión a la particular pagada."

Por cierto, nada de esto obsta para reconocer que algo está profundamente mal en una sociedad donde la clase alta hace reformas para la clase media, sin ver a sus propios hijos afectados por dichas decisiones.

Pero a no confundirse: ello no es culpa de la educación, sino de nuestra política, de su elitismo, de su clausura social y de su profunda falta de integración social, que la vuelve tuerta en su capacidad de reconocer y de servir eficazmente los intereses y perspectivas de los menos aventajados.


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