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Ley del aborto: un paso adelante en los derechos reproductivos
Opinión

Ley del aborto: un paso adelante en los derechos reproductivos

En Chile, era legal y socialmente aceptado desde 1931 interrumpir un embarazo de manera voluntaria para proteger el derecho a la vida y la salud de las mujeres hasta 1989. Este derecho fue prohibido arbitrariamente durante la dictadura militar, sin consulta ciudadana. Han pasado más de 25 años desde entonces.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Nueva Mayoría, no obliga sino que garantiza derechos, y recoge lo que la ciudadanía – en particular las organizaciones de mujeres, académicas e investigadoras- viene pidiendo hace décadas.

Diversas encuestas desde distintos espacios ideológicos manifiestan el acuerdo mayoritario en relación a las tres causales: riesgo de vida y salud de la mujer, inviabilidad fetal extrauterina y en caso de violación, con un promedio de 65% de aceptación cada una de ellas, siendo una de las “reformas” importantes de este gobierno que cuenta con mayor aprobación ciudadana. (Encuestas de Flacso, UDP, CEP, Humanas, Adimark).

"El proyecto de ley presentado por el Gobierno de la Nueva Mayoría, no obliga sino que garantiza derechos."

Esta demanda ciudadana fue recogida por Miles (ONG pro defensa de los derechos sexuales y reproductivos) transformándose en un proyecto de ley elaborado por profesionales, investigadores y activistas de temas de salud sexual y reproductiva. La legalización de a lo menos estas tres causales de interrupción voluntaria del embarazo es una deuda y tarea pendiente en la construcción de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes.

El proyecto de ley presentado reconoce, en general, que el Estado no puede seguir rehuyendo la situación que viven distintas mujeres y niñas en el país, dado que esto constituye una vulneración a los derechos humanos. Éste es un primer punto que es importante relevar.

Un segundo aspecto es lo que dice relación con la legalización, puesto que muchos plantean que no es necesario legislar ya que existen algunos abortos que se hacen en clínicas privadas y hospitales. Esta idea se afirma en las estadísticas entregadas por el Ministerio de Salud, en particular, las referentes a los egresos hospitalarios por aborto, que en la actualidad llegan a aproximadamente 32.000 anuales. Entonces, si se hacen abortos ¿por qué ellos no son legales? ¿Esto significa entonces que los y las médicas que los hacen deberían ser procesados?

Esto nos lleva a plantear una tercer aspecto, Chile se acostumbró por muchos años a un doble discurso, es decir, lo que dicen las leyes se disocia de lo que practican las personas, cabe recordar el mecanismo llamado “nulidad” que fue utilizado por décadas por miles de parejas para separarse ya que no existía ley de divorcio y esta se demoró alrededor de 100 años en promulgarse.

"Chile se acostumbró por muchos años a un doble discurso, es decir, lo que dicen las leyes se disocia de lo que practican las personas."

Un cuarto aspecto es lo que se refiere a la convivencia social expresada de mala manera como la “tolerancia”. Se trata, a mi juicio, de “respetar en la diferencia”, cuestión que no se practica mucho. Tanto el proyecto de ley, así como la postura de MILES es respetar a quienes por razones religiosas se oponen a la despenalización del aborto, pero nadie tiene el derecho de imponer sus creencias a toda una sociedad democrática, libre y con un Estado laico.

Por último, quisiera referirme a la objeción de conciencia, considerando que el proyecto garantiza derechos, es importante recordar que nuestro Estado es laico y aun cuando la objeción de conciencia supone la regulación de la exención de cumplimiento de una obligación jurídica fundamental, siempre se refiere a una opción personal.

El objetor responde únicamente a dejar a salvo su conciencia, es un acto individual, ya sea por razones religiosas o filosóficas, pero debe cumplir con derivar a la mujer a otro facultativo.


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