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El Congreso o dónde van a morir los proyectos que regulan el financiamiento de campañas
Opinión

El Congreso o dónde van a morir los proyectos que regulan el financiamiento de campañas

Tras el estallido del caso Penta, hemos escuchado a las autoridades de gobierno, a los presidentes de partidos y a los parlamentarios decir que es necesario regular mejor el financiamiento de campañas y, en general, la relación dinero y política. Los vamos a seguir escuchando. 

Y es que el escándalo le ha puesto presión a la clase política en un área en que no ha querido avanzar: desde 2003, año en que se aprobó la ley sobre “Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”, se han presentado siete proyectos para regular mejor las donaciones para campañas (sin contar el enviado por el gobierno en diciembre pasado).  Salvo uno, que no pasó más allá del primer trámite constitucional, el resto ni siquiera se discutió.

Más: hace apenas un mes, cuando la comisión de Constitución del Senado votó el proyecto de ley que reforma el sistema electoral binominal, los senadores Alberto Espina (RN), Hernán Larraín (UDI), Pedro Araya (Ind. NM) y Felipe Harboe (PPD) rechazaron las indicaciones aprobadas inicialmente por la Cámara de Diputados en agosto de 2014, que buscaban transparentar la identidad de los donantes de campañas electorales e impedir que las empresas pudiesen hacer aportes a los candidatos. Sólo Alfonso de Urresti (PS) se abstuvo. De este modo, el tema no alcanzó a ser tratado por la sala del Senado. 

"Se han presentado siete proyectos para regular mejor las donaciones para campañas (sin contar el enviado por el gobierno en diciembre pasado). Salvo uno, que no pasó más allá del primer trámite constitucional, el resto ni siquiera se discutió."

Se perdió así una oportunidad para mejorar la ley sobre “Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral”. En 2003, la iniciativa legalizó el aporte de privados a las campañas por tres vías –aportes públicos (de donantes conocidos), anónimos y reservados–, estableció el aporte estatal (en relación a los votos obtenidos por cada candidato) y fijó un límite de gasto electoral. Fue un avance. Pero diez años después, con casos como el de Penta a la vista, es imperativo regular mejor la relación dinero y política. 

Los senadores que rechazaron la última iniciativa para regular el financiamiento de campaña, no necesariamente se oponen a transparentar la identidad de los donantes o a prohibir las donaciones de las empresas. Argumentaron que era mejor abordar la relación entre política y dinero en un proyecto integral y no mediante indicaciones parciales en la normativa sobre el sistema electoral.

Así sería posible discutir sobre financiamiento de campañas y partidos; aportes privados y públicos; límites y plazos; fiscalización y sanciones, etc. Para eso comprometieron al gobierno de Michelle Bachelet a enviar al Congreso el nuevo proyecto de ley sobre “Fortalecimiento y transparencia de la democracia”, cuestión que se cumplió el 16 de diciembre de 2014.

"El proyecto del gobierno transparenta las donaciones de campaña, impide los aportes de empresas, reduce el límite de gasto electoral y aumenta el financiamiento estatal. Es hora de que el Congreso deje de ser un obstáculo."

Los senadores tienen razón en este punto y sus argumentos parecen sensatos. Pero hay un alto riesgo: en los últimos años el Congreso se ha convertido en un cementerio al que van a morir las iniciativas que buscan regular el financiamiento a las campañas. Así las cosas, lo del Senado fue un frenazo: nunca antes los diputados habían llegado tan lejos en su disposición para transparentar la identidad de quienes donan a las campañas (es decir, de los financistas de sus propias cruzadas electorales y de sus competidores), y menos para terminar con los aportes de empresas, autorizando únicamente las donaciones de personas naturales. Más aún, hay una historia que obliga a ser escépticos. 

De las siete iniciativas para regular las donaciones a campañas presentadas entre 2006 y 2014, seis son mociones parlamentarias y una iniciativa del Ejecutivo. Ninguna llegó lejos:

Noviembre de 2006: Tres diputados de la Concertación presentaron una moción para terminar con los aportes anónimos a campañas electorales, un mecanismo utilizado frecuentemente por personas. La propuesta mantenía los aportes reservados, vía por la que donan las empresas.

El proyecto pasó a la comisión de Gobierno Interior.  

Y nunca más pasó nada. 

- Diciembre de 2006: el primer gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto que, respecto de las campañas, proponía a) Crear un registro de proveedores –empresas y personas naturales- a los que los candidatos tendrían que contratar servicios; b) Eliminar los aportes de empresas; c) Permitir donaciones anónimas solo en el marco de colectas o actividades similares, en una alcancía sellada para ser abierta ante notario; d) Limitar las donaciones anónimas a un máximo de 10% (y no 20%) de la recaudación total del candidato; e) Realizar los aportes públicos ante el Servicio Electoral (y no ante los comandos o partidos); f) Que la reserva fuese obligatoria (y no opcional) siguiendo la lógica de que así se evitaría que el candidato conociera a sus financistas, para evitar presiones. 

¿Qué ocurrió con este proyecto? Fue el que llegó más lejos en su tramitación: En agosto de 2008, se aprobó en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y más tarde se hizo lo propio en general en la sala de la Cámara de Diputados. Pero después su tramitación se detuvo. Hasta diciembre de 2009, el Ejecutivo puso y retiró urgencias.

Y nunca más pasó nada. 

- Junio de 2008: El senador Alejandro Navarro ingresó una moción para eliminar las donaciones anónimas y reservadas, obligando a transparentar la identidad de los donantes, fuesen personas o empresas.

El proyecto ingresó a la comisión de Gobierno del Senado. 

Y nunca más pasó nada. 

- Mayo de 2012: un grupo de 10 diputados de la entonces Concertación planteó: a) Hacer públicos todos los aportes, indicando nombre del donante y monto de la donación; b) Eliminar las donaciones de empresas y de algunas personas naturales: propietarios, ejecutivos o integrantes de directorios de compañías que reciben subsidios o participan en licitaciones; c) Permitir que un candidato rechazara una donación; d) Obligar a transparentar los aportes propios del candidato; e) Castigar con la pérdida del cargo a aquellos parlamentarios electos que sobrepasaran en más de 30% el límite de gasto electoral. 

¿Qué ocurrió con esta propuesta? Fue derivada a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara. 

Y nunca más pasó nada. 

- Marzo de 2013: tres senadores presentaron un proyecto para: a) Fijar el límite al gasto electoral en relación a los electores que hubiesen participado en la elección anterior respectiva y no en función del padrón total; b) Terminar con las donaciones secretas; c) Impedir la asunción del cargo de un candidato que hubiese infringido las normas; e) Aplicar sanción penal (de 61 días a 3 años) a las personas naturales y multas a las empresas que hubiesen incumplido la ley. 

¿Qué ocurrió? El proyecto pasó inmediatamente a la comisión de Gobierno del Senado. 

Y nunca más pasó nada. 

- Mayo de 2013: otro grupo de 10 diputados, esta vez de partidos de la entonces Concertación y la Alianza, propuso eliminar los aportes anónimos y reservados, es decir, terminar con las donaciones secretas de personas naturales y empresas.

De nuevo, el proyecto fue derivado a la comisión de Gobierno Interior de la Cámara. 

Y nunca más pasó nada. 

- Octubre de 2014: el senador Carlos Bianchi ingresó una moción que, aunque escasa en detalles, buscaba eliminar las donaciones de dinero de parte de privados –personas o empresas– a las campañas electorales.

Vale la pena repetir la historia, porque de eso se trata: la propuesta ingresó a la comisión de Gobierno del Senado. 

Y nunca más pasó nada. 

En definitiva, hasta ahora el Congreso no ha tenido voluntad para mejorar la legislación que regula la relación entre el dinero y la política, una cuestión esencial para que el buen funcionamiento del sistema democrático. Y todo en un contexto en que la opinión de la ciudadanía sobre la política está a la baja.

"Después de dos décadas, la confianza en el Congreso está entre las más bajas de América Latina (cayó de 43% a 21% entre 1996 y 2013) y la confianza en los partidos políticos es la más baja de la región (disminuyó de 34% a 15% entre 1996 y 2013)."

En los últimos 25 años, la participación electoral en Chile ha caído a la mitad, de 86% a 44%. Después de dos décadas, la confianza en el Congreso está entre las más bajas de América Latina (cayó de 43% a 21% entre 1996 y 2013) y la confianza en los partidos políticos es la más baja de la región (disminuyó de 34% a 15% entre 1996 y 2013).

Según la Encuesta Auditoría a la Democracia, de 2012, el 80% de los consultados considera que los diputados y los senadores debiesen representar “a todos los chilenos”, pero sólo un 11% considera que cumplen con ese mandato.   

Quien aprecie la política, debiese preocuparse. Es negativo para todos que se instale la idea (muchísimas veces injusta; otras correcta) de que quienes ejercen funciones públicas lo hacen para favorecer intereses particulares antes que motivados por el bien común.

Un nuevo test ha comenzado: el proyecto del gobierno transparenta las donaciones de campaña, impide los aportes de empresas, reduce el límite de gasto electoral, aumenta el financiamiento estatal e incorpora sanciones penales para los parlamentarios que comentan una ilegalidad. Los cambios debiesen estar vigentes para la elección municipal de 2016 y los comicios parlamentarios y presidenciales de 2017.

Todo indica que hasta ahora se ha asentado en el Congreso un consenso respecto de que es necesario transparentar la identidad de los donantes. Pero también parece evidente que entre los parlamentarios hay menos disposición a terminar con los aportes de empresas y permitir únicamente las donaciones de personas naturales. Tampoco está claro si habrá voluntad para sancionar con la pérdida del cargo a quienes llegan a la Cámara o al Senado rompiendo las reglas.

Es hora de que los parlamentarios dejen de ser un obstáculo. No puede ser ésta la hora de los sepultureros. 


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