Antecedentes
El 24 de abril de 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia decidió iniciar un procedimiento en la Corte Internacional de Justicia en contra del Estado de Chile con la intención de que el tribunal internacional ordene a Chile la realización de una negociación efectiva y de buena fe con Bolivia en orden de conceder un acceso soberano al mar dentro de un plazo razonable.
Ese mismo día, Chile fue informado de la acción iniciada por Bolivia. A través de una carta, fechada ese mismo día, Bolivia informó que el embajador Eduardo Rodríguez Veltzé será su agente ante la Corte. Chile, en tanto, en una misiva enviada el 7 de mayo indicó que su agente será el embajador Felipe Bulnes.
Plazos del proceso escrito
Una reunión sostenida el 12 de junio de 2013 entre el presidente de la Corte, Peter Tomka, con los agentes chileno y boliviano (Bulnes y Rodríguez Veltzé, respectivamente) determinó que desde esa fecha, Bolivia tendría un plazo de 10 meses para presentar la memoria de su demanda y que a partir de esa fecha, Chile tendría otros 10 meses para presentar la denominada "contramemoria" con la que responderá a los argumentos planteados por Bolivia en su documento.
Se fijó entonces, como plazo máximo para ambos documentos, el 17 de abril de 2014 para la presentación de la demanda boliviana y el 18 de febrero de 2015 para la contra argumentación chilena. Replica y dúplica Si las partes o la Corte, lo consideran necesario, el proceso podría también contemplar la presentación de nuevos argumentos y antecedentes ante el tribunal internacional. El estado que presenta la demanda debe presentar una réplica, en tanto que el demandante responde con una dúplica. En el caso de la demanda marítima peruana en contra de Chile, la Corte dio plazo de ocho meses para la entrega de los argumentos peruanos y desde esa fecha, ocho más para que Chile diera respuesta a dichos antecedentes.
Objeciones preliminares
Chile tiene la posibilidad de presentar objeciones preliminares respecto de la demanda boliviana cuyo objetivo son rechazar la competencia de la Corte para dictar un fallo. En este caso, se puede argumentar la falta de competencia, debido a los tratados existentes, o bien, que la solicitud del estado demandante es inadmisible.
En caso de que un país presente estas objeciones, se produce la suspensión del proceso y se genera un nuevo litigio para resolver la competencia de la Corte, el que también consta de una fase escrita y una oral. Cuando el proceso termina, la Corte puede aceptar la objeción (que provoca el fin del litigio), rechazarla (cuyo efecto es reanudar el proceso de fondo) o decidir que se resolverá la competencia del tribunal en paralelo al litigio de fondo.
Fase oral
Una vez finalizado el proceso escrito, se da inicio al proceso oral, donde se dan a conocer los argumentos y contra argumentos de cada país. En el caso de Perú contra Chile, la fase oral se inició a casi un año de la entrega de la dúplica chilena. Los argumentos se exponen ante los jueces de La Haya -que posee 15 miembros, de los que sólo votan 14- y además, según el reglamento del tribunal, si alguno de los países envuelto en el litigio no posee jueces de su nacionalidad en la Corte, puede designar un juez ad hoc que también participa de los alegatos y la votación.
En el reciente de caso de la demanda marítima peruana, la fase oral tuvo una duración aproximada de 10 días.
Deliberación
Tras el fin de los alegatos, los jueces proceden a la deliberación, la que se realiza a puertas cerradas. El procedimiento consiste en que en una reunión preliminar, los jueces analizan el proceso y el presidente de la Corte da cuenta de cuáles son los puntos a tener en cuenta en el litigio. Luego, cada juez redacta su consideración sobre el asunto, el que se reparte y comparte con el resto de los magistrados. En una nueva cita, los magistrados realizan un proceso de decisión, y se designa un comité de redacción que debe escribir una sentencia, la que se distribuye a los jueces quienes realizan correcciones al texto.
Tras esos cambios al texto final, se realiza una primera lectura, donde pueden incluirse nuevas correcciones, las que se traducen en una segunda lectura. Luego se realiza una votación para aprobar el texto. Los jueces votan en forma oral, en orden inverso a su antigüedad, no se permiten abstenciones y en caso de igualdad, es la decisión del presidente de la Corte la que zanja el asunto en cuestión. Según el sitio web del tribunal, la decisión tarda entre tres y seis meses una vez concluída la fase oral del juicio. En el caso entre Perú y Chile, sin embargo, la sentencia se comunicó a más de un año del fin de los alegatos. La lectura de la sentencia se realiza en una audiencia pública en el Palacio de la Paz en presencia de la totalidad de los jueces.
