"No hay que dramatizar esa resolución", con esas palabras el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Matte, espera la resolución que el Comité de Ministros adoptará el próximo martes cuando se reúna para analizar el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén.
"Esta es una etapa más de la institucionalidad ambiental", asegura el ejecutivo en entrevista con diario Pulso, y sostiene que "no tiene sentido" especular sobre una resolución que saldrá en cuatro días más.
Larraín explica que en función de la decisión que se tome, "los distintos actores que están participando podrán definir si recurren a la instancia siguiente que es el Tribunal Ambiental". Y destacó que éste fue creado hacia fines del primer gobierno de Michelle Bachelet, y que "precisamente tuvo como propósito completar la institucionalidad ambiental con una instancia especializada que integre en sus decisiones criterios legales, técnicos y científicos".
Consultado sobre si les da confianza que tras esto puedan recurrir a la Corte Suprema –donde la compañía ya ganó una vez–, Larraín sostiene que es "pertinente analizar la tramitación ambiental de HidroAysén a la hora de reflexionar sobre cómo el Estado ha actuado en relación a la institucionalidad ambiental". Asegura que se ha hablado sobre la institucionales y lo que han hecho las empresas, lo que califica como "discusiones legítimas", pero, asegura que "se habla menos, sin embargo, sobre las acciones y omisiones del Estado, que en algunos casos han debilitado fuertemente la institucionalidad ambiental".
En esa línea, sostiene que "una institucionalidad puede ser adecuada, pero puede ser mal administrada" y asegura que así ha sido en "muchas situaciones", donde ejemplifica con el caso de Barrancones y la propia tramitación de Hidroaysén.
"Un proyecto que se ingresa a evaluación ambiental en agosto de 2008, fue sujeto de 4 mil observaciones de 35 servicios públicos durante dos administraciones. Se aprueba en mayo de 2011; se somete a una gran cantidad de recursos judiciales de los cuales el 100% son fallados a favor de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluida la Corte Suprema que la valida. A pesar de todo lo anterior, y teniendo un plazo legal perentorio de 60 días, el Comité de Ministros, después de casi tres años, se reúne y resuelve sólo parcialmente", explica.
Y agrega que "en definitiva, después de casi seis años estamos a cuatro días de que la parte de la institucionalidad que administra el poder ejecutivo, dicte una resolución definitiva. Más allá del sentido de la resolución que se adopte, estos procesos, así como muchos otros de proyectos de distintos tamaños y tecnologías, debiera preocuparnos por el daño que se le infringe a la institucionalidad ambiental".
