La información fue publicada este viernes en la Gaceta Oficial, la que establece que se decretó que “cualquier gestión relativa a la política exterior marítima” sea declarada “en reserva y confidencialidad”.
Hay que destacar que esta decisión gubernamental se toma en un contexto marcado actualmente por la demanda marítima que Bolivia interpuso contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).
De acuerdo al inciso III del artículo 2 del Decreto 2000, “cualquier gestión relativa a la política exterior marítima que sea promovida por autoridades, exautoridades, servidoras y servidores públicos o particulares, deberá respetar el principio de confidencialidad y reserva previsto en el presente artículo”.
Carlos Mesa, portavoz boliviano de la demanda marítima, aclaró que el carácter secreto se aplica específicamente a los funcionarios estatales y no a los medios de prensa.
