Por Sandra Burgos A.
El gerente general de LarrainVial Corredora de Bolsa, Manuel Bulnes, y el gerente de Distribución Institucional de la corredora, Felipe Errázuriz, presentaron ante los tribunales su reclamación a las millonarias multas que les aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros, por su eventual participación en el Caso Cascadas. Ambos ejecutivos fueron multados con UF 200.000 y UF 100.000, respectivamente.
En las 189 páginas de la presentación se puede observar un verdadero vuelco en la estrategia de la defensa de los ejecutivos de la corredora, la cual había optado por un tono pasivo y poco confrontacional con la autoridad. Ahora, en su reclamación, por primera vez califican duramente la actuación de la SVS y la acusan de ser “juez y parte” y de abuso de poder.
Esto marca un nuevo tono en su defensa, la cual en su presentación coincide con parte de la argumentación entregada por Julio Ponce en su reclamación. Por ejemplo, se habla de que no hubo un debido proceso, que la SVS sancionó por hechos distintos a los de la formulación de cargos, que sancionó hechos caducados y que las operaciones fueron hechas a precio de mercado.
Abuso de poder
Uno de los puntos clave de la presentación de Bulnes y Errázuriz radica en que en el proceso sancionatorio imperaron “ostensibles infracciones” al debido proceso, lo que a juicio de ambos da cuenta de un abuso de autoridad.
Argumentan que sus declaraciones ante la SVS fueron obtenidas mediante engaños, ya que los citaron como testigos y luego les formularon cargos. “Una vez que formulamos nuestros descargos, los cuales demostraban en forma contundente la improcedencia de los reproches de que éramos objeto, la SVS, intentando sobreponerse y con la tranquilidad que le otorgaba su doble condición de juez y parte, dirigió todo el procedimiento en función de corroborar, a como diera lugar, su teoría del caso que no era otra que establecer nuestra responsabilidad, revelando una manifiesta animosidad en nuestra contra”.
Asimismo, los ejecutivos acusan a la SVS de haber prohibido presentar ciertos medios de prueba con el fin de orientar el proceso en función del objetivo de condenarlos. “Hemos sido condenados sin ninguna prueba y las presentadas por nosotros fueron groseramente pasadas por alto. Sin duda que así es fácil obtener una condena”, indican.
“Multas destruyen nuestra vida”
Otro de los puntos que destaca en la presentación ingresada el 30 de septiembre en la Corte de Apelaciones, es que los ejecutivos se quejan de haber tenido un trato igual al de los otros sancionados, es decir, que los metieron en un mismo saco. “La SVS nos confunde con el resto de los sancionados, sin considerar que, ni directa ni indirectamente, compramos o vendimos ni una sola acción en las operaciones sancionadas, y que además no ganamos ni un solo peso con motivo de ellas, a diferencia de la inmensa mayoría de otros sancionados”.
En esta línea argumental, destacan su diferencia en cuanto a su calidad de empleados y no empresarios, lo que a su juicio debió ser considerado al momento de fijar las millonarias multas. “Las multas de que somos objeto llegan a valores siderales que destruyen toda nuestra vida familiar y económica presente y futura, omitiendo que no somos empresarios ni personas de fortuna, como algunos de los otros sancionados”, aseveran.
“No ganamos ni un peso”
A lo largo de la presentación, los ejecutivos reiteran que no ganaron ni un peso en ninguna de las transacciones cuestionadas y que su empleadora, Larraín Vial, tan sólo obtuvo el pago de comisiones por $ 110 millones al intermediar las operaciones. Insisten que no tienen relación alguna con el grupo Ponce ni sus sociedades y enfatizan que no son empresarios, sino empleados de una corredora de bolsa.
Caducidad
El tema de la caducidad de las operaciones sancionadas, también forma parte de los argumentos. En el escrito señalan que en la resolución el Superintendente declara haber aplicado el plazo de caducidad de 4 años contemplado en la ley, pero que ello no es efectivo porque los sancionó en base a hechos, antecedentes y operaciones comprendidas en el periodo caducado.
Agregan que visto el procedimiento queda la impresión de que la SVS decidió aplacar eventuales críticas mediáticas o políticas que pudieran haberse levantado, y que para ello decidió valerse de adjetivos, suposiciones y conjeturas para sembrar la sensación pública de que aquí hay algo muy grave, evitando entrar en mayores explicaciones. “En ese orden de ideas, la SVS elabora una construcción teórica de supuestos ilícitos concatenados entre sí que denomina `esquema’ y en la cual, en forma voluntarista, en base a adjetivos y lenguaje efectista, pretende asignarnos un rol que nunca tuvimos ni tampoco se acredita, Sin embargo, ahora, ante un juez imparcial, estamos ciertos que no podrá persistir en este tipo de estrategia”, argumentan en su presentación.
Infracciones al debido proceso
Para avalar que hubo infracción al debido proceso, los multados entregan una serie de antecedentes. Por ejemplo, señalan que antes de la formulación de cargos, la SVS nunca les notificó de que eran objeto de una investigación, lo que afectó su derecho a defensa.
Asimismo, dicen que la SVS siempre los interrogó bajo engaño, señalándoles que prestaban declaración como testigos cuando en realidad eran objeto de una investigación en su contra. Ante ello, piden que se excluyan como pruebas las declaraciones tomadas por la SVS ya que al haber vulnerado sus garantías fundamentales no pueden ser usadas en su contra.
Respecto al esquema, argumentan que es improcedente y “perverso” que el Superintendente justifique las titánicas multas en que no le dieron una explicación alternativa a un supuesto esquema, “que ni siquiera sabemos si existió o no (…) justamente porque no tuvimos nada que ver con dichas decisiones de negocios”.
Respecto a las operaciones, la defensa señala que son transacciones bursátiles totalmente limpias, en contra de las cuales no es posible dirigir reproche alguno y aseguran que los remates cuestionados se ejecutaron a precio de mercado y fueron perfectamente lícitos y armónicos con la práctica habitual del mercado desde la perspectiva de los tiempos de difusión y la cantidad de lotes en que se inscribieron, permitiendo siempre la participación de terceros.
Enfatizan en que la SVS confesó que no alcanzó convicción absoluta respecto de la responsabilidad de Bulnes y Errázuriz en las transacciones sancionadas, pero que pese a ello los condenó, “pese a que por esas circunstancias debió absolvernos”, dice el escrito.
