Contralor advierte preocupación por exclusión de instituciones a la fiscalización

(Foto: Agencia Uno) En cuenta pública de la institución, Ramiro Mendoza ejemplificó con caso de ley de TV Digital que excluía al Consejo Nacional de Televisión, hecho que fue corregido por el Tribunal Constitucional.

Contralor advierte preocupación por exclusión de instituciones a la fiscalización

 

Con la solicitud de que las cuentas públicas entregadas por los órganos de la administración del Estado también sean auditadas, el contralor general de la República, Ramiro Mendoza, inició la cuenta pública de la institución del período 2013.

En su recuento, Mendoza señaló que en materia de auditoría, hubo 939 entidades fiscalizadas, 616 investigaciones especiales finalizadas y 2.637 denuncias y sugerencias de fiscalización ingresadas por el Portal Contraloría y Ciudadano. Según el contralor, "quizás lo que resulta más significativo es que los servicios públicos han subsanado más de 6 mil observaciones que en fiscalizaciones ha formulado Contraloría". A juicio de Mendoza, "hay voluntad de corregir y no vocación de corrupción".

Sin embargo, Ramiro Mendoza advirtió que la principal preocupación de la Contraloría está centrada en la "neoexclusión" del control, término con el que se refirió a la situación " que se asila en una situación mítica que pretende contraponer control con eficiencia, y que termina permitiendo que funcionarios quieran actuar como dueños, con el contenido de decisión del propietario y no con la rendición de cuentas y fiscalización de quien administra lo ajeno en servicio de los demás".

"Diversas argucias jurídicas han vuelto a traer, en plena democracia, la pretensión de exclusión del control que constitucionalmente le corresponde a esta entidad, con la pretensión de reducir el control o derechamente, excluirse del mismo" dijo Mendoza, quien también señaló que "se ha venido construyendo una arquitectura de elusión del régimen propio de la administración del Estado".

En ese sentido, Mendoza citó como ejemplo la ley de TV Digital que disponía en un comienzo la exclusión del Consejo Nacional de Televisión de las normas generales de la administración del Estado, situación que fue corregida por el Tribunal Constitucional.

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