Corte exige a Ministerio de Salud otorgar medicamento para cáncer a paciente afiliada en Isapre

(Foto: Agencia Uno) La resolución del tribunal de alzada determina que el Ministerio de Salud actuó de “forma arbitraria”, al negar la droga Herceptin a la paciente denunciante.

Corte exige a Ministerio de Salud otorgar medicamento para cáncer a paciente afiliada en Isapre

 

Se trata de una paciente afiliada a Isapre, que padece cáncer de mamas. Los ministros de la Corte, acogieron la acción judicial presentada en favor de Pía Prado Martí, a quien se le fue negada la entrega del medicamento Herceptin, utilizado como droga para paliar los fuertes dolores que conlleva esta enfermedad.

La Corte de Apelaciones de Santiago, exigió a la unidad de cáncer del Ministerio de Salud, "en el más breve plazo, suministrar a la recurrente el medicamento", a la paciente que queda excluida por el organismo público, al estar afiliada al sistema privado.

Desde el tribunal explicaron que “el Estado de Chile ha incorporado el cáncer de mama a las patologías cubiertas por el AUGE, con la finalidad que dichas enfermedades, todas en su gran mayoría de carácter graves y de muy alto costo, sean diagnosticadas y tratadas”, aclaran.

Por tanto: “resulta en consecuencia totalmente contrario al espíritu de lo que se ha pretendido –que es preservar las vidas de las personas que las padecen– que se establezcan ciertos y determinados criterios y requisitos por el organismo estatal, de manera de excluir a las personas que, como en el caso de la recurrente no están afiliadas al sistema público de salud, pues ella se encuentra en el sistema privado de salud", sostiene el fallo”, considera el tribunal.

“Esta conducta atenta contra la igualdad ante la ley, pues a ciertas personas se les otorga el financiamiento del medicamento Herceptin, pudiendo eventualmente salvar sus vidas y paliar la dolorosa enfermedad que las aqueja, mientras que a otras enfermas se les niega en definitiva el derecho a la vida, que es absoluto y, por tanto, está al margen de cualquier requisito, condición o establecimiento de normas técnicas y o presupuestarias que pretendan fijar en definitiva prioridades de acceso, todo lo cual importa una discriminación arbitraria que carece de justificación razonable", indica la justicia.

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