Corte Suprema declara ilegales peritajes físicos y sicológicos a imputados por bombazos

El máximo tribunal acogió los recursos presentados por las defensas de los tres imputados, ya que sostuvo que "no existen fundamentos y necesariedad suficientes" para autorizar las diligencias solicitadas.

La Corte Suprema acogió los recursos de amparo presentados por las defensas de Guillermo Durán Méndez, Nataty Casanova Muñoz y Juan Flores Riquelme, imputados por los atentados explosivos en Santiago, y declaró ilegal la realización de peritajes físicos y sicológicos.

En fallos unánimes, la Segunda Sala del máximo tribunal desestimó la determinación del juez del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, René Cerda, que autorizó la realización de estos.

Las resoluciones determinan que "no existen fundamentos y necesariedad suficientes" para autorizar las diligencias solicitadas por el Ministerio Público, las que, en algunos casos, ya han sido realizadas.

"No sólo se infringe la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y aquella que exige específicamente la norma en estudio en torno a la necesariedad de la diligencia pedida para constatar circunstancias relevantes para la investigación, lo que en el caso se hacía aún más patente porque los imputados hicieron presente su derecho a guardar silencio y, sin embargo, se ha querido compelerlos a participar en dos diligencias cuyo objeto es precisamente la acreditación de su participación en un delito", sostienen los fallos.

Y agregan que "se trata de otra diligencia que en sí misma aparece injustificada y contradictoria, puesto que, para ordenar la práctica de exámenes psiquiátricos de un sujeto, es preciso que existan antecedentes que sugieran la presencia de alguna alteración de su condición mental, cuestión que no ha sido justificada de modo alguno por el requirente de examen ni se han explicitado por el juez de garantía las razones que justifiquen proceder con ninguna de las medidas ordenadas".

Asimismo, detallan que "al haberse ordenado la práctica de diligencias intrusivas sin fundamentación alguna y que, en parte, tampoco cumplen las exigencias propias de los preceptos que las regulan, se ha incurrido en una actuación ilegal y a la vez arbitraria, porque se ha procedido sin razón aparente, obrándose fuera del marco constitucional".

"Se trata de una diligencia que ha sido ilegal y arbitraria desde su génesis y, en consecuencia, lo obtenido de ellas, resulta también ilegítimo. En consecuencia, dado que el constituyente ha dotado a estos jueces de la facultad de restablecer el imperio del derecho, se dejará sin efecto la resolución impugnada de 7 de octubre de 2014 y, en consecuencia, se declara la ilegalidad de los resultados obtenidos en las diligencias de registro corporal", concluyen.

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