Claudio Gálvez, defensor regional, cuestionó el proceso en que se determinó prisión preventiva para 16 imputados del caso de corrupción. “Se impuso la continuidad de la audiencia como lo primordial (…) Resultando en una agotadora sesión”, dijo.
El cuestionamiento surge porque, según él, "no se respetó el principal pilar del procedimiento penal, que son los derechos humanos, lo que debe ser conocido en detalle por los superiores jerárquicos de este tribunal".
La jueza de garantía Sara Pizarro impuso una audiencia de control de detención iniciada el martes y que culminó con una maratónica jornada de más de 18 horas.
En este caso fueron detenidos el inhabilitado alcalde de Arica, Waldo Sankán, 6 concejales, y otras 11 personas, entre funcionarios municipales y empresarios.
El Ministerio Público les imputa fraude al fisco, cohecho, lavado de dinero, asociación ilícita y contratación ilegal.
La medida cautelar causó gran impacto en la zona, por involucrar a personas muy conocidas y de diversos ámbitos -muchas de ellas ligadas a autoridades- y por dejar descabezado al concejo municipal.
Gálvez subrayó que las medidas adoptadas por el tribunal se dictaron tras una jornada en que "se impuso la continuidad de la audiencia como lo primordial del procedimiento, resultando en una agotadora sesión, con imputadas ancianas en camilla o desmayadas, además de la imposibilidad práctica de ejercer una defensa apropiada por las difíciles condiciones que se nos entregaron para conocer los 18 tomos del caso”.
"No nos molesta la resolución del Tribunal de Garantía per se. Lo que nos parece inaceptable son las formas en que los defensores fuimos tratados”, destacó.
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