Así lo informó Ciper Chile, y según el documento técnico Nº 17 del organismo –enviado a la Contraloría General de la República el 6 de marzo– la medida afectó a 27 titulares, entre empresas agrícolas y personas naturales.
Agregó que en la lista figura el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma (DC), a quien los vecinos han acusado reiteradamente de usurpación de agua. En 2011, la Dirección Regional de la DGA de Valparaíso denunció ante la justicia la “existencia de un pozo que tendría vestigios de un dren” para captar agua de manera ilegal en su predio. La acusación no pudo ser comprobada, pero Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de su propiedad, fue condenada a pagar 20 UTM por otra infracción al Código de Aguas.
En ella también se encuentra el cuñado de éste, Osvaldo Junemann, propietario de la Sociedad Agrícola Los Graneros y ex director de Palta Hass Chile, multado en 2011 por "extraer agua sin títulos". Además, del ex alcalde de Cabildo, Eduardo Cerda Lecaros (DC), hijo del ex diputado Eduardo Cerda García (DC), cuya sociedad Agrícola Pililén, fue acusada por usurpación de agua.
Sobre la resolución adoptada en los últimos días de gobierno de Sebastián Piñera, Francisco Echeverría –ex director del organismo– explicó que ésta responde a criterios exclusivamente técnicos y no políticos.
Los dirigentes locales tomaron la decisión de la DGA como un pequeño triunfo, pero manifestaron sus dudas sobre si el nuevo gobierno aplicará la medida: "Fue durante los gobiernos de la Concertación cuando se sobre otorgaron las cuencas. No estamos seguros de que ahora ellos sean capaces de tocar a quienes hoy forman parte una vez más del gobierno", dijo Luis Soto, dirigente de MODATIMA (Movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente).
La repartición de agua
Según la investigación de Ciper, la escasez de agua de Petorca no obedece únicamente a la falta de lluvias. "La provincia se ha convertido en una de las víctimas más emblemáticas de la débil y anodina legislación que regula desde hace más de 30 años la gestión de los recursos hídricos en el país", detalló.
Agrícola Cóndor Limitada, sociedad de propiedad del ex secretario de Estado, recibió la mayor tajada en el reparto de derechos de agua entregados de manera excepcional y obtuvo cuatro derechos por un caudal total de 98 lt/seg.
La sociedad fue creada en abril de 2000, un mes antes de que Pérez Yoma dejara el cargo de ministro de Defensa de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Sus dos primeros derechos de agua provisionales fueron entregados en diciembre de 2004, el tercero lo obtuvo en octubre de 2006 y el cuarto en junio de 2007. Siete meses después fue nombrado ministro del Interior en el primer gobierno de Bachelet.
Además, los dos últimos le fueron entregados por la DGA cuando el director de la institución era el abogado Rodrigo Weisner, quien –de acuerdo a la investigación– una vez que dejó su cargo comenzó a actuar en calidad de apoderado y testigo defendiendo al ex secretario de Estado en diversas instancias judiciales.
Pérez Yoma dijo a Ciper que su sociedad también se ha visto golpeada por la sequía y hace tres años debió reorientar su plan de negocios hacia la producción intensiva de tomates, que requieren menos agua. Agregó que en esta nueva etapa productiva, dejaron de utilizar la mayoría de los derechos de agua entregados en carácter de provisionales, por lo que la medida no les afecta en lo inmediato.
Para Echeverría, la entrega de estos derechos fue un error y el estudio técnico de la DGA detalló que la extracción actual “supera ampliamente los caudales sustentables determinados para cada acuífero” y que su uso causa perjuicio a los derechos de aprovechamiento ya constituidos en La Ligua y Petorca.
Al respecto, el ex secretario de Estado dijo no tener mayor conocimiento, y detalló que la instancia gremial que reúne a algunos productores de la zona está estudiando acciones legales para revertir la resolución. "Lo curioso es que hace un año y medio la DGA dijo exactamente lo contrario, es decir, que los derechos provisionales no estaban afectando al acuífero, que no existían datos que lo confirmaran. Ahora emite una opinión completamente distinta. Son dos opiniones contrapuestas emitidas por la misma institución. Si este estudio es serio, está bien hecho y se demuestra que la situación es efectiva, bueno, habrá que acatarlo".
