El ministerio de Hacienda publicó ayer en el Diario Oficial el Decreto N°892 que establece las bases de la política fiscal para la administración de la presidenta Michelle Bachelet, en el que se compromete a un desempeño fiscal responsable y a converger al balance estructural en 2018.
Así lo informó hoy el ministerio, que detalló que éste fue publicado en línea con lo dispuesto por la Ley N°20.128 de Responsabilidad Fiscal, y luego de que la Contraloría General de la República tomara razón del mismo.
La cartera, que encabeza Alberto Arenas, explicó a través de un comunicado que el decreto sostiene que la política fiscal tendrá por "objetivo contribuir a la estabilidad macroeconómica del país y a proveer de manera eficiente y eficaz bienes públicos que incrementen las oportunidades y la protección social de los ciudadanos".
Asimismo, ésta "garantizará un desempeño fiscal responsable, manteniendo la acción del Estado sobre bases financieras sólidas y sostenibles en el tiempo". Y pondrá énfasis en "la prudencia presupuestaria y en el manejo responsable de la deuda pública y de los activos financieros del Tesoro Público, así como en el uso eficiente de los recursos públicos y en la transparencia y rendición de cuentas de los mismos".
La política fiscal, precisó el decreto, ratifica "su compromiso con el concepto de balance estructural, excluyendo el efecto cíclico sobre las finanzas públicas de las fluctuaciones de la actividad económica, del precio del cobre y de otros factores de similar naturaleza".
Sobre la meta de balance estructural asegura que considerando la situación de déficit fiscal con que terminó la administración anterior, la actual "se ha fijado como meta fiscal converger gradualmente a una situación de balance estructural en 2018, equivalente a cero por ciento del Producto Interno Bruto anual".
Sin embargo, explicita que "esta meta es condicional a la oportuna aprobación e implementación del proyecto de ley de reforma tributaria", que actualmente está en trámite en la comisión de Hacienda del Senado, la que "generará los ingresos fiscales necesarios para cumplir con la pre citada convergencia".
Por último, el ministerio explicó que como una forma de garantizar la transparencia y el uso eficiente de los recursos, "se profundizará la evaluación de calidad y el impacto público de los programas y de los proyectos de inversión, a la vez que se privilegiará el uso de indicadores de desempeño y balances de gestión". Así como también, "se continuarán perfeccionando los mecanismos de información sobre la gestión y la rendición de cuentas ante la ciudadanía".
