El 29 de marzo de 1985 seis agentes de la dictadura secuestraron y asesinaron a José Manuel Parada (sociólogo y funcionario de la Vicaría de la Solidaridad), Santiago Nattino (pintor y publicista) y Manuel Guerrero (dirigente gremial de los profesores). De ellos, cinco fueron enjuiciados y sentenciados a presidio perpetuo, por los delitos de secuestro con homicidio, robo con intimidación y asociación ilícita.
Pero hoy, dos de esos reos, José Fuentes Castro y Guillermo González Betancourt–internos en la cárcel de Punta Peuco-, reciben beneficios que les otorgan libertad por 15 horas diarias.
Una publicación de El Mostrador señala los hechos y consigna que desde 2012 se les comenzó a entregar este tipo de beneficios; en primera instancia con una salida dominical, que luego se extendió al fin de semana y, en 2013, a 40 años del golpe militar y justo en la época en que Sebastián Piñera anunciaría el cierre del penal Cordillera, el beneficio pasó a ser diario.
Los familiares de las víctimas se enteraron recién el fin de semana y su primera reacción fue, por cierto, la indignación.
Javiera Parada, vocera de la campaña “Marca tu voto” e hija de José Manuel Parada, declaró a Radio Bío Bío que los permisos otorgados a Fuentes y González atacan a la sociedad chilena en su conjunto y no solo a las familias de las víctimas, pues se vulnera la ley.
Por su parte, Manuel Guerrero Antequera, hijo de otra de las víctimas en el caso, expresó en Radio Cooperativa que “esta es una bofetada no solo a los familiares, sino que a las propias víctimas de cientos y cientos de familias que veían en este caso una luz de esperanza que alguna vez se pudiera alcanzar justicia en Chile”.
Parada y Guerrero se habían reunido desde 2013 con la ministra de Justicia, con quien habían llegado a acuerdos para restringir beneficios a los condenados. Respecto de eso, Parada agregó que se habría “mentido a nosotros como familiares o Gendarmería ha estado ocultando información a la Ministra de Justicia”.
