¿DE QUÉ SE TRATA EL CONFLICTO?
No hay una sola demanda en el conflicto portuario, lo que complejiza la negociación y la solución del problema.
En el caso de San Antonio, los trabajadores exigen el pago retroactivo -desde 2005- de treinta minutos de su horario de colación, que hasta ahora es descontado de sus sueldos como tiempo no trabajado.
En Valparaíso, mientras, se exige al gobierno el mismo pago, pero del período correspondiente a 2009-2013. Este puerto interpondrá una demanda al Estado por sus responsabilidades fiscalizadoras en el asunto, y sus sindicatos marchan hoy en apoyo de sus colegas.
Los trabajadores de Mejillones, por su parte, reclaman mejoras laborales (igualdad de condiciones para personal fijo y eventual) en el marco de una negociación colectiva, que según declaraciones de Matías Laso, gerente general de la empresa Ultraport, no tiene nada que ver con la media hora retroactiva exigida en los otros puertos.
¿CUÁNTOS PUERTOS ESTÁN PARALIZADOS?
En total son 15 los puertos que están en paro, aunque en el caso de Angamos –de Mejillones- cuatro de los cinco sindicatos ya han vuelto a funcionar.
Mejillones ya acumula 25 días de paro.En el puerto de San Antonio, en tanto, la huelga ya se encuentra en su día 14. Desde este martes, también se sumaron los siete puertos del Bío Bío, que se habían bajado de la movilización, pero volvieron en apoyo a sus compañeros de Mejillones.
Además se sumó Puerto Montt, por lo que el total de puertos en paro es cercano al 80% del país.
¿QUIÉNES SE HAN VISTO AFECTADOS POR EL PARO?
Los principales sectores dañados por el conflicto son los frutícolas y forestales, que estiman pérdidas acumuladas por más de US$ 100 millones, sobre todo considerando que la época elegida por los portuarios para movilizarse coincide con la de mayores exportaciones de fruta.
Por otro lado, se han visto afectadas las exportaciones de cobre, específicamente de Codelco, puesto que 20 mil toneladas del metal rojo no han sido embarcadas, lo que le supondría US$ 130 millones en pérdidas a la cuprífera estatal.
¿QUÉ HA HECHO EL GOBIERNO?
Otra de las complejidades del conflicto portuario, es que como los puertos están concesionados, el conflicto es entre los sindicatos y empresas. Sin embargo, el paro afecta a sectores productivos importantes para la economía nacional, lo que ha obligado al gobierno a intervenir.
Si bien el ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, se reunió la semana pasada con los gremios exportadores y sindicatos portuarios, lo que parecía llegar a un acuerdo no prosperó, principalmente, por el apoyo de los trabajadores a sus pares de Mejillones.
Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Mayol, se ha reunido con los exportadores de frutas para analizar las pérdidas que causaría el conflicto y tranquilizarlos sobre la decisión de gobierno de mediar, para buscar una solución.
Sin embargo, según informa La Tercera, La Moneda habría tomado la decisión de retomar el diálogo una vez finalicen los paros y asegurando que el rol del Estado es solamente el de garantizar seguridad.
El ministro Jobet afirma que, una vez se depongan los paros, se invitará a una mesa negociadora a todos los actores, en la que no se excluirá ningún tema.
¿CÓMO HAN REACCIONADO LOS PRIVADOS?
Ultraport -perteneciente al Grupo Ultramar de la familia Von Appen- controla 20 puertos en el litoral nacional, siendo Angamos de Mejillones su mayor dolor de cabeza. La compañía se mantiene hermética ante el sindicato de su puerto y señaló que “quienes han optado por la violencia no nos verán en una mesa de trabajo ni tripartita, sino en los tribunales”.
Por su parte, la empresa concesionaria San Antonio Terminal Internacional S.A (STI) esta semana –con apoyo del gobierno- tuvo que "recurrir a la fuerza pública para reiniciar las operaciones del terminal, restablecer la normalidad de sus servicios y evitar que el paro ilegal convocado por un grupo de trabajadores tenga consecuencias graves para sus clientes, para quienes dependen de la actividad y para el país", como informaron mediante un comunicado.
A su vez, el ministro Mayol señaló que se evaluará la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado si alguno de los gremios exportadores lo requiere.
¿POSIBLES SOLUCIONES?
En este momento, resulta difícil prever el desenlace del conflicto, pues ambas partes se han mantenido firmes en sus declaraciones, las que, por cierto, se contraponen.
Todos los actores involucrados dicen querer dialogar, aunque los trabajadores preferirían hacerlo antes de deponer el paro para así llegar a un buen término.
Sin embargo, el gobierno y las empresas han reiterado que para sentarse a conversar es imperante que primero finalicen las manifestaciones de los trabajadores.
