Hace un año que el Ministerio de Agricultura discutía la incorporación de perros bravíos o asilvestrados, quienes son dañinos para pequeños ganaderos (según la cartera, 57 mil cabezas de ganado ovino son atacadas al año) y para la fauna silvestre, que sufre por los ataques de estos animales sin dueño. El nuevo reglamento establece que cualquier perro que esté a más de 400 metros de una vivienda o de un asentamiento humano puede ser cazado.
Para los movimientos que han luchado por la ley de tenencia responsable y que lleva años en el Congreso sin aprobarse, la ambigüedad de la normativa es de alto riesgo para la totalidad de los perros abandonados o con dueños, pero libres.
Básicamente porque el Estado deja la eliminación de estos animales en privados, lo que posibilita decisiones arbitrarias y escasa fiscalización sobre los métodos y las especies que serán cazadas. Además, las organizaciones consideran que el reglamento debe ir acompañado de un rol más activo del Estado en generar las normas que castigue el abandono de perros que, según dicen, es la causa principal de que hoy existan manadas de perros bravíos.
Las organizaciones además critican que la caza es una forma "extrema y cruel" de dar muerte a los animales. Que deberían buscarse mecanismos alternativos para impedir que muchos animales agonicen o sufran más de lo debido, en especial por no haber mecanismo de fiscalización de la actividad.
La decisión de la cartera dirigida por Luis Mayol se basa en el daño a los ecosistemas afectados por los perros asilvestrados. La norma permitirá cazar a estos perros entre las regiones de Coquimbo y Magallanes.
