"Este proyecto busca impedir que los abusos a los consumidores lleguen a ser un buen negocio en Chile". Con estas palabras la presidenta Michelle Bachelet anunció el envío del proyecto de ley de Fortalecimiento del Sernac y Asociaciones de Consumidores, con lo que dio cumplimiento a la medida 49 de los 50 compromisos para los primeros 100 días.
"Urgen mejorar los mecanismos con el que el sector público se hace cargo de esta tarea" ya que "lamentablemente los abusos, los engaños, la falta de transparencia y la letra chica son parte de la vida cotidiana de millones de chilenos", dijo.
La iniciativa busca crear "una institucionalidad más eficaz, y que garantice a los consumidores que cuentan con reglas claras y contundentes para su defensa" y "mejora las posibilidades de emprender acciones individuales y colectivas cuando las personas deseen defenderse frente a un abuso" para lo que se establecieron una serie de puntos claves:
1. Mayores facultades
Según la mandataria el proyecto dotará al Sernac de las facultades que le permitan "cumplir su cometido de manera eficaz" dándole facultades que hoy no tiene como fiscalizar, sancionar, interpretar la ley y dictar normas de carácter general.
En cuanto a la fiscalización, detalló que el organismo podrá "disponer del auxilio de la fuerza pública si es necesario". Mientras que en el caso de las sanciones, éstas se determinarán en un "procedimiento administrativo con todos los derechos y garantías de un debido proceso" para que así pueda "dar lugar a la aplicación de multas, con la devolución de dinero que no debieron cobrarse".
2. Mediaciones colectivas
Además, Bachelet destacó como punto importante mejorar la facultad del Sernac para conducir mediaciones colectivas.
3. Reforzar independencia
En este aspecto, el proyecto establece un estatuto para el nombramiento y la remoción de su director nacional, incluso "más riguroso", recalcó la presidenta, que el que se utiliza para el Fiscal Económico.
4. Resolver infracciones
La iniciativa contempla que las denuncias por infracciones a la ley del consumidor sean resueltas por el Sernac, y que las acciones de indemnización cuando hay perjuicio sean de competencia de los Tribunales Civiles. Con esto, se busca "garantizar a los consumidores que, tengan o no la posibilidad de ir al tribunal, de que va a haber una respuesta rápida y transparente a su problema", explicó.
Lo anterior considerando que si bien hoy los consumidores pueden denunciar y demandar a una empresas en el juzgado de Policía Local competente si no quedan conforme con la mediación del Sernac, sin embargo, esta "no es la mejor instancia", dijo Bachelet, ya que estos juzgados tienen una alta carga de trabajo y "para un ciudadano común, sin asistencia jurídica, acudir puede ser engorroso y caro".
5. Aumentar las multas
"Hoy los montos no son suficientes para evitar posibles infracciones, ni tampoco se condicen en la mayoría de los casos con la gravedad del atropello o el perjuicio", aseguró la mandataria. Por eso, el proyecto contempla aumentar las multas. Hoy la multa más alta de 1.000 UTM, unos $42 millones, para los casos de publicidad engañosa que terminen por afectar la salud, la seguridad del consumidor o el medio ambiente. "Vamos a triplicar el monto máximo de esta multa. En algunos casos las aumentamos al doble, en otras a diez veces", detalló.
6. Indemnizaciones por daño moral
Bachelet resaltó que este proyecto elimina también "las restricciones que impiden una reparación íntegra de los daños causado al interés colectivo de los consumidores, permitiendo por ejemplo las indemnizaciones por daño moral".
7. Apoyo a las organizaciones civiles
"Más allá de lo que puede y debe hacer el Estado, la promoción y defensa de los derechos de los consumidores es más efectiva cuando las propias personas organizadas hacen oír su voz", sostuvo la mandataria, quien destacó que este proyecto fue elaborado junta a las asociaciones de consumidores, por lo que "potencia el rol esencial el rol que ellas cumplen". Para ello, se aumentarán los recursos del fondo concursable para la representación y defensa de los intereses de los consumidores.
