Los cambios a la Ley Antiterrorista que analiza la comisión asesora creada por el gobierno

(Foto: A. Uno) El grupo, integrado por ocho abogados, ya comenzó a redactar el informe con las recomendaciones que entregará al gobierno.

Los cambios a la Ley Antiterrorista que analiza la comisión asesora creada por el gobierno

 

Tras más de 30 reuniones con diversos actores, la comisión asesora que revisa la Ley Antiterrorista ya comenzó a redactar el informe con las recomendaciones que entregará al gobierno.

El grupo, integrado por ocho abogados, han coincidido en distintos puntos, según adelantó el diario La Tercera.

Organizaciones ilícitas

Uno de los abogados que integran el panel sostuvo que uno de los principales consensos es que los delitos terroristas deben ser imputados a organizaciones ilícitas. "Tiene que ser algo serio, no tres o cuatro jóvenes que hagan una bomba casera y la pongan en una puerta. Eso se puede ver con la legislación común", explicó.

Por su parte, el abogado Javier Couso, miembro de la comisión, adelantó que se analiza modificar el concepto de "asociación ilícita terrorista", que apunta a condenar a grupos, y no a personas. Sin embargo, este punto ha generado debate al interior del panel.

Intencionalidad subjetiva

Otro elemento clave es la modificación de la actual ley que sanciona la intencionalidad subjetiva de "producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie". Al respecto, las fuentes detallaron que se planea cambiar la normativa por situaciones objetivas que puedan ser sancionadas por los tribunales, como probar que el delito tuvo una "finalidad política" o que exista la intención de causar "extorsión a la autoridad".

Couso ya había adelantado que la poca definición del término terrorismo en el país era uno de los puntos más complejos.

Penas accesorias

Otro punto que revisan los expertos es la pertinencia de aplicar penas accesorias a condenados por terrorismo. Considerando que hasta ahora, la ley los inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos, trabajar en establecimientos de educación, en medios de comunicación o en ser dirigentes de organizaciones, lo que -de acuerdo a los expertos- se contradice con los pactos internacionales firmados por Chile.

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