El obispo Héctor Vargas, presidente del área de Educación de la Conferencia Episcopal, se refirió en un comunicado al proyecto de ley que se discutirá en el Congreso, entregando la visión de la Iglesia en torno a un fin que dicen apoyar: mejorar la educación chilena.
Recién el domingo, en la polémica entrevista de Nicolás Eyzaguirre publicada por El Mercurio, el ministro señaló con énfasis que “a la Iglesia Católica le preocupan dos temas. Uno es la propiedad de algunos inmuebles que pertenecen a una congregación y se arriendan a la fundación educativa. No observo problemas en permitir esa operación: que los sostenedores sin fines de lucro puedan arrendar el inmueble a un tercero de la misma índole. Esta solución puede extenderse a todo el sistema.”
“El otro problema que preocupa a la Iglesia es la selección. Este, sin embargo, es un objetivo intransable. No podemos permitir que se haga el escrutinio de la vida familiar para admitir o no a un niño a la escuela”, indicó Eyzaguirre.
Sin embargo, la Iglesia entregó su propia postura y propuestas con relación a varios temas de la reforma educacional:
1 Sostenedores / Administradores
La reforma propondría cambiar la figura de los sostenedores de establecimientos educacionales por el de “administradores de la subvención”. Para la iglesia la duda surge sobre el nuevo rol de estas personas, pues no les queda claro si pasarán a ser funcionarios públicos, y de serlo lo interpretan como un “modelo de gestión económica pública en establecimientos particulares”, lo que pondría límites a la disponibilidad de recursos.
2 Descuentos o negación de subvenciones
La iglesia pide una revisión al castigo mensual propuesto a escuelas donde se encuentren infracciones. Creen que no está bien definido el procedimiento para definir el descuento o la negación completa de la subvención.
3 Superintendencia de Educación
Esta entidad, señalan, debiese tener una reglamentación clara en tanto supervisará y sancionará a los establecimientos. En este punto creen que se generaría un “dilema ético” en cuanto a la confiscación de recursos, por tanto se debieran regular las multas, su graduación y las instancias de apelación.
4 Calidad
La Iglesia dice extrañar propuestas “que favorezcan el crecimiento en la calidad” de la educación particular subvencionada. Esto, en relación directa con el logro de objetivos pedagógicos, curriculares, de docencia y de otros profesionales.
5 Financiamiento de la gratuidad
En este punto las críticas son más duras pues señalan que, del actual proyecto, no se deduce que el Estado vaya a asegurar la plena gratuidad y una mejora en la calidad, sino montos de subvención que consideran insuficientes.
Según cálculos de la misma Conferencia Episcopal, unas 250 mil familias de clase media y pobre se verían afectadas con el cierre de establecimientos o la conversión de éstos en pagados.
6 Retribución a la gestión
Otro tema en conflicto es el futuro de las fundaciones sostenedoras de colegios, pues -de acuerdo al documento- si no son dueñas de la propiedad en la que operan deberán comprarla. El desacuerdo pasa por las retribuciones a los sostenedores en contra de hacer las instituciones sin fines de lucro.
7 Admisión de alumnos y libertad de enseñanza
La Iglesia busca mantener el sistema de selección de alumnos, mientras el Gobierno desea terminar con él. Señalan que cada colegio “es distinto a todos los demás”, en tanto experiencias educativas, acentos curriculares, ambientes, e incluso los valores y principios que se inculcan.
De todas formas, aseguran que sí se debiese eliminar la discriminación “por razones socioeconómicas, de rendimiento y condición familiar”.
8 Nuevos colegios
Ante una eventual prohibición de nuevos establecimientos particulares subvencionados en sectores con matrículas disponibles, la Iglesia plantea un total rechazo, alegando con los casos hipotéticos de instituciones de prestigio o colegios que presenten diversidad en cuanto a los existentes.
