Por Sandra Radic
Anoche todos se sintieron triunfadores. Tras la firma del protocolo de entendimiento en torno al proyecto de Reforma Tributaria, la tensión cedió paso a las palabras de buena crianza tanto por parte de los parlamentarios como de las autoridades de gobierno.
El ministro de Hacienda, Alberto Arenas consiguió un acuerdo amplio que involucró a los dos principales partidos opositores, la UDI y Renovación Nacional. Era justamente esta la principal condición para que la Reforma Tributaria ganara legitimidad no sólo entre los círculos políticos, sino también en la opinión pública en general.
Ya lo había hecho ver el ex ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, la semana pasada ante la Comisión de Hacienda del Senado cuando dijo que la forma en que se aprobara este proyecto iba a marcar la pauta para el resto de las reformas estructurales que el gobierno de Michelle Bachelet tiene en carpeta.
Más allá del acuerdo político, Arenas consiguió subir los impuestos y que los senadores suscribieran la idea de recaudar 3% del PIB que se supone deberían significar unos US$ 8.200 millones de recursos extras para el Fisco a contar de 2018.
Pero si bien esto es cierto, también lo es que tuvo que dejar caer tres ideas cardinales del proyecto que ideó su equipo: la primera es que el país no pasará a tributar sobre base atribuida, sino que mantendrá el sistema de base percibida, o sea, se paga impuestos por lo ingresos ganados; el cual coexistirá con el de renta atribuida. Por este último se entiende que el contribuyente paga por las utilidades que se generan en el año, las haya o no retirado de la empresa.
La segunda idea que ya no corre es la obligación de retener el 10% de las utilidades por parte de las sociedades a nombre del accionista.
Y por último, las mayores atribuciones del Servicio de Impuestos Internos que levantaron una ola de críticas por considerarlas “abusivas” e incluso inconstitucionales, ahora puede ejercerlas siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos.
En suma, el proyecto de ley se modificó y no en temas menores, lo que era evidente tras las 99 presentaciones que hicieron ex ministros de Hacienda, ex presidentes del Banco Central, economistas, grupos de interés y de opinión. Todos ellos- con escasas excepciones- generaron dudas razonables sobre la viabilidad del proyecto.
Al fin de cuentas, todo es negociable
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber, señaló anoche: “Había un proyecto de reforma tributaria que había que apoyar y que había que perfeccionar”.
De ahí nace la satisfacción que demostraron ayer los senadores. A diferencia de las otras reformas tributarias que se han realizado en democracia, esta es la primera vez que la discusión y negociación se lleva a cabo durante la discusión parlamentaria.
Todas las demás eran acordadas previamente y se llegaba con un paquete prácticamente cerrado, lo que coartaba el juego de piernas de los parlamentarios. Un buen número de senadores de oposición también mira de manera positiva el acuerdo. En términos de opinión pública, la UDI y RN aparecen ayudando a modificar, lo inmodificable y dan una imagen de fuerza, pese a que sus votos son numéricamente irrelevantes en la sala.
Así lo dijo el senador Juan Antonio Coloma (UDI): “Chile necesita espacios de entendimiento. Nosotros no éramos partidarios del proyecto en la forma original como se planteó (…) quiero ser franco no tenemos los votos para cambiar la reforma tributaria, pero sí la voluntad para mejorarla y plantearla de forma más positiva”.
Y también los senadores oficialistas estaban contentos ayer porque si bien mantuvieron su apoyo a la Reforma Tributaria, este apoyo no fue sordo, ciego y mudo.
Lo que viene ahora es la redacción de las numerosas indicaciones que se tendrán que hacer al proyecto, las cuales serán redactadas por una comisión integrada por representantes de cada uno de las partes que suscribieron el protocolo. La condición es que el proyecto debe estar aprobado en agosto en el Senado.
