Por Luis Concha
El caso de las renunciados gobernadores de Ñuble, Antofagasta y Chiloé y del delegado provincial de Santiago, ha reabierto el tema de la prolijidad en las nominaciones a los cargos públicos realizadas por la actual administración. El hecho ya le costó con anterioridad al nuevo gobierno la renuncia de tres subsecretarios designados: Claudia Peirano (Educación), Hugo Lara (Agricultura) y Miguel Moreno (Bienes Nacionales). Ya sea por declaraciones, denuncias en su contra o acceso a beneficios sociales, dichos personeros fueron objeto de cuestionamientos públicos que derivaron en su salida del gobierno. ¿Qué puntos hay que tener cuenta a la hora de designar autoridades? Aunque no hay manuales ni recetas de cómo nominar cargos públicos, las últimas experiencias gubernamentales y diversos expertos en materias de transparencia y miembros de equipos de instalación de administraciones anteriores, entregan algunas luces:
La entrevista
Es considerada el primer paso y una de las claves para cualquier designación. Una conversación a fondo con el candidato es la mejor forma de conocer la idoneidad de una futura autoridad, como también sus debilidades y posibles focos de conflicto. Se debe preparar un buen cuestionario, que permita recoger información de todo tipo para reconocer puntos débiles y posibles flancos de cuestionamiento político. En último término se debe apelar a la cercanía y la lealtad. Que la persona escogida reconozca y/o confiese los episodios de historia política o personal, por las cuales puede ser objeto de críticas.
Revisión de datos
La información recogida en la entrevista nunca será suficiente. Los datos deben ser chequeados y las herramientas tecnológicas actuales, permiten obtener datos suficientes respecto de las personas: información comercial (deudas), situación judicial (querellas, demandas), historia personal (redes sociales, buscadores, etc.). También están disponibles en las bases de datos de sitios de gobierno, los beneficiarios de programas sociales -becas, créditos, recursos, bonos-. Todo puede resultar más fácil si la persona escogida ya ha sido autoridad y se le ha sometido a este tipo de controles. También hay información de inteligencia disponible.
En los casos recientes, las bases de datos del Ministerio de Desarrollo Social podrían haber dado luces sobre la situación de la gobernadora de Chiloé, Claudia Placencio, respecto de su puntaje en la Ficha de Protección Social. Lo mismo en el caso del renunciado subsecretario de Bienes Nacionales, donde un chequeo de las causas en la página del Poder Judicial habría dado cuenta de la querella que le costó su salida del nuevo gobierno. Otro caso emblemático fue el de la ex subsecretaria de Educación designada, Claudia Peirano, donde una simple búsqueda de su nombre en buscadores y redes sociales, entrega información de sus dichos anteriores acerca del lucro en la Educación, hecho por el que en definitiva los estudiantes presionaron para que fuera removida del cargo.
En este punto, se deben extremar los recursos, incluso recurriendo a declaraciones anteriores o posiciones en materias de importancia para el gobierno, de manera de asegurar que la autoridad a nominar será inmune a la crítica política o a factores que puedan poner en duda su designación. Lo recomendable es la conformación de un equipo de selección y chequeo que actuen como "head hunters" para las nominar los cargos de las nuevas administraciones.
¿Puede tomar decisiones?
Aunque hay opiniones divididas en este punto, el conflicto de interés no es, en si mismo, un motivo suficiente para destituir a una autoridad designada. En muchos casos, especialmente en cargos sectoriales, los candidatos han trabajado en el área para la que son escogidos como autoridad y tienen relaciones y contactos en el sector. Lo importante es establecer y comunicar una estrategia clara de inhabilidad: en qué casos la autoridad deberá abstenerse de tomar decisiones y en cuáles podrá participar. Si resulta que la la persona escogida puede participar muy poco en la toma de decisiones, es recomendable que no asuma el cargo para el que fue seleccionado.
Fallas imperdonables
Independiente de cualquier consideración, hay temas que la opinión pública no pasa por alto. En esa categoría caen las sospechas o denuncias en temas de género y familia (pensiones alimenticias impagas, violencia intrafamiliar, etc.) En tales materias es mejor dar la batalla por perdida y asumir el costo de remover a la autoridad o dar pie atrás en caso de que ésta ya haya sido designada. Lo mismo sucede en casos en que se falta a la fe pública o existen dudas sobre el uso de recursos fiscales.
El "fuego amigo"
Un factor importante a la hora de escoger a una autoridad, también tiene que ver con qué tipo de personas a las que se vincula, cuál es el grupo político al que pertenece, cuáles son sus enemigos políticos y en definitiva, cuál será el costo de designar a tal o cual persona en un determinado cargo o de removerlo. En muchas oportunidades es precisamente el "fuego amigo" la raíz de los cuestionamientos surgidos a las autoridades designadas. Nominar a un determinado personero, significa vincular sus redes con la autoridad central, pero también hacerse cargo de sus conflictos y enfrentar a sus rivales políticos.
Oídos atentos
Lo ideal es que el nombre de la nueva autoridad sea "a prueba de balas" e incuestionable, sin embargo, se debe prestar atención a los comentarios de la ciudadanía, quienes pueden entregar nuevos datos o denuncias, que la información del aparato estatal o la obtenida por los equipos encargados de las designaciones hayan pasado por alto. En ese sentido apuntaban los dichos del ministro vocero Alvaro Elizalde, quien dijo que el gobierno está abierto a la información que pueda entregar la ciudadanía. Frases de ese tipo, además, traspasan la responsabilidad por las nominaciones.
Rapidez en la decisión
La incertidumbre genera ruido. Mientras más tiempo se mantenga la indecisión respecto del nombramiento, hay más posibilidades de que a la autoridad escogida se le cuestione públicamente. La decisión debe ser rápida. Si se optó por revisar los antecedentes y atender el escrutinio público, se debe ocupar el menor tiempo posible en resolver. Se trata de una decisión política y por ende, tanto si se opta por confirmar en el cargo como por pedir la renuncia, la opción tendrá consecuencias.
